EL CASO PLAZA DE ESPAÑA Y EL NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL
EL CASO PLAZA DE ESPAÑA VARADO POR EL INMOVILISMO DEL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO
***
Se va a cumplir casi un año desde las últimas elecciones municipales que han traído la composición de una coalición de gobierno entre PSOE y CIUDADANOS, para conformar una mayoría absoluta que permita afrontar con alguna garantía iniciativas de gestión enquistadas hace mucho tiempo al contar con el apoyo de ambos grupos necesario para poder acometer cualquiera de los proyectos sin estar condicionados por las zancadillas de los grupos de la oposición. Que en este caso, además, está constituida por una constelación de siglas resultante de la atomización del voto y por ello de los resultados electorales. En ese sentido, el acuerdo de gobierno entre ambos partidos puede ser una oportunidad al menos desde el punto de vista de la estabilidad del gobierno local para sacarnos del marasmo en el que se estaba.
Sin embargo, más allá de otras contingencias y con respecto de las cuestiones más importantes como puede ser el caso plaza de España, la gestión del nuevo equipo de gobierno, al menos por lo que respecta a los aspectos más prácticos, no difiere mucho hasta ahora de la gestión de los anteriores, quienes se tiraron todo el mandato limitándose a pagar fallos judiciales millonarios que condenaban sistemáticamente al Ayuntamiento, recurrir sentencias y resoluciones con el simple objeto de ganar tiempo, y con una sola iniciativa legal presentando un incidente concursal ante el Juzgado mercantil 6 de Madrid donde se sigue el concurso de acreedores de PESF, que finalmente ha resultado un fiasco como por otra parte era de prever, con el resultado de un tiro en el pie a los intereses municipales. En definitiva, el mandato anterior fue respecto de este asunto y otros, un lamentable periodo perdido de cuatro años salvo por el efecto de incrementar la deuda municipal por la acumulación de las sentencias condenatorias hasta límites insoportables.
El actual equipo de gobierno tiene todas las trazas hasta ahora de recorrer la misma senda que el anterior sobre este asunto, y adolece también de la misma falta de resolución que el anterior con las consecuencias ya sabidas. De hecho y hasta el momento, no han hecho otra cosa distinta que no sea adoptar exactamente las mismas decisiones: pagar cantidades millonarias a los socios privados de PESF sin realizar la más mínima objeción a pesar de las muchas evidencias de actuaciones fraudulentas, y recurrir otras sentencias también perdidas con la sola finalidad de ganar tiempo. Nada nuevo o esperanzador distinto de lo que hicieron también los anteriores.
Nuestra asociación ha mantenido no obstante un par de reuniones con el actual equipo de gobierno (también las mantuvimos con el anterior con resultado nulo) con objeto de ofrecer su conocimiento del caso, así como la formulación de una propuesta elaborada para que el Ayuntamiento tome el control de la actuación urbanística mediante la aplicación de los mecanismos legales que le brinda la ley de suelo. Pero de esas dos reuniones apenas ha salido hasta el día de la fecha nada práctico (al menos nosotros desconocemos qué decisiones se han tomado), que no sea la contratación para el estudio del caso de un gabinete legal externo, y la centralización de los temas relacionados también con el caso en la persona de una nueva asesora jurídica designada en sustitución del cargo de confianza nombrado anteriormente y que, al parecer, renunció al poco de su toma de posesión.
El tiempo transcurrido y la nula toma de decisiones de fondo por parte del nuevo equipo de gobierno sobre el caso plaza de España (más allá de las señaladas), lastran nuestra confianza y presagian también el mismo resultado que con los anteriores, pues ha transcurrido casi un año desde que tomaran posesión y no han adoptado una sola decisión que nosotros sepamos, en la dirección correcta de que sea el Ayuntamiento, como administración actuante, quien se haga con el control de la actuación, y no la eterna espera ingenua de que un juez les dé el caso resuelto, cuando no que lo haga directamente el tiempo transcurrido o un mirlo blanco en forma de fondo buitre o tiburón inmobiliario. Nada parece indicar que esto vaya a cambiar en esa dirección; al menos nuestra asociación desconoce si hay ya algún dictamen de los asesores externos o si la nueva asesora jurídica tiene ya alguna conclusión al respecto. En realidad, la impresión que tenemos es que el equipo de gobierno actual sobre este (y sobre otros casos), se mantiene en el mismo inmovilismo que los anteriores.
