El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Cristina Cifuentes, ha vuelto a hacer un llamamiento a los cinco ayuntamientos de la región que han vetado la entrada de los autobuses de la Cruz Roja que recogen donaciones de sangre en las calles y les ha instado públicamente a que depongan su actitud. El portavoz del Ejecutivo, Angel Garrido, ha denunciado que el boicot aprobado por los plenos municipales es «una auténtica irresponsabilidad» que daña el sistema sanitario y pone en riesgo las reservas de sangre.
«Es un asunto que puede ser de vida o muerte para algunas personas. Hacemos un llamamiento para que depongan esta actitud», ha considerado Garrido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno autonómico. Hay preocupación en el gobienro de la Comunidad de Madrid porque esta medida se extienda a otros municipios y se ponga en riesgo la recogida de sangre en la Comunidad.
La izquierda ha impulsado el boicot contra los autobuses de Cruz Roja porque denuncian que la Comunidad conveniase en 2013 que la ONG sería la responsable única de recogida de sangre en las calles de la región, labor que viene realizando desde 1960. Para sufragar los costes del proceso, financia con 67 euros cada bolsa de sangre recogida.
El Ejecutivo, del PP, ha solicitado también a los grupos de PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid para que «tomen cartas en el asunto» y hablen con sus ayuntamientos. Se trata de San Fernando de Henares, gobernado por San Fernando Sí Puede, y Coslada, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y Torres de la Alameda, estos cuatro últimos regentados por el PSOE. Desde el partido socialista aseguran que se ha convocado una reunión en las próximas fechas para tratar de atajar un boicot que no comparten sus responsables del área de Sanidad.
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