El confinamiento ha asfixiado a un gremio que ya vivía 'con la soga al cuello': el de los libreros. Valentín García heredó de su madre la librería Abascal, en Torrejón de Ardoz, que alcanza los 33 años de actividad ininterrumpida. Ahora, a la crítica situación que ya arrastraba por el efecto de la Ley de gratuidad de libros de texto de la Comunidad de Madrid se suman “demasiados meses sin ingresos” por la pandemia. Un escenario dramático que le obliga a estudiar la continuidad de su negocio después de septiembre. Decenas de compañeros, en las mismas circunstancias.
El comienzo del próximo curso escolar resultará clave para que las pequeñas librerías se repongan del varapalo económico sufrido. Sin embargo, el optimismo escasea en el sector. Este año se aplica íntegro el Acuerdo Marco del Plan Accede, que regula la adquisición de libros por parte de los centros para crear un banco que abastezca a las familias de forma gratuita, una normativa “que beneficia a las grandes superficies y nos hará cerrar al 70-80 por ciento”, denuncia José María Gil, presidente de la Asociación de Pequeñas Librerías de Madrid.
Los requisitos que establece este programa de la Consejería de Educación “dificultan” a las pymes competir en igualdad de condiciones. El principal escollo es que cada centro debe elegir un único proveedor, lo que “reduce” las opciones de los minoristas. Además, Gil explica que el precio fijo por libro recogido en el Acuerdo Marco “está en algunos casos por debajo de nuestro coste”. Tampoco pueden asumir, comenta, tener un empleado en exclusiva para atender a los colegios e institutos, como se exige. “Es inviable”, sostiene.
El Defensor del Pueblo se ha pronunciado en la misma línea que los libreros, instando al Gobierno regional a que “desista del contrato”. Sin embargo, su reclamación no ha surtido efecto. “Son cláusulas abusivas, pero la Comunidad sigue en su empeño”, lamenta la asociación, que también cuenta con el respaldo de los partidos de la oposición en la Asamblea.
Los libreros aseguran que su postura no es contraria a la gratuidad de los libros de texto, cuya venta supone el 60 por ciento de sus ingresos anuales, pero sí del modelo implantado para regularlo. Por ello, piden a la Consejería que “reconsidere” los precios fijados y medite sustituir la normativa actual por un cheque-libro. Es decir, que la Administración asuma el coste de los libros, pero que las familias puedan elegir donde comprarlos. “Es el sistema más justo y donde nosotros podemos competir”, comenta, por su parte, el librero torrejonero.
Este cheque*libro ya funciona en otras autonomías, como la de Murcia, después de una experiencia fallida con un plan similar al que ahora pone en marcha el área que lidera Enrique Ossorio en Madrid. “Allí tuvieron que cerrar 150 librerías”, recuerda José María Gil. Si el Acuerdo Marco no puede derogarse ahora, los libreros no verían mal que se repita este curso el modo de contratos menores que ya se aplicó en 2019.
Educación defiende la idoneidad del Plan Accede
La Comunidad difiere en la radiografía del Plan Accede que hacen las pequeñas librerías. Fuentes de la Consejería de Educación explican que el Acuerdo Marco “evita una única compra centralizada a un único suministrador que hubiera supuesto dejar fuera el comercio de proximidad”. Así, plantea que se establecen condiciones “viables” como una facturación anual de 23.000 euros y una persona de apoyo al servicio del programa Accede.
También precisan que se ha fijado un “límite máximo” en los descuentos y un tope en la adquisición de libros por establecimiento a fin de que “los grandes distribuidores no partan con ventaja a la hora de ofrecer un precio más ventajoso”. Asimismo, descartan la alternativa del cheque-libro, al menos por el momento. “La derogación del Plan Accede no es posible de cara al curso 2020/21 por cuestión de tiempo”, cuentan. Para su suspensión, concretan que sería necesario “un acuerdo de renuncia de todos los licitadores”, trámite que consideran “completamente imposible” de realizar antes de septiembre. “El próximo año valoraremos debidamente la posible modificación de la ley con el objeto de explorar otras opciones”, conceden.
