La Asociación Vecinal San Fernando de Henares propone reconocer los 40 años de Ayuntamientos democráticos, para ello ha propuesto un Manifiesto a los grupos municipales que pueda ser leído y aprobado en el próximo pleno municipal del mes de abril, al celebrarse el 3 de abril de este año ese 40 aniversario.
MANIFIESTO 40 AÑOS DE AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS
Hace ahora 40 años que se constituyeron los primeros Ayuntamientos
democráticos en este país, una vez restablecidas las libertades en nuestro país
y tras la aprobación de la Constitución por el pueblo español.
1. Rendimos nuestro homenaje a los electos locales
desde 1979
Queremos en primer lugar rendir un público reconocimiento de agradecimiento
por su dedicación y espíritu cívico y democrático a aquellos Concejales y
Concejalas, que en precario, de forma desinteresada, pero con gran imaginación
e ilusión pusieron en marcha
unas Instituciones, los Ayuntamientos, que han resultado trascendentales
para garantizar la solidez, en su primeros pasos, de nuestra Constitución y de
nuestra Democracia. De aquella gestión de las primeras Corporaciones
democráticas ha quedado una huella imborrable, una impronta de proximidad, de
modernización, de impulso de los valores cívicos de participación ciudadana, de
sinergia con aquellos representantes del movimiento vecinal, de afán en la calidad
de los servicios públicos y de una concepción de los derechos y de las
políticas sociales, que sin duda han orientado la evolución de los
Ayuntamientos hasta la actual configuración que conocemos en nuestros días.
Nuestro reconocimiento se extiende a cuantos hombres y mujeres, de
manera ejemplar y democrática, han desempeñado, en estos 40 años, en los más de
ocho mil pueblos y ciudades de España, la muy noble tarea de representación
ciudadana y de abnegado ejercicio de la función de Concejal.
2. Sin duda los Ayuntamientos españoles han sido un
pilar fundamental, una auténtica red para el crecimiento, consolidación y
desarrollo de nuestra Democracia.
Ahora que se abren nuevas esperanzas para la política territorial y para
el futuro de la España plural, es preciso reconocer el papel vertebrador, de
respeto a la pluralidad, de integración ciudadana, y de cohesión, que han
desempeñado en estos 40 años los Ayuntamientos en la estructura solidaria de la
España de las Autonomías.
Los Ayuntamientos han significado además un motor de cambio y de
desarrollo. Han sido la gran palanca para superar atrasos atávicos, y se han
revelado como modelos de gestión modernos, de Administraciones eficaces,
desarrollando una cultura favorable al necesario papel de lo público, a una
nueva concepción de los servicios públicos, a una nueva
organización de la Democracia y de la Gobernanza, abriendo nuevas
fronteras y desafíos, no sólo en defensa del medio ambiente o de la cultura,
sino definiendo día a día una nueva concepción de la ciudadanía, basada en el
protagonismo democrático, y en la universalización de los servicios sociales
básicos concebidos como nuevos derechos.
Muchas veces han sido los Ayuntamientos la auténtica vanguardia de la
evolución española del desarrollo urbano y rural, de una nueva cultura, de la
aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación a la
gestión y a la relación con los ciudadanos, de la Gobernanza, entendida como
una nueva gestión con los ciudadanos de lo público, desde la coordinación, el
diálogo y la sinergia. Llevando a niveles de participación ciudadana muchas de
las decisiones que marcan el camino de los propios Consistorios.
3. Los Ayuntamientos son la fuerza de Europa
Hoy más que nunca podemos afirmar que los poderes locales son también la
fuerza de Europa. Nuestros Ayuntamientos como los de toda Europa, han tenido
una responsabilidad en la inspiración de la legislación y políticas europeas,
su aplicación y control, definiendo nuevos objetivos y enfoques de las
políticas regionales o de cohesión y en las políticas de empleo.
El año 2019 marca un nuevo reto para la Unión Europea. Los ciudadanos de
27 países de la Unión Europea elegirán en mayo un Parlamento común.