Varios son los factores que inciden en esta situación de parálisis en que incurre el nuevo Equipo de Gobierno, pero hay uno que es revelador porque es reincidente con el fracaso de los anteriores: la idea de que la solución a este pavoroso problema cuyo alcance económico en forma de agujero patrimonial y financiero es incalculable, ha de venir dada por sus asesores y no por la iniciativa política de quienes, al fin y al cabo, se han presentado a las elecciones con un programa y unas propuestas más o menos inteligibles, pero propuestas electorales al fin y al cabo, sobre el caso plaza de España. Son ellos los elegidos y ellos los responsables políticos y, asumida la responsabilidad de gobernar, no pueden delegar esa función en asesores o técnicos porque éstos no han sido elegidos. La función de éstos es en todo caso auxiliar, no la de decidir. Lamentablemente, en esto se comportan exactamente igual que los anteriores y ya veremos si con el mismo resultado.
Echamos de menos pues un interlocutor del equipo de gobierno que tenga un preciso conocimiento del caso, coordine las incidencias de todas las áreas sobre el asunto y, además y si fuera posible, tuviera una delegación especial y específica para el caso con capacidad política para tomar decisiones. Porque, por muy buena y mucha voluntad que el alcalde Corpa o el resto de los concejales tengan sobre el asunto, es materialmente imposible atender con la dedicación necesaria todas las muchas implicaciones del caso y compatibilizarlo con las demás actividades y responsabilidades. Comenzamos pues a ser pesimistas sobre las iniciativas urgentes que necesita adoptar el Ayuntamiento sobre el tema de plaza de España y que, en todo caso, deberían de haberse tomado ya hace tiempo porque el paso del tiempo corre en contra de los intereses municipales.
CORNAVIRUS, JUSTICIA Y CASO PLAZA DE ESPAÑA
Lo que le faltaba a nuestra comatosa justicia es esta calamidad del coronavirus que no solo va a tener un efecto arrasador sobre nuestra salud y nuestra economía, sino también sobre multitud de intereses en juego en todas y cada una de las jurisdicciones de nuestro sistema judicial.
Entre las muchas medidas improvisadas por el gobierno de la nación mediante los decretos aprobados hasta ahora, hay una que afecta a todos los asuntos judiciales en marcha. Se trata de la del estado de alarma que acordó declarar inhábiles los plazos procesales desde el 14 de marzo pasado hasta que sean levantadas las medidas que, por lo que se ve, no llegarán si es que llegan antes de finales de junio. A lo que luego se unirá el mes agosto claro, mes tradicionalmente inhábil en la justicia también a efectos procesales. En realidad lo que se acordó fue paralizar totalmente la justicia a excepción de los juzgados penales de guardia y las de género.
La justicia española está pues paralizada totalmente hasta una fecha desconocida. En realidad, para los muchos ciudadanos que tienen la necesidad de acudir a ella para dirimir o reclamar la tutela de sus derechos o intereses, la sensación de paralización de la justicia es exactamente la misma con el estado de alarma que sin él, pues la proverbial lentitud de tortuga en los procedimientos judiciales, hace que uno tenga la certeza de cuando comienza el caso pero en absoluto de cuándo acabará. En ese sentido es claro el fracaso estrepitoso de uno de los poderes fundamentales del Estado y más particularmente del Estado democrático, que en este sentido al menos bien puede calificarse de fallido.
El caso plaza de España tiene numerosas causas judiciales abiertas; en la casi totalidad de ellas no solo están en juego intereses fundamentales de ciudadanos afectados, sino también el interés público municipal. Sin embargo, como se dice, era lo que nos faltaba en una justicia ya inmersa en dilaciones indebidas por retrasos innecesarios, errores patentes o por acumulación de trabajo. Y tan pronto como se levante la cuarentena se multiplicarán exponencialmente tanto en el ámbito mercantil por concursos de empresas en trance de desaparecer si no se hallan ya quebradas directamente, como en el contencioso por la avalancha de reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra los gobiernos que se esperan por la causa de los contagios, muertes por la pandemia, o daños económicos inmensos en patrimonios y actividades.
Solo en los Juzgados de lo penal de Coslada hay abiertas casi media docena de causas por el asunto de plaza de España, algunas de ellas desde el año 2011 que se dice bien, sin que haya concluido aún una sola con el procesamiento o el archivo y eso que desde el año 2013 todas las causas no pueden legalmente durar más de 18 meses o un prórroga por el mismo tiempo. Es decir, no más de 36 meses.
