Hace una semana, los residentes de Medicina y Enfermería de Madrid convocaron oficialmente una huelga —a partir del próximo lunes y de forma indefinida para las guardias y la jornada de los lunes, del 100%—, por las condiciones laborales que soportan desde hace años, recrudecidas por la crisis de la covid-19. Y hace también una semana comenzaron las presiones. El Comité de Huelga MIR denuncia la imposición de unos servicios mínimos “abusivos”, del 100%; coacciones verbales “para evitar que la secunden quienes están dudando”; órdenes por parte de la Dirección General de Recursos Humanos del Sistema Madrileño de Salud (Sermas) a los centros para “desincentivar la afluencia”; y “malas formas e indisposición a resolver el conflicto” por parte de la Consejería de Sanidad.
Este miércoles, el Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad envió un comunicado en el que informaban de que los residentes llevaban una semana recibiendo “correos electrónicos que les transmiten instrucciones emanadas de las unidades docentes”, y que a su vez procedían del Sermas. “En relación a la huelga de residentes, informar que desde su convocatoria no está permitido ni la solicitud de nuevos permisos voluntarios, ni cambios de guardias”, se lee en uno de esos emails. “No pueden aprobarse nuevas solicitudes de vacaciones, permisos ni licencias para el colectivo afectado por la huelga. Tampoco podrán realizarse cambios de guardia”, se lee en otro.
También este miércoles, el Comité, representado por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), envió a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la petición de “la adopción de la medida cautelarísima “inaudita parte”, consistente en suspender la propuesta de servicios mínimos” del Sermas, que se resolverán en un plazo máximo de 48 horas.
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