La alcaldesa de San Fernando de Henares Cati Rodriguez, por responsabilidad y en aras de alcanzar un mejor entendimiento con los trabajadores municipales, PSOE e IU, además de los sindicatos CC.OO y UGT, anuncia que va a retirar el expediente disciplinario abierto a una trabajadora que la acusó del delito de acoso laboral y de poner en peligro la vida de su bebé (al estar embarazada), este fue el motivo que generó un Pleno municipal bronco con el abandono de sus asientos de los concejales de la portavoz de IU primero, después de los concejales del PSOE y posteriormente de los dos concejales de IU- Los Verdes, con las protestas de trabajadores municipales de algunos sindicatos.
La política disciplinaria no es competencia del Pleno municipal y ante una acusación de cometer el delito de acoso laboral, algo radicalmente falso según anunció la propia alcaldesa, se tomó esta medida de abrir un expediente disciplinario. Cati Rodriguez ha afirmado que no va a permitir en un futuro la utilización política por parte de los sindicatos UGT y CC.OO, ni de nadie de temas como éste.
También anunció que la trabajadora expedientada solicitó personalmente que se la retirase de los asuntos de Plaza de España, ya que ella era de la opinión de no hacer de momento nada y esperar a que el juez emitiese sentencia y el mandato del Pleno municipal aprobado por unanimidad era de recuperar la plaza de España y hacer algo, ya que es un bien público y por tanto, inembargable e inalienable.
Los bienes de dominio público son los pertenecientes a un ente público y están afectados a un uso público, a un servicio público o al fomento y riqueza nacional. Los bienes de dominio público se llaman también demanialidad o bienes demaniales.
Los bienes demaniales están muy protegidos en nuestro ordenamiento jurídico, así serán imprescriptibles, inembargables e inalienables, y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad. Van a tener dentro de este grupo de los bienes de dominio: las calles, plazas y el mar, y aquellos que sin estar destinados al uso común, estén destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional. Los bienes del estado que no destinados al uso o servicio, serán bienes de dominio privado, con la excepción de aquellos a quien la ley le dé el carácter de demaniales.
También anunció que los directivos de PACIFICA CAPITAL GESTION SL solicitaron reunirse con la alcaldesa, reunión a la que se invitó a los portavoces de la oposición y denegaron su asistencia a esa reunión y de esa visita, la empresa manifestó que va a solicitar al juez aclarar la situación de la plaza de España, sobre la que ellos no tienen ningún interés. Sin embargo, sí tienen interés sobre los 600 aparcamientos que están construidos en el subsuelo, una discrepancia sobre la que debe definirse el juez, puesto que el suelo y el subsuelo son bienes públicos.
La alcaldesa tiene la obligación de reunirse con cualquier persona física o jurídica con intereses en el municipio e informar de todos los temas tratados a la oposición. Reunirse no es criticable, otro tema es que haya negociaciones, hecho que se ha confirmado no existir en ningún caso.
La alcaldesa tiene la obligación de reunirse con cualquier persona física o jurídica con intereses en el municipio e informar de todos los temas tratados a la oposición. Reunirse no es criticable, otro tema es que haya negociaciones, hecho que se ha confirmado no existir en ningún caso.
Además, los garajes que se han construido en el subsuelo exceden los límites de la plaza.
A pesar de estar aprobado en un Pleno, nunca nadie había solicitado al juez que eximiese de ese procedimiento la plaza y el subsuelo, ya que son bienes demaniales y por tanto, no se pueden subastar, ni incluir en la subasta, la alcaldesa ha decidido defender los intereses de los vecinos y evitar un proceso que en caso de producirse la venta, las reclamaciones llevarían mucho tiempo y podría ser irreversible. La trabajadora expedientada y asesora jurídica del Ayuntamiento nunca quiso hacer un informe que aclarase que por realizar la reclamación de la plaza como bien público, la primera edil jamás tendría responsabilidades penales.
En este momento, el proceso está en situación pendiente de trámite y el juez debe definirse claramente si en la adjudicación y autorización de venta están incluidos los bienes públicos.
Lo lógico es que el juez se manifieste en sentido negativo y solo permita la venta de las viviendas, en ese caso, es fácil pensar que PACIFICA CAPITAL GESTION SL hará una nueva propuesta a la baja o se retirará de las opciones de compra.
Por otro lado, en el juzgado número 1 de Coslada en el mes de mayo declararán los responsables de Bankia en calidad de investigados (antes imputados) por la concesión de un crédito a PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL sin las garantías suficientes.
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