PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL PLENO ORDINARIO DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA NO REVISIÓN DEL DELITO DE SEDICIÓN
Miguel Ángel García Capa, concejal del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, al amparo en lo establecido en el artículo 97 del ROF, eleva al Pleno de la Corporación viene a formular para su debate y aprobación la siguiente.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente, y en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, el gobierno de España ha vuelto a hacer pública su intención reformar del delito de sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Penal y que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alzan pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. Dicha reforma fue adelantada por el ejecutivo en enero de 2020, tres meses después de la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes del procés, en aplicación de dicho artículo.
El 10 de noviembre de 2022, el presidente del Gobierno confirmó que presentará una iniciativa legislativa para derogar el delito de sedición y sustituirlo por otro de "desordenes públicos agravados". Las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC ni por la conveniencia política de Pedro Sánchez. Ni la Constitución ni el Estado de Derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político y menos a las de aquellos que se levantaron contra nuestra Nación. En ningún país europeo se reformaría el delito de sedición por parte de los sediciosos.
Con este anuncio, el gobierno de España retoma un peligroso precedente; el de ceder de manera constante y permanente a las pretensiones más radicales de sus socios parlamentarios, aunque con ello no solo socaven los principios y fundamentos del Estado de Derecho, sino que pongan claramente en cuestión la independencia del poder judicial al volver a corregir las sentencias del Tribunal Supremo y en la politización de la justicia al admitir que sean los políticos condenados por sedición quienes modifican las penas de los delitos que han cometido.
Dicho de otra manera, de llevarse a cabo esta reforma, el gobierno de España estaría participando activamente en el descrédito y el menoscabo de dos instituciones fundamentales del Estado, como son las Cortes Generales y los tribunales de Justicia, beneficiando política y judicialmente a quienes en su día trataron de atentar contra la integridad territorial y el orden constitucional de España.
Las Comunidades Autónomas deben pronunciarse públicamente si apoyan reducir las penas establecidas en el delito de sedición, o si bien, rechazan esta modificación. Se considera esencial que desde las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos exista un pronunciamiento explícito manifestando el rechazo a cualquier acción que suponga debilitar al Estado. Desde estas instituciones que forman parte del Estado se debe llevar a cabo una defensa a ultranza del principio de que todos somos iguales ante la Ley.
Ni Pedro Sánchez es digno de la tradición democrática del PSOE ni el PSOE puede callar ante este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política. El silencio de sus dirigentes y barones es una traición a los valores que un día decidieron representar y a los electores que votaron por ellos.
No deja de ser sorprendente que, al mismo tiempo que el ejecutivo se muestra favorable a derogar el delito de sedición, parezca haber olvidado otras propuestas como la anunciada en 2019 para prohibir por ley la celebración de referéndums ilegales.
Es necesario resaltar que, según los últimos datos demoscópicos conocidos, menos de un 20% de la población española respalda al ejecutivo en su decisión de rebajar las penas por el delito de sedición. Incluso un 49% de quienes declaran haber respaldado en las urnas al actual partido en el gobierno se muestran contrarios a dicha reforma.
España es una democracia estable y consolidada, pero no por ello menos necesitada de instituciones fuertes, que cuenten no solo con el respaldo de la ley sino también del aprecio y la confianza de los ciudadanos. Por eso vemos con preocupación la inercia del actual Gobierno a transigir con las reclamaciones de sus socios parlamentarios, sean estas para cesar a la secretaria de Estado-Directora del Centro Nacional de Inteligencia, o para no recurrir ante el Tribunal Constitucional una ley autonómica de enseñanza hecha a medida para no cumplir con una sentencia judicial.
El anuncio de la reforma del delito de sedición es solo una más de las concesiones, pero dada la aritmética parlamentaria, no parece que vaya a ser la última. Ante tales circunstancias, es tiempo de solicitar al Gobierno y a su presidente que ejerzan lealmente las funciones que tienen encomendadas, actúen en defensa del Estado y de sus instituciones y, por tanto, que no cedan ante las pretensiones de quienes, amparados en la ley, han hecho y hacen todo lo posible menoscabarla.
Habrá entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas de España. Pero será con este PP y con otro PSOE. Uno en el que no esté un Pedro Sánchez que ha humillado a una Nación que merece un Gobierno más digno del que hoy carece, y un nuevo proyecto que garantice mayor calidad democrática. Los intereses generales de la Nación y de los españoles deben prevalecer siempre, incluso por encima de los intereses particulares del gobierno o de quien ostente su presidencia.
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
El pleno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares insta al presidente del Gobierno y al Gobierno de España a:
PRIMERO. - Retirar de manera inmediata la iniciativa parlamentaria presentada y no llevar a cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar el delito de sedición.
EGUNDO. - Cumplir, acatar y respetar la Constitución española, aprobada de forma mayoritaria por los españoles, en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales, y, sobre todo, ratificar el artículo 2 de la misma: "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
TERCERO-. - Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al Ministro de Justicia y a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y del Senado.
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