La Asociación cívica El Molino de San Fernando analiza la querella contra Julio Setién, Joaquin Martinez y administradores de WOODMAN SL en su última entrada.
SIETE AÑOS DE INSTRUCCIÓN
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Precisamente hoy día 2 de abril de 2018 se cumplen siete años desde que presentamos la querella contra el entonces alcalde SETIÉN, el que era concejal de urbanismo y consejero delegado de PESF SL Joaquín MARTÍNEZ, así como contra los tres administradores de la mercantil WOODMAN SL.
Han sido diversas las peripecias que ha corrido esta querella que por reparto cayó en el Juzgado instrucción número 5 de Coslada, dando lugar a la apertura de las Diligencias Previas número 726/2011 que luego, en diciembre de 2015, fueron transformadas en Procedimiento Abreviado estando pues pendiente de los escritos de acusación de las partes.
Asimismo, el ministerio fiscal ha pedido varias Diligencias Complementarias mediante las cuales han sido imputadas en la causa nuevas personas: la que era directora del área de urbanismo durante aquellos años, la asesora jurídica del equipo de gobierno y secretaria de PESF SL (ambas cargos de confianza política), el arquitecto que fue director facultativo y autor del proyecto, así como tes secretarios municipales que intervinieron como tal en las Juntas de Gobierno Local entre 2009 y 2011. También están pendientes las comparecencias de varios de los concejales que votaron a favor de los acuerdos de aprobación de los proyectos de Reparcelación de la UE-1.
El recorrido de esta querella y consiguientemente de la instrucción no ha sido fácil, que si bien está ya en su fase decisiva (como se dice, pendiente de poder realizar los escritos de acusación de las partes), han ocurrido varias situaciones que no son normales y que ha dilatado en el tiempo el cierre de este procedimiento que ya debería de haber sido juzgado hace años.
Una primera anomalía fue precisamente que se nos impidió a nosotros la personación como acusación particular y por lo tanto perjudicados, derivando sin embargo la posible acción por nuestra parte hacia la forma de acusación popular previo depósito de 10.000 €. Fianza que tanto el entonces equipo de gobierno como la mercantil WOODMAN SL trataron de elevar a 50.000 y 70.000 € respectivamente. Fianza exorbitante que en cualquier caso nosotros no hemos podido reunir. Lo cual ha privado al procedimiento de una acusación bien documentada y exigente, incluso en representación de no pocos intereses difusos. Apelado no obstante el Auto correspondiente a la Audiencia, fue confirmado negándonos la condición de interesados en esta causa. Cuando, sin embargo, habíamos sido reconocidos como tal en diferentes resoluciones del propio Ayuntamiento.
Desde entonces aquí y tras numerosas diligencias practicadas, la instrucción propiamente dicha quedó cerrada mediante un Auto de Transformación dictado en diciembre de 2015, en virtud del cual se continuaba el procedimiento pero ahora como Procedimiento Abreviado con elementos indiciarios de criminalidad apreciados por el instructor.
Son varias no obstante las causas de las dilaciones de este procedimiento, pero una de ellas es que el Ayuntamiento, por parte de su secretario, ha tardado nada menos que nueve meses y tras varios requerimientos en facilitar algo tan sencillo como la copia de tres expedientes municipales que, finalmente, al parecer habrían desparecido del Ayuntamiento. Es bastante alucinante que para comunicar al Juzgado que los expedientes han desaparecido, se tarde nada menos que nueve meses. Hay que decir que tanto en esta causa como en la que hay abierta también en el Juzgado 1 de Coslada, el Ayuntamiento aparece personado pero como responsable civil. Es decir, que ha de ser quien ha de pagar para el caso de los imputados sean declarados insolventes.
Las razones principales por las que decidimos presentar esta querella contra los responsables municipales de entonces y los administradores de WOODMAN SL, obedecieron inicialmente a dos hechos: que el entonces equipo de gobierno a través de su asesora jurídica nos denunció ante la policía por publicar documentos que sin embargo ellos estaban obligados a publicar, así como la evidencia de que, con la complicidad de WOODMAN SL, se había creado una estructura administrativa paralela con objeto de impedir el conocimiento de determinados acuerdos que, si hubieran sido adoptados por los órganos municipales, necesariamente habríamos conocido.
