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La Comunidad reserva el 8 por ciento de la contratación pública para empresas de inserción

La Comunidad de Madrid reservará hasta un ocho por ciento del importe en la licitación de contratos de servicios de carácter social, cultural y de salud a favor de los centros especiales de Empleo de iniciativa social y las empresas de inserción.






Este porcentaje se incrementará hasta el 10 por ciento a los cuatro años de la entrada en vigor del acuerdo que hoy se ha aprobado en el consejo de Gobierno, según una nota de la Administración regional.

El objetivo de la medida es potenciar la actividad que realizan los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción para que puedan mantener y generar empleo y, con ello, contribuir a la integración laboral de las personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.

Asimismo, se incorpora la posibilidad de que las empresas del ámbito de la Economía social, fundamentalmente cooperativas y sociedades laborales, puedan acceder de forma prioritaria a determinados procesos de contratación, lo que contribuirá a fomentar la economía social en la región.

El citado acuerdo se ha elaborado tras un proceso de consulta con los interlocutores sociales (CCOO Madrid, UGT Madrid y CEIM).

También han participado las entidades representativas de la economía social de la Comunidad de Madrid (cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción y centros especiales de empleo) y las organizaciones de autónomos.

En el acuerdo se regula también la inclusión de criterios y cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de contratación pública de la Comunidad de Madrid.

En la fase de valoración, se fomentará que los pliegos en los que se contemple más de un único criterio de adjudicación se tengan en cuenta aspectos sociales como la política de nuevas contrataciones, la accesibilidad universal o la contratación de personas con dificultades de acceso al empleo; la integración de la perspectiva de género, así como aspectos medioambientales.

En la fase de ejecución, se priorizarán también condiciones especiales, como la igualdad; la adopción de medidas de conciliación laboral; la flexibilización y el teletrabajo; la accesibilidad; el compromiso de incorporar un determinado porcentaje de personas desempleadas con dificultades de acceso al empleo o la obligación de la empresa adjudicataria de que un determinado porcentaje de la plantilla adscrita a la ejecución del contrato sea indefinida.

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