Pues bien, desde el mes de marzo de 2011 o del mismo mes de 2014, hay dos causas penales interminables abiertas en los juzgados 5 y 1 respectivamente cuyo plazo máximo legal no es que haya sido ampliamente rebasado, es que en una de ellas ni siquiera es posible saber con qué fecha real se produjo el vencimiento del plazo. Desolador todo. ¿Cómo es posible que nadie de los afectados denuncien este lamentable funcionamiento de un Juzgado donde hay múltiples intereses en juego, incluidos los del propio Ayuntamiento?
Otro tanto puede decirse respecto de la jurisdicción contenciosa. O de la mercantil, donde se sigue el procedimiento concursal desde nada menos que enero de 2013. Los inadmisibles y crónicos retrasos en la justicia española hacen inoperantes principios fundamentales constitucionales que ahora, con el parón originado por el estado de alarma, se agravarán hasta el delirio. Baste decir, por ejemplo, que en el ámbito contencioso y más concretamente el que nosotros tenemos interpuesto desde principios del año 2017, las prácticas de pruebas testificales se vienen acordando con más de un año y medio de demora. Lo dicho, esto es cualquier cosa menos justicia, desengáñense.
Ahora y por lo acordado en el propio decreto que declara el estado de alarma, el ministerio de justicia tiene el encargo de elaborar un plan de choque para el ámbito de la justicia a presentar en un plazo de quince días tras el levantamiento de la cuarentena, que agilice y refuerce las oficinas judiciales y los tribunales. En ese sentido, parece ser que el Consejo General del Poder Judicial ha estudiado o está estudiando fórmulas que acorten los plazos otorgando drásticas competencias a los jueces con plenas facultades para suprimir actuaciones e incluso dictar sentencias in voce.
Lo dicho, mejor será que los ciudadanos, los justiciables, se desengañen de una vez porque la justicia no existe en España cuando para obtener una resolución sencilla es necesario esperar años y años, o simplemente cuando los plazos máximos establecidos por las leyes procesales se los pasan por el arco del triunfo quienes precisamente están obligados a respetarlos: jueces y fiscales especialmente. Por no hablar de la situación injusta que se puede encontrar un imputado en una causa, que debe esperar años y años a saber exactamente si su imputación se traduce en una procesamiento y por lo tanto puede tener acceso a su derecho al juicio, o por el contrario tiene que arrastrar durante décadas incluso el sambenito de la imputación, indefenso e impotente por el desistimiento del juez o la juez que tanto da, cuando no directamente por la desidia de la propia fiscalía.
Por esa razón, más que nunca es necesario que en este caso de plaza de España, el Ayuntamiento tome las riendas de la actuación porque, con seguridad, ninguna solución puede ser esperable de la justicia española sencillamente porque no existe sino que es una rémora inadmisible en una sociedad que se precie de democrática, ya que uno de sus poderes fundamentales, el judicial en este caso, no solo no imparte justicia sino que cuando lo hace es tarde y por ello irremediablemente mal porque con seguridad habrá lesionado algún derecho fundamental de alguna de las partes. Un desastre preexistente al coronavirus pero cuyo desgraciado advenimiento ha venido aún a agravar más. Lo cual es como si a un enfermo terminal le amenazara un incendio.
Por eso, el Ayuntamiento y más particularmente el equipo de gobierno, debería de ser consciente de la gravedad de la situación y acelerar al máximo la toma de decisiones, en lugar de continuar con esta indolente parálisis que, contra lo que pueden creer, no solo no va a beneficiar los intereses municipales sino todo lo contrario. Ganar tiempo interponiendo recursos frente a fallos judiciales adversos no es una opción inteligente, sobre todo cuando hay evidencias muy claras de que esos recursos no se van a ganar ni siquiera por error de los jueces. Es todo lo contrario.
A simple modo de ejemplo, al ya insufrible retraso de la justicia ahora hay que añadir un retraso de propina imposible de cuantificar ahora mismo por la causa del estado de alarma. Lo cual, en el caso de una reclamación de cantidades contra el Ayuntamiento, se traduce automáticamente en condenas en costas e intereses desde, al menos, la fecha de demanda. De forma tal que por una demanda de, por ejemplo, 10 millones de euros reclamados hace dos años (un hecho real que se da), apelado en casación y fallado el próximo año, puede acarrear si se pierde solo en intereses legales, nada menos que 900.000 euros más. Es decir, más o menos unos 75.000 euros cada mes que pasa.
Por esa razón, no se entiende en absoluto la lamentable parsimonia con que el nuevo equipo de gobierno se toma este asunto, la verdad.