El claro y lamentable hostigamiento a que se nos estaba sometiendo por parte del entonces equipo de gobierno y su asesora tratando de intimidarnos mediante denuncias a la policía sin sentido alguno, fue lo que nos hizo encender todas las alarmas y por lo tanto redoblar nuestras pesquisas en orden a conseguir saber realmente, qué era lo que se cocía en el seno de la mercantil mixta PESF SL constituida por el Ayuntamiento pero sin empleado alguno, así como la entrega de la administración y gerencia de la misma a una mercantil, WOODMAN SL, que además de carecer de empleado alguno también, sus conocimientos y experiencia como agentes urbanizadores eran absolutamente nulos, pero por cuya supuesta prestación de servicios iban a cobrar nada menos que 4,2 millones de euros.
Así pues, nos congratulamos que, después de nada menos que siete largos años, se vaya abriendo paso la verdad en medio de una justicia con paso de tortuga, sí, pero que va confirmando cada una de las acusaciones que formulábamos en el ya lejano 2 de abril de 2011. Naturalmente no ha acabado la cosa y falta por lo tanto que sea dictado el procesamiento en su caso y la apertura del juicio oral. Esperamos que este año o incluso antes del verano, esté en marcha esta nueva y definitiva fase de esta causa.
Por no faltar no ha faltado tampoco incluso un conflicto de competencias con el Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid que lleva el concurso de acreedores de PESF SL, en relación con unas medidas cautelares ordenadas por el Juzgado de Instrucción y sobre las que hablaremos en otra ocasión.
AVISO A NAVEGANTES
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Aunque en el procedimiento del Juzgado número 5 fue dictado lo que se conoce como Auto de Transformación (transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, paso inmediato anterior al procesamiento) mucho antes que en el abierto en el Juzgado número 1 que data de 2014 (se cumplen ahora pues cuatro años y el Auto de Transformación fue dictado en enero de este año; dos años después que el anterior), ya hay formulados escritos de acusación en esta última causa por las partes personadas y a la espera pues de resolución por parte de la señora Magistrada.
Las partes más beligerantes y más perjudicadas, están pidiendo penas de prisión duras (en algunos casos de más de quince años), así como medidas cautelares en la pieza civil de 35 millones de euros que, subsidiariamente, habría de soportar el propio Ayuntamiento que está personado en esta causa como responsable civil, para el caso de que los imputados fueran declarados insolventes. Y aunque hay varios recursos contra el Auto de Transformación presentados tanto por parte de los investigados como por las acusaciones, sin embargo eso no suspende el procedimiento, siguiendo adelante por sus cauces y, por consiguiente, la señora Magistrada instructora de esta causa podría en las próximas semanas acordar el procesamiento. Y con ello la constitución de las respectivas cauciones económicas y fianzas a los investigados (ya decimos que se piden 35 millones de euros) que, si fuera declarada su insolvencia como decimos, habría de hacer frente a ella naturalmente el Ayuntamiento.
Así pues, podría verse el Ayuntamiento conminado a prestar, solo en esta causa, nada menos que otros 35 millones de euros de fianza para garantizar el resarcimiento a los perjudicados caso de resultar responsables los procesados en su caso. Por esa razón, suena a pura frivolidad y desde luego a un irresponsable desconocimiento, los acuerdos y argumentos utilizados por los grupos municipales a resultas del último pleno para endeudarse por 33 millones de euros para, según ellos, pagar "las sentencias de caso plaza de España", cuando en unos pocos meses pueden verse abocados a tener que prestar garantías de nada menos que 35 millones de euros más, solo para las fianzas de una de las varias causas penales abiertas.
A lo que parece, esta eventualidad no solo no preocupa al actual equipo de gobierno (no sabemos cómo piensan hacer frente a esa voluminosa fianza), sino que tampoco preocupa a la oposición. La idea pues de que con la formalización de ese préstamo del Fondo de Impulso Económico por importe de 33 millones de euros se ha conjurado la quiebra del Ayuntamiento, es tan ilusa como irresponsable. Pero en fin, ya despertarán de sus ensoñaciones y antes de las próximas elecciones.
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