Sanidad halla una solución al fallo que anuló la fórmula para operar fuera del horario habitual
La Comunidad de Madrid ha tenido que buscar una solución para poder seguir programando operaciones y pruebas diagnósticas por las tardes y los fines de semana. Después de que el Tribunal Supremo anulara los denominados pactos de gestión, la fórmula ideada por el Gobierno de Cristina Cifuentes para reducir la lista de espera, la Consejería de Sanidad ha decidido volver al sistema que se utilizaba previamente para hacer intervenciones quirúrgicas extraordinarias, el de los contratos-programa firmados con las direcciones de los hospitales.
La principal diferencia entre ambos métodos es que con el que se puso en marcha a comienzo de la legislatura se establecían unos «objetivos muy claros» por especialidades para poder ampliar el horario de los quirófanos y que los profesionales sanitarios cobraran un sueldo extra. «Ahora las gerencias de los centros recuperarán la autonomía de la gestión, pero confiamos en su sensatez y capacidad», responde el director general de Asistencia Sanitaria, César Pascual, a la cuestión de si se perderá la efectividad con la vuelta al procedimiento original.
En una sentencia de febrero de 2018, el Supremo anuló tras una denuncia de CCOO los 44 pactos de gestión suscritos en 2015 por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas)en 11 hospitales de la región para ampliar el número de operaciones. Como el fallo «no tiene efectos retroactivos», porque «obviamente no se puede 'desoperar'», Sanidad ha optado por no suscribir «ninguno nuevo y terminar los que estaban vigentes», más de un centenar.
La decisión adoptada entrará en vigor a principios de mayo después de que la Consejería del ramo haya negociado la inclusión de las operaciones extraordinarias nuevamente en los denominados contratos-programa genéricos que mantiene con los distintos hospitales. La solución está a la espera de la concreción de algunos detalles, que se cerrarán esta semana, y de la rúbrica de los acuerdos.
Resolución judicial
Lo cierto es que el Supremo no entraba en el fondo de los pactos de gestión, sino en el hecho de que sus condiciones no hubieran sido negociadas con los sindicatos, como denunciaba CCOO. En su fallo decía textualmente que el personal estatuario tiene derecho a pactar los cambios en sus condiciones laborales en los mismos términos que el resto de funcionarios «sin que se adviertan singularidades objetivas que justifiquen un trato diferente».
Por ello, en Sanidad no descartan volver a recurrir a esta fórmula consensuándola previamente con los representantes de los trabajadores, un proceso que no sería tan ágil como la solución adoptada para acatar la sentencia del Alto Tribunal. «La prioridad era garantizar la actividad extraordinaria en los quirófanos de este año», argumenta Pascual, que señala que ahora además se tienen que incorporar los cambios que introdujo la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión Sanitaria, que entró en vigor en enero pero que tiene un plazo de 12 meses para su aplicación total.
En la Comunidad de Madrid insisten en que el desfase entre la resolución judicial emitida por el Supremo y su aplicación no ha afectado a la programación de operaciones por las tardes y fines de semana. La subida de la lista de espera entre febrero, cuando había 77.642 pacientes, y marzo, que se cerró con 77.916, se atribuye a «la pequeña bajada de la actividad durante la Semana Santa».
En el primer semestre de 2017, los quirófanos de los 29 hospitales que forman parte del sistema público de salud de la Comunidad de Madrid funcionaron al 72,7% de su capacidad. Para tratar de paliar esta deficiencia, la Consejería de Sanidad decidió en marcha los citados pactos de gestión.
En total, 119 especialidades quirúrgicas y 60 pruebas diagnósticas en varios hospitales suscribieron estos acuerdos a cambio de cumplir unos objetivos determinados para poder ampliar el horario de las intervenciones, que ahora serán anulados.
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