El plazo toca a su fin: 59 municipios de la región cuentan hasta junio para elaborar un plan de emergencias para la prevención y extinción de incendios forestales en su territorio, según exige el decreto Infoma aprobado por el Gobierno regional en junio de 2017. Los Ayuntamientos afectados se encuentran situados en zonas de alto riesgo de incendio, sobre todo en el oeste de la región, y la factura de aplicar la medida correrá a su cargo. Muchos se han rebelado, debido a que no cuentan con los medios ni económicos ni materiales. Además, consideran que la Comunidad de Madrid les está endosando una competencia que no es suya.
Todos ellos, excepto seis están por debajo de los 20.000 habitantes y en nueve viven menos de 100 personas. Los protocolos a desarrollar deben incluir la estructura organizativa y los procedimientos para la respuesta municipal inicial en emergencias por incendios forestales, la organización de grupos locales para prevención y primera intervención o poner en marcha medidas de autoprotección de núcleos urbanos y edificaciones.
La Federación Madrileña de Municipios (FMM) se ha sumado a las protestas, al interpretar que el decreto Infoma traspasa a las corporaciones locales unas obligaciones que no les corresponden y son “claramente impropias”. Y en la Asamblea de Madrid se ha aprobado una proposición no de ley (PNL) -no vinculante- a instancias del PSOE para que el Gobierno regional exima a los municipios de menos de 20.000 de la obligatoriedad de desarrollar y gestionar dichos planes.
El diputado socialista José Luis García mantiene que “la elaboración del plan supone un coste muy elevado para arcas municipales, sobre todo las actuaciones que conlleva su puesta en marcha y mantenimiento”. Todo ello teniendo en cuenta “las dificultades económicas por las que atraviesan los ayuntamientos, que les hacen prácticamente imposible asumir una nueva obligación, que no les corresponde legalmente”. El parlamentario cree que la responsable de asumir dichas tareas es la Comunidad de Madrid "como ha sido siempre"
El presidente de la FMM, Guillermo Hita, mantuvo una reunión el 21 de marzo con el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, Carlos Novillo, en la que este le informó de que tenían intención de ampliar el plazo entre 12 y 15 meses para cumplir con el decreto. La FMM le recordó que siguen a la espera de recibir el informe que la Comunidad de Madrid se comprometió a solicitar a la Abogacía del Estado con el fin de dilucidar sobre quien recaen las competencias. Ante la situación, la FMM va a pedir a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que solicite otra valoración al respecto al Consejo Nacional de Protección Civil.
La diputada del PP, María Begoña García Martín, defendió en el debate de la aprobación de la PNL del PSOE que “la elaboración de un plan no implica que el organismo se responsabilice de la resolución íntegra de la emergencia, solo se prepara adecuadamente para dicha eventualidad”. Recordó que la Comunidad de Madrid ha ofrecido apoyo a los municipios con la realización del análisis de riesgos, una guía básica para la elaboración de los planes, la revisión del documento una vez elaborado y la tramitación de una asistencia técnica para ayudar a los municipios de menos de 5.000 habitantes (39 municipios de los 59 afectados). Estos últimos son los que “más problemas van a tener”, reconoció. También se ha propuesto la posibilidad de modificación del Plan de Desarrollo Rural para incorporar medidas de financiación en las actuaciones que estén incluidas en los planes municipales ante emergencias por incendios forestales.
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