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Los concejales de izquierdas de San Fernando de Henares presentan una moción conjunta al pleno del mes de diciembre en defensa de la sanidad pública

 Los concejales de izquierdas de San Fernando de Henares presentan una moción conjunta al pleno del mes de diciembre

Catalina Rodríguez, concejala electa por la candidatura de Más San Fernando; Sofía Díaz, concejala electa por la candidatura de IU-Madrid en Pie-Equo-Anticapitalistas; Arantza Azmara Rodríguez, concejala electa por la candidatura de ACTÚA; y José Luis Sánchez, concejal electo por la candidatura de PODEMOS, amparados por los artículos 46 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y 97.3 del R.O. 2568/1986 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formulan para su debate y aprobación en Pleno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares la siguiente 

MOCIÓN conjunta: 

Los procesos de privatización sanitaria se llevan dando en nuestro país desde hace bastantes años. Desde principios de los 90, se han sucedido decisiones y acciones que ponían en cuestión el modelo público que se planteaba en la Ley General de Sanidad de 1986. 

El Informe Abril Martorell o la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña ya abren el debate y el camino para el comienzo de la privatización sanitaria, que se ha ido extendiendo a lo largo de los años. La aprobación de la Ley 15/97 de 25 de abril sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud terminó de abrir la puerta a la entrada de todo tipo de empresas lucrativas en la gestión de la Sanidad Pública, y es a partir de la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 cuando se han acentuado y profundizado, utilizando la mayoría de las veces la excusa de la crisis económica.

 Igualmente, la reforma del Artículo 135 de la Constitución, estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria, y que el abono de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto, significó que se aplicaran profundos recortes en recursos y personal en el conjunto de los servicios públicos, entre ellos el sistema sanitario. 

El resultado de todo esto ha sido el deterioro permanente y constante de la sanidad pública en detrimento de la privada, fundamentalmente en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, y con especial incidencia en nuestra Comunidad de Madrid. Mientras que el gasto sanitario privado ha aumentado, la inversión en sanidad pública ha bajado, a la vez que se ha ido produciendo una derivación cada vez mayor de los fondos públicos al sector privado. 

El consiguiente deterioro de nuestro Sistema Sanitario también ha ido favoreciendo la búsqueda por parte de la ciudadanía, en el sector privado, de las prestaciones que no se dan en tiempo y forma en el público. Botón de muestra es la multiplicación exponencial de seguros privados que se han lanzado durante la pandemia que estamos viviendo. 

Y es que, a toda la situación de partida expuesta, la pandemia producida por la Covid19 ha hecho saltar las costuras de un sistema debilitado y deteriorado durante años. La situación es especialmente crítica en la Comunidad de Madrid, la región más golpeada en esta crisis. 

Madrid es la Comunidad que menos invierte (3,6% de su PIB, mientras la media en España es del 5,5%); la segunda, por detrás de Andalucía, que menos gasto tiene por habitante (1.274 euros); la tercera que menos paga a sus profesionales; y la que menos presupuesto destina a la Atención Primaria. 

En definitiva, desde que Madrid asumió sus competencias en materia sanitaria, ha ido reduciendo la atención primaria, aumentando los conciertos con la privada o privatizando bajo diferentes fórmulas, cerrando camas de la pública, recortando los salarios de sus profesionales y empeorando sus condiciones laborales. 

En los últimos años se han perdido 3.000 camas públicas y hay 4.500 profesionales menos, cuando la presión asistencial es mayor que en cualquier otra comunidad. En Atención Primaria, por ejemplo, cada profesional atiende a 1.557 pacientes, un 12,7% más que la media nacional, o la enfermería atiende a un número de pacientes que es un 25,4% más que la media nacional. 

La irrupción de la pandemia significó la saturación del sistema sanitario, desbordando las camas hospitalarias, las UCIs, los servicios de urgencia, la atención primaria, con unos profesionales teniendo que hacer frente a esta crisis sin los medios de protección adecuados, ni los recursos necesarios. 

El resultado lo conocemos: más personas infectadas y más muertes que en ninguna otra región, además de una incidencia, no estudiada todavía, sobre el resto de las patologías, especialmente en aquellas personas con enfermedades crónicas. 

A pesar de la gravedad, y siendo Madrid durante bastantes meses el epicentro de la enfermedad, la respuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido la tradicional de los gobiernos del PP, haciendo de nuestra Comunidad el laboratorio avanzado de pruebas de la privatización sanitaria y abanderando la oposición conservadora al Gobierno Central del PSOE y Unidas Podemos.

