El frente común de los ayuntamientos al «ataque a la autonomía local» con el que se recibió la propuesta del Ministerio de Hacienda de disponer de los remanente municipales bloqueados por la ley Montoro se ha roto al publicarse ayer el Real Decreto Ley. Los municipios están atrapados en el dilema de tener unos 75 millones bloqueados en sus cuentas corrientes o cedérselos a la Administración central a cambio de poder utilizar de forma inmediata el 35 por ciento de esos fondos para financiar «actuaciones en las áreas de agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura».
Ningún ayuntamiento quiere hacer de banquero del Estado porque esa es la situación contraria a la lógica y ninguno quiere tampoco que le limiten la utilización de recursos propios. El Gobierno propone que le transfieran la totalidad de los remanentes en condiciones de préstamo. La puesta a disposición del Ministerio de Hacienda ha de materializarse mediante un compromiso por parte de los municipios antes del 15 de septiembre.
Eso supone que los municipios disponen de 40 días para tomar una decisión que les ha sumido a todos en la disyuntiva de ceder o no ceder, con poco beneficio en un caso y nulo en el otro.
El asunto fue tratado en una reunión de la Felib el martes para valorar el documento que la FEMP ha aprobado, lo que supuso dar viabilidad a la propuesta.
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