En este momento es preciso reconocer que los Ayuntamientos españoles han
contribuido de manera determinante también, a los procesos de integración
europea, a la integración de España en Europa y de Europa en España.
Desde 1978 la política territorial de la democracia se ha concentrado
básicamente en la construcción del Estado de las Autonomías. Ahora, en el nuevo
siglo, la política territorial debe dar respuesta a los nuevos horizontes del
poder territorial y de su financiación.
España no puede ser ajena a una realidad cada vez más creciente en Europa:
se está produciendo un proceso de devolución de poderes hacia lo local que es
necesario potenciar. La urbanización es generalizada y creciente en el planeta.
La ciudad recobra protagonismo como escenario y espacio de la política, en la
organización de la democracia y en la solución y respuesta, desde la proximidad
a las nuevas necesidades de la humanidad. Las redes de ciudades están en
progresiva expansión configurando de forma inexorable nuevas alternativas en la
construcción europea y en la articulación, desarrollo y vertebración de España.
El desarrollo del Poder territorial desde el punto de vista competencial
es hoy, en una parte importante, competencia de las Comunidades Autónomas.
Algunos elementos de la financiación también. Pero no se puede desconocer que
el Estado tiene, asimismo, su propia competencia en la regulación de los
modelos de financiación autonómica y local, en la ordenación de las Bases del
Régimen Local y en la descentralización de la gestión de determinados servicios
y competencias.
La apuesta por las ciudades y las áreas de influencia urbana, por la
convergencia entre los grandes y los pequeños municipios y por el desarrollo
rural son no sólo una necesidad de nuestros días, sino también nuestro
compromiso político de cohesión para garantizar la
igualdad de todos los españoles en las condiciones de vida y en el
acceso a los servicios públicos esenciales.
4. Los problemas de los Ayuntamientos de hoy
En España no se ha desarrollado sustancialmente la vieja reivindicación
del municipalismo formulada como “Pacto Local”. Los gobiernos conservadores
utilizaron retóricamente esta expresión, pero a la hora de la verdad han
bloqueado cualquier expectativa de profundización en el acercamiento de poder a
los ciudadanos, limitándose mas allá de la grandilocuencia a acordar reformas
en el ámbito de las Bases del Régimen Local y en el Electoral de alcance muy limitado
e insuficiente.
La realidad española del peso de los Ayuntamientos en el gasto público
total, pone de manifiesto que la situación es de un retroceso considerable.
Falta un marco regulador nuevo de la financiación local que garantice la
suficiencia financiera de los Ayuntamientos, es decir, más recursos para
prestar mejores servicios públicos a los ciudadanos. Con la reforma de la Ley
de Haciendas Locales del año 2013, se ha perdido una ocasión histórica de
abordar esta cuestión en serio, porque los Ayuntamientos pierden ingresos
económicos y la Ley produce más desigualdad entre los ciudadanos según el lugar
en que habiten.
En estos últimos años se ha producido una asfixia económica de las
Corporaciones Locales, una deficiente dotación de las partidas destinadas a
subvencionar el transporte público urbano, la no compensación de los beneficios
fiscales en tributos locales concedidos por el Estado, la disminución del
Programa de Cooperación Económica Local tan necesario para los pequeños
municipios.
La Financiación Local es insuficiente y está mal planteada. La situación
se caracteriza por generar graves incertidumbres y asfixia económica.
Discriminación en contra de los municipios pequeños y congelación del Plan de
Cooperación Local, por parte del Estado.
Se sustraen recursos y competencias a los Ayuntamientos a favor de la
Comunidad Autónoma cuando ésta no tiene ni la capacidad de ejecutar los
servicios, ni la cercanía al ciudadano en aras de servicios de calidad.
Los Ayuntamientos no han obtenido en los últimos años, por transferencia
o reforma legislativa nuevas competencias. Además está el reto de acercar
fórmulas de participación y decisión hacia la ciudadanía, hacia las personas.
5. El futuro de los Ayuntamientos ante los nuevos
tiempos de Europa
Los poderes locales juegan un papel particular en la resolución de los
desafíos de nuestro tiempo. En efecto, contribuyen de manera determinante al
proceso de integración europea asumiendo numerosas tareas en la base misma de
la Unión Europea, garantizando, de esta
manera, el buen funcionamiento de la sociedad europea.