 La dirección tomada no ha sido la de controlar los contagios con la contratación de rastreadores y reforzar la sanidad pública, sino la de favorecer los intereses empresariales de siempre. En vez de reforzar la Atención Primaria y darle un papel destacado en la prevención y control de la enfermedad, se optó por desarticularla para responder a la pandemia con la instalación de un mega hospital en el IFEMA que ha costado casi 20 millones de euros en adjudicaciones para Infraestructuras y servicios como comida y limpieza, triplicando con los contratos realizados los gastos sanitarios de cualquier hospital público. 

En vez de abrir las camas cerradas en los últimos años o abrir los espacios y plantas no utilizados en los hospitales que se construyeron en los mandatos de Esperanza Aguirre, como nuestro Hospital del Henares, o las UCIS cerradas y no utilizadas en el Hospital Infanta Sofía, el Gobierno regional decide construir un Hospital sin médicos con un coste de 100 millones de euros, el doble del inicialmente presupuestado. 

Un hospital sin MOCIÓN personal sanitario y sin quirófanos, pero que gracias al Real Decreto Ley 29/2020, la Comunidad de Madrid va a poder mover personal de otros centros sin la necesidad de contratar el personal necesario, lo que irá en detrimento de la asistencia que se presta en ellos. Ocho sanitarias (5 enfermeras y 3 TCAEs) del Hospital del Henares han sido ya trasladadas de forma obligatoria al llamado nuevo hospital de pandemias. 

Entre medias, se privatizan una parte de los análisis de las pruebas PCR que se hacían en centros públicos, con jugosos contratos para Analiza, Ribera Salud o Unilabs, y se contrata la tarea de rastreadores con el grupo Quirón, Telefónica e Indra. 

Mientras se favorecen los intereses privados, se mantienen Centros de Atención Primaria cerrados o se reduce el horario de atención, los Servicios de Urgencia siguen sin abrirse, el personal no se refuerza, ni se cubren las bajas y la consecuencia no es solo un aumento en los contagios, sino que las listas de espera, tanto quirúrgicas como para pruebas diagnósticas, aumentan de forma ostensible. 

La consulta telefónica, con la excusa de evitar contagios y motivada por la escasez de personal, ha sustituido a la consulta presencial en la mayoría de los casos. 

Las esperas de días o semanas para hablar por teléfono con sus médic@s y enfermer@s, las colas en la calle para acceder a su Centro de Salud, las listas de espera disparadas por la parálisis de los hospitales están originando frustración e indignación en la gente. 

En paralelo a todo esto, paradójicamente, se pone el foco con demasiada frecuencia en la ciudadanía como responsable de los contagios y la extensión de la enfermedad y parece que la única solución, a la espera de la deseada vacuna, son las restricciones y multas. 

Son conocidas las declaraciones hechas por Díaz Ayuso culpabilizando a la inmigración de la extensión de los contagios o diciendo que la forma de frenar los contagios es con más militares, policías o guardias civiles, en lugar de reforzar el sistema sanitario o la presencia de los servicios sociales. 

No cabe duda de que muchas de las medidas puestas en marcha son necesarias (distancia social, utilización de la mascarilla, restricciones a la movilidad, confinamiento en la primera oleada, etc.) y hay que seguir incidiendo en ellas, pero después de la primera oleada, donde la urgencia y la dimensión de la pandemia, nunca vista antes, obligaban a tomar medidas rápidas y urgentes, han pasado 10 meses y parece que la lucha por contener y erradicar la enfermedad no puede obviar la responsabilidad de las diferentes Administraciones. 

Hay que derogar algunas leyes, modificar otras y hacer una apuesta clara por nuestro sistema Sanitario Público. 

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento la toma de los siguientes Acuerdos:

 - Exigir a la Comunidad de Madrid que se cubran los traslados de personal sanitario al Hospital Isabel Zendal o vuelvan a su Centro.

- Exigir a la Comunidad de Madrid la reapertura de los Centros de Salud que siguen cerrados. 

- Exigir a la Comunidad de Madrid la reapertura de los Servicios de Urgencias, también en fin de semana, dentro de la Atención Primaria. 

- Exigir a la Comunidad de Madrid la recuperación de las consultas presenciales como actividad prioritaria, manteniendo las consultas telefónicas con carácter complementario. 

- Exigir al Gobierno de España la derogación de la Ley 15/97 y del Decreto 29/2020. De esta moción se dará traslado: 

• A Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública del Henares. 

• Al Consejo Consultivo de Entidades Ciudadanas. 

• A los grupos políticos de la Asamblea de Madrid. 

• A los grupos políticos del Congreso de los Diputados.

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