EL CASO PLAZA DE ESPAÑA VARADO POR EL INMOVILISMO DEL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO
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Se va a cumplir casi un año desde las últimas elecciones municipales que han traído la composición de una coalición de gobierno entre PSOE y CIUDADANOS, para conformar una mayoría absoluta que permita afrontar con alguna garantía iniciativas de gestión enquistadas hace mucho tiempo al contar con el apoyo de ambos grupos necesario para poder acometer cualquiera de los proyectos sin estar condicionados por las zancadillas de los grupos de la oposición. Que en este caso, además, está constituida por una constelación de siglas resultante de la atomización del voto y por ello de los resultados electorales. En ese sentido, el acuerdo de gobierno entre ambos partidos puede ser una oportunidad al menos desde el punto de vista de la estabilidad del gobierno local para sacarnos del marasmo en el que se estaba.
Sin embargo, más allá de otras contingencias y con respecto de las cuestiones más importantes como puede ser el caso plaza de España, la gestión del nuevo equipo de gobierno, al menos por lo que respecta a los aspectos más prácticos, no difiere mucho hasta ahora de la gestión de los anteriores, quienes se tiraron todo el mandato limitándose a pagar fallos judiciales millonarios que condenaban sistemáticamente al Ayuntamiento, recurrir sentencias y resoluciones con el simple objeto de ganar tiempo, y con una sola iniciativa legal presentando un incidente concursal ante el Juzgado mercantil 6 de Madrid donde se sigue el concurso de acreedores de PESF, que finalmente ha resultado un fiasco como por otra parte era de prever, con el resultado de un tiro en el pie a los intereses municipales. En definitiva, el mandato anterior fue respecto de este asunto y otros, un lamentable periodo perdido de cuatro años salvo por el efecto de incrementar la deuda municipal por la acumulación de las sentencias condenatorias hasta límites insoportables.
El actual equipo de gobierno tiene todas las trazas hasta ahora de recorrer la misma senda que el anterior sobre este asunto, y adolece también de la misma falta de resolución que el anterior con las consecuencias ya sabidas. De hecho y hasta el momento, no han hecho otra cosa distinta que no sea adoptar exactamente las mismas decisiones: pagar cantidades millonarias a los socios privados de PESF sin realizar la más mínima objeción a pesar de las muchas evidencias de actuaciones fraudulentas, y recurrir otras sentencias también perdidas con la sola finalidad de ganar tiempo. Nada nuevo o esperanzador distinto de lo que hicieron también los anteriores.
Nuestra asociación ha mantenido no obstante un par de reuniones con el actual equipo de gobierno (también las mantuvimos con el anterior con resultado nulo) con objeto de ofrecer su conocimiento del caso, así como la formulación de una propuesta elaborada para que el Ayuntamiento tome el control de la actuación urbanística mediante la aplicación de los mecanismos legales que le brinda la ley de suelo. Pero de esas dos reuniones apenas ha salido hasta el día de la fecha nada práctico (al menos nosotros desconocemos qué decisiones se han tomado), que no sea la contratación para el estudio del caso de un gabinete legal externo, y la centralización de los temas relacionados también con el caso en la persona de una nueva asesora jurídica designada en sustitución del cargo de confianza nombrado anteriormente y que, al parecer, renunció al poco de su toma de posesión.
El tiempo transcurrido y la nula toma de decisiones de fondo por parte del nuevo equipo de gobierno sobre el caso plaza de España (más allá de las señaladas), lastran nuestra confianza y presagian también el mismo resultado que con los anteriores, pues ha transcurrido casi un año desde que tomaran posesión y no han adoptado una sola decisión que nosotros sepamos, en la dirección correcta de que sea el Ayuntamiento, como administración actuante, quien se haga con el control de la actuación, y no la eterna espera ingenua de que un juez les dé el caso resuelto, cuando no que lo haga directamente el tiempo transcurrido o un mirlo blanco en forma de fondo buitre o tiburón inmobiliario. Nada parece indicar que esto vaya a cambiar en esa dirección; al menos nuestra asociación desconoce si hay ya algún dictamen de los asesores externos o si la nueva asesora jurídica tiene ya alguna conclusión al respecto. En realidad, la impresión que tenemos es que el equipo de gobierno actual sobre este (y sobre otros casos), se mantiene en el mismo inmovilismo que los anteriores.
