A los conductores de ambulancia también les llegan cartas de despido en plena crisis sanitaria. Es el caso de Óscar y Juan Carlos, trabajadores en una empresa madrileña del sector, que achacan la rescisión de contrato a sus reiteradas reclamaciones de condiciones de trabajo seguras durante la pandemia.
En una entrevista a Efe, ambos conductores sostienen que la empresa para la que trabajan -que atiende grandes hospitales de Madrid y del sureste de la Comunidad- no cumple la normativa de protección en el traslado de pacientes con sospecha o confirmación de coronavirus, y han sido sus denuncias ante la Inspección de la Consejería de Sanidad las que han derivado en dos expedientes sancionadores y finalmente, despido.
No es esta la opinión de la empresa madrileña. En la carta entregada a los trabajadores se argumenta que se trata de "despidos disciplinarios" por entender que ambos han incurrido en "desobediencia a los superiores", "transgresión de la buena fe contractual" e "incumplimiento de deberes de convivencia".
Asunto estos que el Estatuto de los Trabajadores y el convenio del sector de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia considera faltas "muy graves" con suspensión de empleo y sueldo de 11 días a 45 y despido.
Óscar, 42 años, doce en el sector de las ambulancias, explica a Efe que el pasado 16 de marzo fue "obligado" por sus superiores a recoger a un enfermo con sospecha de coronavirus en la planta hospitalaria en la que estaba alojado y trasladarlo a la ambulancia, servicio que habitualmente realizan los celadores.
Este conductor, ahora tramitando la prestación de desempleo en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), subraya que no se negó a hacer este traslado pero sí dejó claro que carecía de medios para protegerse por lo que la posibilidad de contagio era muy alta, e hizo la pertinente denuncia en Inspección de Trabajo. Veinticuatro horas más tarde la empresa le notificó la primera sanción.
Óscar, casado y padre de tres hijos, se enfrenta por primera vez al paro pero no está dispuesto a cejar en la pelea y confía en un juicio que dentro de unos meses resolverá si su supuesta actitud ante la empresa está justificada como causa de despido.
El pasado 28 de marzo, 14 días después de decretarse el estado de alarma, el BOE publicó el decreto ley en el que se prohibían los despidos por fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en los que la empresa alegue que la causa de estos problemas es la crisis del coronavirus o las restricciones a la movilidad en vigor.
Por eso y con esta normativa publicada, Juan Carlos, 36 años, técnico de emergencias sanitarias y cinco años de conductor de ambulancias, considera que la empresa opta por el despido disciplinario "para que sea viable en este momento".
Pero la causa real, subraya, es que "llevamos meses denunciando las irregularidades" de la contrata, que en tiempos de la crisis se han hecho evidentes y peligrosas para sus trabajadores.
"Nos dicen que arrimemos el hombro y optimicemos el material y eso supone que los monos, que no son reutilizables, los lavemos con lejía y les sigamos dando uso hasta que se rompa", explica.
"Mientras el mono no se rompa se reutiliza, puede ser el mismo toda la semana. Es vergonzoso", asevera.
Pero no solo el mono deja de ser desechable, la falta de material de protección es una constante así como la "obligación" sobrevenida de desinfectar personalmente la ambulancia, para lo que no están preparados ni les corresponde, asegura.
Juan Carlos comenta que la empresa les han llegado a sugerir que pidan guantes y mascarillas en el hospital al que van a recoger los pacientes y así se evitan comprar material.
Este conductor asegura que la empresa se dota de material con las donaciones de los hospitales porque no hay facturas de compra. "No gastan nada, la última provisión vino del hospital de Henares que les dio material de forma gratuita".
Pese a que, como delegados sindicales que son, llevan denunciando esto desde el inicio de la pandemia, "nada ha cambiado", dicen, y la contrata cuenta ya con 40 bajas médicas por posibles contagios.
Tanto Juan Carlos como Óscar admiten que el despido "lo veían venir", más cuando en marzo les llegó el expediente sancionador, pero coinciden en que quieren poner sobre la mesa los riesgos que asume el colectivo al que pertenecen, especialmente en este momento de estado de alarma.
Y recuerdan que, un día sí y otro también, han pedido a la consejería de Sanidad que enviara a inspectores para corroborar las "irregularidades".
Ante esas peticiones, la consejería les envió una carta en la que argumenta que "no parece adecuado, en estos momentos, trasladar inspectores de unos espacios físicos asistenciales a otros incrementando el riesgo de contagio de los pacientes, población de riesgo y los propios trabajadores de inspección".
Por ello, dicen en la carta, "las inspecciones se están limitando a aquellas circunstancias en que su realización incrementa las expectativas de sobrevivir o la mejora de la salud pública, aparcando aquellas otras en las que el riego es mayor que el posible beneficio".
Y en esa línea, la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la consejería de Sanidad dice que "comprendiendo las enormes dificultades" que atraviesan los que "luchan en primera línea", apela a los trabajadores a "colaboración activa" con la empresa.
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