Sin los poderes locales, las políticas comunitarias no se ejecutarán
correctamente. Su acción multiplica los objetivos de las políticas comunes y
los adapta a las realidades locales.
Los electos locales deben implicarse en asociar a los ciudadanos en sus
acciones políticas locales, en defender los intereses de sus territorios
siempre teniendo en cuenta su diversidad cultural.
A fin de poder continuar cumpliendo sus tareas esenciales al servicio de
los ciudadanos, los poderes locales deben beneficiarse de una financiación
apropiada a la misión confiada por la Unión Europea y por los Estados miembros.
La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han señalado recientemente
la importancia de los poderes locales en el proceso de integración europea; el
Parlamento, en particular, en su resolución titulada “Papel de los poderes
regionales y locales en la construcción
europea”.
Los electos locales y regionales deben felicitarse por el hecho de que
la Convención sobre el futuro de Europa haya reconocido en su proyecto de
Constitución el papel de los poderes locales mediante:
El respeto de la autonomía local y regional.
La referencia explícita a los municipios y a las regiones en
la aplicación del principio de subsidiariedad en el ámbito europeo.
La obligación de consulta a las asociaciones representativas
en el proceso legislativo.
La implicación del Comité de las Regiones en el proceso de
control de la aplicación del principio de subsidiariedad y el otorgamiento del
derecho de recurso ante la Corte de Justicia para la defensa de sus
prerrogativas.
Las próximas Elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo serán sin
duda una gran ocasión para implicar más a los Ayuntamientos en la construcción
de una Europa más próxima a los ciudadanos, contribuyendo así no sólo a la
integración de los 27 países miembros, sino también al cambio en favor de la
Europa de los ciudadanos y de la paz, y a la integración de nuevos ciudadanos
que buscan en Europa una forma de vida, un futuro y un bienestar social que no
encuentran en sus países de origen.
6. Un amplio acuerdo para un nuevo Gobierno Local: Más
recursos y Competencias
Nuestro compromiso es ampliar las fronteras de la participación de
todos, construyendo un nuevo Gobierno Local capaz de centrar sus prioridades de
actuación en la seguridad, en el empleo, en el apoyo a las iniciativas de los
emprendedores y trabajadores autónomos, en la ayuda a las familias, en el acceso a la vivienda, en las prestaciones
sociales básicas para todos, en la defensa del medio ambiente, en mejorar las
condiciones de la ordenación del territorio, de la movilidad, del transporte
público y de la habitabilidad.
El futuro es de la ciudadanía. Desde la promulgación de la Constitución,
los municipios españoles, con el esfuerzo de todos han cubierto, no obstante,
el período más fructífero de su historia; pero hoy tras años de vigencia de la
Ley de Bases del Régimen Local es preciso adaptar la realidad normativa
municipal al marco asentado del Estado de las Autonomías; es la hora de
producir el encaje de las ciudades y los pueblos en la España de las
Autonomías, desarrollando y definiendo los nuevos horizontes de Gobierno Local,
son necesarias reformas ambiciosas, más competencias para Ayuntamientos más competentes,
y con más recursos para prestar mejores servicios, lo que también significan un
nuevo modelo de Financiación Local.
Las reformas necesarias llevan implícito un nuevo planteamiento de
traspaso de competencias en favor de las Corporaciones Locales en materias
tales como seguridad ciudadana, justicia local o de proximidad, empleo,
vivienda, cultura, educación, desarrollo sostenible, participación ciudadana, derechos
sociales y prestaciones básicas de servicios sociales, integración social de
inmigrantes, así como la estimulación e impulso de Planes concertados entre las
tres Administraciones Públicas.
Esta política debe realizarse de manera armonizada y coordinada,
mediante un Acuerdo, de un lado, entre los Grupos Parlamentarios, el Gobierno y
la FEMP y, de otro, entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. Y debe ser
desarrollada en el ámbito de cada Comunidad Autónoma.
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