Varios son los factores que inciden en esta situación de parálisis en que incurre el nuevo Equipo de Gobierno, pero hay uno que es revelador porque es reincidente con el fracaso de los anteriores: la idea de que la solución a este pavoroso problema cuyo alcance económico en forma de agujero patrimonial y financiero es incalculable, ha de venir dada por sus asesores y no por la iniciativa política de quienes, al fin y al cabo, se han presentado a las elecciones con un programa y unas propuestas más o menos inteligibles, pero propuestas electorales al fin y al cabo, sobre el caso plaza de España. Son ellos los elegidos y ellos los responsables políticos y, asumida la responsabilidad de gobernar, no pueden delegar esa función en asesores o técnicos porque éstos no han sido elegidos. La función de éstos es en todo caso auxiliar, no la de decidir. Lamentablemente, en esto se comportan exactamente igual que los anteriores y ya veremos si con el mismo resultado.
Echamos de menos pues un interlocutor del equipo de gobierno que tenga un preciso conocimiento del caso, coordine las incidencias de todas las áreas sobre el asunto y, además y si fuera posible, tuviera una delegación especial y específica para el caso con capacidad política para tomar decisiones. Porque, por muy buena y mucha voluntad que el alcalde Corpa o el resto de los concejales tengan sobre el asunto, es materialmente imposible atender con la dedicación necesaria todas las muchas implicaciones del caso y compatibilizarlo con las demás actividades y responsabilidades. Comenzamos pues a ser pesimistas sobre las iniciativas urgentes que necesita adoptar el Ayuntamiento sobre el tema de plaza de España y que, en todo caso, deberían de haberse tomado ya hace tiempo porque el paso del tiempo corre en contra de los intereses municipales.
CORNAVIRUS, JUSTICIA Y CASO PLAZA DE ESPAÑA
Lo que le faltaba a nuestra comatosa justicia es esta calamidad del coronavirus que no solo va a tener un efecto arrasador sobre nuestra salud y nuestra economía, sino también sobre multitud de intereses en juego en todas y cada una de las jurisdicciones de nuestro sistema judicial.
Entre las muchas medidas improvisadas por el gobierno de la nación mediante los decretos aprobados hasta ahora, hay una que afecta a todos los asuntos judiciales en marcha. Se trata de la del estado de alarma que acordó declarar inhábiles los plazos procesales desde el 14 de marzo pasado hasta que sean levantadas las medidas que, por lo que se ve, no llegarán si es que llegan antes de finales de junio. A lo que luego se unirá el mes agosto claro, mes tradicionalmente inhábil en la justicia también a efectos procesales. En realidad lo que se acordó fue paralizar totalmente la justicia a excepción de los juzgados penales de guardia y las de género.
La justicia española está pues paralizada totalmente hasta una fecha desconocida. En realidad, para los muchos ciudadanos que tienen la necesidad de acudir a ella para dirimir o reclamar la tutela de sus derechos o intereses, la sensación de paralización de la justicia es exactamente la misma con el estado de alarma que sin él, pues la proverbial lentitud de tortuga en los procedimientos judiciales, hace que uno tenga la certeza de cuando comienza el caso pero en absoluto de cuándo acabará. En ese sentido es claro el fracaso estrepitoso de uno de los poderes fundamentales del Estado y más particularmente del Estado democrático, que en este sentido al menos bien puede calificarse de fallido.
El caso plaza de España tiene numerosas causas judiciales abiertas; en la casi totalidad de ellas no solo están en juego intereses fundamentales de ciudadanos afectados, sino también el interés público municipal. Sin embargo, como se dice, era lo que nos faltaba en una justicia ya inmersa en dilaciones indebidas por retrasos innecesarios, errores patentes o por acumulación de trabajo. Y tan pronto como se levante la cuarentena se multiplicarán exponencialmente tanto en el ámbito mercantil por concursos de empresas en trance de desaparecer si no se hallan ya quebradas directamente, como en el contencioso por la avalancha de reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra los gobiernos que se esperan por la causa de los contagios, muertes por la pandemia, o daños económicos inmensos en patrimonios y actividades.
Solo en los Juzgados de lo penal de Coslada hay abiertas casi media docena de causas por el asunto de plaza de España, algunas de ellas desde el año 2011 que se dice bien, sin que haya concluido aún una sola con el procesamiento o el archivo y eso que desde el año 2013 todas las causas no pueden legalmente durar más de 18 meses o un prórroga por el mismo tiempo. Es decir, no más de 36 meses.
