Infraestructuras deficientes y escasez de personal, los principales reproches.
Mercedes Álvarez es una de las dos enfermeras de la residencia pública de ancianos de San Fernando de Henares que, cada mañana, atiende 120 usuarios internos, la mayoría de ellos con grado III de dependencia, el mayor de todos. «Es una gran responsabilidad», explica, «y una presión insoportable», añade, sobre la gran carga de trabajo. «Tuve que tomar antidepresivos», revela Álvarez, quien confiesa que abandonó su trabajo en medicina interna en un hospital por «amor a los mayores».
«La residencia se cae a trozos. Huele a pis, está todo sucio, roto, hay goteras en el comedor y bichos. Hemos visto cucarachas y ratas porque no hay ningún tipo de aislamiento», relata. Desde la falta de higiene a las condiciones de las instalaciones del centro, Álvarez denuncia que «las peores condiciones son para los abuelos. El aparato de la tensión apenas funciona, faltan sábanas y pañales, las tomas de oxígeno y de vacío están rotas», relata esta enfermera.
Con precedentes como los sufridos el pasado año en las residencias de Alcorcón y Arganda del Rey, donde tres internos fallecieron en circunstancias que investiga la Justicia, usuarios, familiares y trabajadores de las residencias públicas de mayores de la Comunidad de Madrid llevan meses interponiendo denuncias tanto a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como a la Consejería de Políticas Sociales y Familia.
«Hay negligencias por todos lados. Hemos estado mucho tiempo sin calefacción en invierno y sin aire acondicionado en verano. Trabajamos en condiciones indignas», afirma Álvarez con cierto tono de resignación mientras comenta que, «cuando salieron a la luz los accidentes de Arganda, en mi residencia se asustaron porque saben que puede pasar algo en cualquier momento». Además, asegura que, al igual que en otros centros, «pasan muchas más cosas, pero todo se tapa».
Consciente de la existencia de incidencias, la Consejería anunció el pasado mes de octubre la puesta en marcha del Plan de Residencias 2017-2020, con una inversión de 30 millones de euros para, entre otras cuestiones, contratar a 1.000 nuevos trabajadores. Según una portavoz de la Consejería que dirige Carlos Izquierdo, ya se han puesto en marcha algunas de sus medidas, como la referente al «incremento de 10 millones de euros para aumento de plantilla en el ejercicio 2018». Para la residencia de San Fernando de Henares, en concreto, «la inversión asciende a 97.000 euros y ya se han comenzado a subsanar los problemas del edificio», asegura.
"Un cóctel molotov"
Los sindicatos coinciden en que el mayor obstáculo al que hacen frente las residencias públicas es el déficit de profesionales. «El personal es completamente insuficiente, te dejas cosas sin hacer y usuarios sin atender porque no da tiempo», lamenta Álvarez, que explica que los fines de semana y festivos no hay ningún médico en la residencia y que además llevan un mes sin fisioterapeuta. Esta situación ya fue denunciada en otras residencias como Arganda, Goya o Alcorcón. «Si tienes poco personal, no lo tratas bien y le pagas mal, es un cóctel molotov», añade.
Jaime del Campo Gómez, uno de los usuarios a los que atiende a diario Mercedes, ha redactado una carta de reclamación a la que ha tenido acceso EL MUNDO y en la que describe las condiciones del centro y la repercusión directa en la calidad de la atención asistencial. Este interno asegura que la escasez de personal provoca que «cuando se llama para que acuda la auxiliar pasan hasta 25 minutos de espera». Asimismo, señala «la carencia de motivación de los residentes que permanecen desatendidos en el hall, donde llegan a estar mañana y tarde sentados en las sillas de ruedas mirándose los unos a los otros».
María Oberhuber, miembro de la Junta Directiva de la Plataforma por la Dignidad de los Mayores en Residencias (Pladigmare), asegura que recogen muchas quejas por la falta de medios higiénicos básicos como los pañales. «Los ancianos sufren continuas infecciones de orina porque no les cambian los pañales, te los encuentras empapados», señala.
Desde la Plataforma de Familiares de la Residencia de Alcorcón, su portavoz, Luis de Miguel, argumenta que «cuando se deja de atender a una personas con necesidades primarias su dignidad se pierde», señala. «Eso es maltrato», sentencia.
Según la Comunidad de Madrid, las 25 residencias públicas de la Agencia Madrileña de Atención Social acogen a 6.258 usuarios y disponen de 2.746 puestos de trabajadores sanitarios. Recesvinto Valiente, enfermero en la Residencia de Goya y responsable de Residencias Públicas en el Sindicato de Enfermería Satse Madrid asegura que esta dinámica de trabajo es un patrón que se repite en la mayoría de los centros públicos de la región. «Trabajo precario, con mucha presión asistencial y pocos profesionales para satisfacer la demanda», resume Recesvinto sobre las condiciones laborales. «La movilidad que hay en el AMAS es muy alta, por ejemplo yo soy el único de seis enfermeros con contrato fijo. Las condiciones laborales son deplorables», dice Valiente.
Asimismo, la secretaria de Servicios Sociales del Sindicato Unión Profesional CSIT, Belén del Pozo, asegura que «las plantillas están muy necesitadas porque las condiciones laborales que tienen los trabajadores sociales son mucho peores que las que tienen en Sanidad».
Plan de inversiones
Desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad señalan que, en lo que va de año, de las 102 reclamaciones de familiares y usuarios que han recibido, «la gran mayoría se refieren a quejas de la comida o no conformidad con los horarios del servicio, es decir, quejas de tipo administrativo». Además, destacan que «cada usuario puede poner más de una reclamación».
La Consejería anunció en el mes de febrero la creación de unos nuevos Comités de Ética Asistenciales en las Residencias y Centros de Día de mayores, en los que el consejero dejaba fuera de su composición a la representación de los familiares. En aquella ocasión, y ante las 21 incidencias registradas por la Consejería desde enero de 2018, Carlos Izquierdo aseguró que «las residencias de mayores están funcionando bien».
En el Plan de Inversiones 2018 presentado el pasado mes de febrero, se aprobó la inversión de 65 millones de euros para la mejora de las residencias y centros sociales públicos, «la mayor inversión para la dependencia hecha hasta la fecha», según señalan fuentes de la Comunidad.
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