En reciente comparecencia como testigos en la causa que se sigue en el Juzgado 1 de Coslada, por parte de la defensa de Julio SETIÉN se insistía en obtener el testimonio de que el nombramiento de WOODMAN SL para gerenciar la sociedad mixta que finalmente él mismo presidió, fue adoptada por la presión empecinada de los afectados. En el colmo del despiste llegó a justificar la contratación de dicha empresa en el antecedente exitoso de dicha promotora en la promoción de la UE-3. Lo cual como se dice es grotesco.
WOODMAN SL es la única de las promotoras inmobiliarias en San Fernando con promociones en marcha en plena burbuja inmobiliaria - unas cinco entre 2005 y 2007 -, que no consiguió vender completamente su promoción. Es decir, la única que a estas alturas incluso y aun teniendo en cuenta que la promoción de la UE-3 (conocida como el barrio José Alix) terminó en 2006, mantiene sin vender más de 40 viviendas de una promoción de 160, y más de 80 plazas de garaje. Y la razón de que sea la única que ya en aquel año no había conseguido vender sus inmuebles frente a las demás promotoras es bien patente: porque eran mucho más caros que los de las demás promotoras, a causa precisamente de los acuerdos ofrecidos a los propietarios de la viejas casas de regiones devastadas levantadas en la posguerra y en pleno franquismo.
Así pues, el interés de WOODMAN SL por "entrar" en la operación de la UE- 1 de una forma u otra, obedecía para sus administradores (inicialmente eran tres), a la necesidad de intentar colocarle a PESF SL el mayor número posible de sus inmuebles que, además, arrastraban una carga hipotecaria con Caja Madrid pavorosa de nada menos que cerca de 17 millones de euros entonces. ¡Esta es pues la verdadera razón por la que aparece WOODMAN SL en este asunto! Y desde luego en esto sí que hay que reconocerle éxito, pues no solo consiguió que el Ayuntamiento, representado por SETIÉN en una reunión de una denominada Mesa de Trabajo, plantara su firma aceptando la implicación plena de WOODMAN SL, sino que luego el propio pleno municipal lo sancionó en sus acuerdos de mayo de 2008.
Y además, mediante esta operación consiguió también que le pagaran una pasta de nada menos que 4,2 millones limpios, sino que llegó incluso a tener vendidas a PESF SL las 40 viviendas que tenía sin vender mediante una rocambolesca operación de ampliación capital al final de la escapada (junio de 2012) con 14 millones de cargas hipotecarias. Incluso llegó a tener firmado un contrato de compraventa con el Ayuntamiento de 80 de sus plazas de garaje que tenía sin vender en la propia unidad UE-3 por importe de 1,3 millones de euros.
Pero es que, además, WOODMAN SL carecía de personal alguno para gerenciar la sociedad, lo que la obligaba lógicamente a subcontratar los servicios a prestar a PESF SL y por los que se le pagaron más de cuatro millones limpios. Y es que, ciertamente, también carecía de personal experto en materia de gestión urbanística. Pero consiguió arrancar del Ayuntamiento los compromisos necesarios para que la sociedad a constituir, PESF SL, se obligara pues a formalizar su contratación y a partir de ahí, a cobrar todo un pastizal que al parecer y por las manifestaciones realizadas en los juzgados y en las diferentes causas abiertas, ahora resulta que casi nadie del consejo de administración conocía.
Y obtenido pues el objetivo principal por parte de WOODMAN SL de meter la cabeza en la gerencia de PESF SL, solo quedaba nombrar un consejo de administración copado por los políticos, cosa que finalmente hicieron nombrando pues un consejo con siete miembros, de los cuales cinco eran electos de la corporación municipal. Algo que, además, la propia ley prohíbe por cuanto que, tratándose de una sociedad mercantil mixta privada, la regulación de quiénes pueden formar parte y quiénes no de sus órganos de administración, lo resuelve el viejo Reglamento de servicios de las corporaciones locales, que en su artículo 108 deja claro que ha de estar compuesto en al menos el 50 % de sus miembros, por técnicos.
Y sin embargo ninguno de ellos lo era; es decir, que el consejo de administración de PESF SL incumplía palmariamente la ley. Al igual que lo incumplía nombrar al alcalde presidente y al concejal de urbanismo consejero delegado, pues el entonces en vigor artículo 58 de la ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada prohíbe precisamente también que formen parte de los órganos de administración funcionarios (incluidos los electos) que tengan funciones idénticas al objeto social de las mercantiles. ¿Qué hace pues nada menos que como consejero delegado el que era concejal de urbanismo, si todo el objeto social de PESF SL guardaba relación precisamente con sus funciones como concejal de la cosa?
Desconocemos quién ha sido pues la persona que ha diseñado todo este disparate, pero desde luego todo parece indicar que apunta a que los miembros de la corporación, los políticos electos, se plegaron sin pensarlo mucho (y sin pedir asesoramiento independiente) a las exigencias de los propietarios afectados que habrían conseguido así dos objetivos primordiales para ellos: que la gestión efectiva de PESF SL la llevara WOODMAN SL y sus administradores que representaba sus intereses, y, además, conseguir que una actuación encomendada por el Ayuntamiento a una empresa privada, estuviera literalmente plagada de cargos públicos y por lo tanto comprometido el propio Ayuntamiento con su alcalde a la cabeza, su concejal de urbanismo como consejero delegado, y el resto de cargos públicos electos municipales (que no eran técnicos precisamente como exige el Reglamento de servicios), copando todo el consejo de administración.
Esta es pues la realidad tal y como ha sucedido, y no como quieren interesadamente muchos (empezando por los afectados) hacernos creer. Se juntaron pues en este asunto dos premisas diabólicas: la incompetencia de los administradores de WOODMAN SL para gestionar adecuadamente la actuación urbanística, y la política, que incumplió la ley y usurpó en el consejo de administración puestos y cargos que solo podían legalmente ocupar personas con preparación técnica adecuada porque así lo establece la propia ley. Y esa combinación fue letal para el devenir de la empresa. De forma tal que bien puede decirse pues que aquellos polvos han traído estos lodos convertidos ya en un cenagal insoportable.
LAS CUENTAS DE LA LECHERA
Recibimos a lo largo de todo este tiempo no pocos correos internos por parte de empecinados propietarios afectados, quienes nos reprochaban no solo nuestra línea crítica con la actuación tal y como estaba diseñada, sino descalificando también los datos y cálculos que ofrecíamos respecto de la situación real de la sociedad PESF SL, a la luz de la poca información que los administradores de la misma dejaban consultar (que era casi ninguna) a los propios afectados. Pero por más interés que pusimos en sacarlos de sus errores nada fue posible, sin duda influidos por los administradores y grupos municipales, y también por el optimismo del voluntarismo que les impulsaba a contestar en las redes sociales con proclamas y descalificaciones, tan gratuitas como miopes.
Y en todo este lamentable asunto hay una misma línea de actuación por parte de muchos de los propietarios que se sustenta en la idea de que, finalmente, tratándose de activos inmobiliarios que al fin y al cabo están ahí levantados, conseguirán hacer valer sus derechos sobre los mismos, y que, esos derechos, se los están reconociendo los juzgados de lo contencioso en sus diferentes y sucesivas resoluciones. Sin embargo no es así en absoluto y muchos de ellos incurren en notorios errores de los que solo se les sacará cuando vayan a ejecutar esas sentencias.
0 comentarios:
Publicar un comentario