Pues bien, desde el mes de marzo de 2011 o del mismo mes de 2014, hay dos causas penales interminables abiertas en los juzgados 5 y 1 respectivamente cuyo plazo máximo legal no es que haya sido ampliamente rebasado, es que en una de ellas ni siquiera es posible saber con qué fecha real se produjo el vencimiento del plazo. Desolador todo. ¿Cómo es posible que nadie de los afectados denuncien este lamentable funcionamiento de un Juzgado donde hay múltiples intereses en juego, incluidos los del propio Ayuntamiento?
Otro tanto puede decirse respecto de la jurisdicción contenciosa. O de la mercantil, donde se sigue el procedimiento concursal desde nada menos que enero de 2013. Los inadmisibles y crónicos retrasos en la justicia española hacen inoperantes principios fundamentales constitucionales que ahora, con el parón originado por el estado de alarma, se agravarán hasta el delirio. Baste decir, por ejemplo, que en el ámbito contencioso y más concretamente el que nosotros tenemos interpuesto desde principios del año 2017, las prácticas de pruebas testificales se vienen acordando con más de un año y medio de demora. Lo dicho, esto es cualquier cosa menos justicia, desengáñense.
Ahora y por lo acordado en el propio decreto que declara el estado de alarma, el ministerio de justicia tiene el encargo de elaborar un plan de choque para el ámbito de la justicia a presentar en un plazo de quince días tras el levantamiento de la cuarentena, que agilice y refuerce las oficinas judiciales y los tribunales. En ese sentido, parece ser que el Consejo General del Poder Judicial ha estudiado o está estudiando fórmulas que acorten los plazos otorgando drásticas competencias a los jueces con plenas facultades para suprimir actuaciones e incluso dictar sentencias in voce.
Lo dicho, mejor será que los ciudadanos, los justiciables, se desengañen de una vez porque la justicia no existe en España cuando para obtener una resolución sencilla es necesario esperar años y años, o simplemente cuando los plazos máximos establecidos por las leyes procesales se los pasan por el arco del triunfo quienes precisamente están obligados a respetarlos: jueces y fiscales especialmente. Por no hablar de la situación injusta que se puede encontrar un imputado en una causa, que debe esperar años y años a saber exactamente si su imputación se traduce en una procesamiento y por lo tanto puede tener acceso a su derecho al juicio, o por el contrario tiene que arrastrar durante décadas incluso el sambenito de la imputación, indefenso e impotente por el desistimiento del juez o la juez que tanto da, cuando no directamente por la desidia de la propia fiscalía.
Por esa razón, más que nunca es necesario que en este caso de plaza de España, el Ayuntamiento tome las riendas de la actuación porque, con seguridad, ninguna solución puede ser esperable de la justicia española sencillamente porque no existe sino que es una rémora inadmisible en una sociedad que se precie de democrática, ya que uno de sus poderes fundamentales, el judicial en este caso, no solo no imparte justicia sino que cuando lo hace es tarde y por ello irremediablemente mal porque con seguridad habrá lesionado algún derecho fundamental de alguna de las partes. Un desastre preexistente al coronavirus pero cuyo desgraciado advenimiento ha venido aún a agravar más. Lo cual es como si a un enfermo terminal le amenazara un incendio.
Por eso, el Ayuntamiento y más particularmente el equipo de gobierno, debería de ser consciente de la gravedad de la situación y acelerar al máximo la toma de decisiones, en lugar de continuar con esta indolente parálisis que, contra lo que pueden creer, no solo no va a beneficiar los intereses municipales sino todo lo contrario. Ganar tiempo interponiendo recursos frente a fallos judiciales adversos no es una opción inteligente, sobre todo cuando hay evidencias muy claras de que esos recursos no se van a ganar ni siquiera por error de los jueces. Es todo lo contrario.
A simple modo de ejemplo, al ya insufrible retraso de la justicia ahora hay que añadir un retraso de propina imposible de cuantificar ahora mismo por la causa del estado de alarma. Lo cual, en el caso de una reclamación de cantidades contra el Ayuntamiento, se traduce automáticamente en condenas en costas e intereses desde, al menos, la fecha de demanda. De forma tal que por una demanda de, por ejemplo, 10 millones de euros reclamados hace dos años (un hecho real que se da), apelado en casación y fallado el próximo año, puede acarrear si se pierde solo en intereses legales, nada menos que 900.000 euros más. Es decir, más o menos unos 75.000 euros cada mes que pasa.
Por esa razón, no se entiende en absoluto la lamentable parsimonia con que el nuevo equipo de gobierno se toma este asunto, la verdad.
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