La vigencia de la normativa se extiende hasta el 30 de abril de 2023, pero la Asociación de Pequeñas Librerías madrileñas afirma que la gran mayoría del sector estaría de acuerdo en renunciar a la adjudicación. De hecho, cuenta que solo un 10-15 por ciento de los negocios están suscritos a la licitación, “y muchos por desconocimiento”, matiza. Entre ellos, él mismo, que podría optar a suministrar a los centros pero la difícil situación económica de su librería lo ha empujado a “renunciar a dar presupuesto” a colegios que solo han solicitado.
Los libreros piden sensibilidad con un colectivo “financió el Plan Accede el año pasado”. Al respecto, Valentín García señala que la Consejería adquirió libros como parte de contratos menores antes del inicio de las clases y “pagó a muchas librerías en diciembre o incluso en enero, pasado el plazo máximo”. Hasta que le ingresaron el dinero, algunos comercios “tuvieron que pedir créditos personales” y otros se beneficiaron de la solidaridad de editoriales y distribuidores “que nos retuvieron los pagos”.
En el último mes, quien ha tenido este tipo de gestos solidarios ha sido la clientela, que ha respondido “bastante bien” a la reapertura de los negocios, agradece el propietario de la librería Ábalos. Como ejemplo, el de una señora que se acercó para recoger los libros que no pudo regalar el pasado el Día del Libro. La cancelación de este evento le supuso fuertes pérdidas, pues “el mes de abril es bastante fuerte” ya que en Torrejón de Ardoz el Ayuntamiento organiza ‘El mes de las letras’, por el que se incentiva a comprar libros y donarlos a ONG.
Campaña municipal de impulso al sector
El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha trazado una estrategia para reactivar las ventas de estos establecimientos. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, ha solicitado a las juntas de distrito que autoricen a las librerías a sacar sus fondos a la calle el próximo 23 de julio para celebrar el Día del Libro que la pandemia anuló. “Una manera sencilla y eficaz de ayudar a un sector que ha quedado muy amenazado por la grave crisis originada por la Covid-19”, han señalado desde el área.
Asimismo, el Consistorio capitalino ha lanzado esta semana una campaña publicitaria orientada a incentivar el consumo de la cultura en papel. El eslogan de esta iniciativa, ‘Compra en librerías. Leer te hace libre’, se ha estampado en llamativas banderolas y mupis tanto convencionales como digitales por toda la ciudad.
La acción se enmarca en el Plan Aplaude Madrid, nacido para paliar el nefasto efecto económico de la crisis del coronavirus en el tejido cultural madrileño. Para apoyar la rama editorial, se destinarán 330.000 euros a la adquisición de libros y audiovisuales en las librería de la ciudad que recibirán las bibliotecas municipales. A esta partida se suman una extra de 100.000 euros para las bibliotecas de Vallecas a través de los presupuestos participativos y otra de más de 1,1 millones de euros vía Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).
El Plan también recoge ayudas por importe de 80.000 euros a estos negocios para el fomento de la lectura y las editoriales se verán favorecidas con 95.000 euros para favorecer su presencia en ferias internacionales. Por último, se prevé que tanto la Feria del Libro como las Ferias del Libro Antiguo reciban subvenciones por un importe de 76.000 euros.
De hecho, el aplazamiento de la 79 edición de la Feria del Libro al mes de octubre -del día 2 al 18- “afectó bastante” a los libreros y redujo de forma sustancial los ingresos del primer semestre del año. Por ello, la Asociación de Pequeñas Librerías de Madrid agradece las propuestas del Gobierno local y espera que atraigan público para “hacer nuevos clientes”. “Todo apoyo es poco ante esta situación caótica”, reiteran.
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