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El Gobierno regional quiere repartir gratuitamente a todos los madrileños una o dos mascarillas

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la compra de siete millones de mascarillas modelo FFP2 por valor de 14,3 millones de euros, una segunda partida que se sumará a las ya adquiridas por la Comunidad de Madrid en una primera fase y cuya compra la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso indicó el pasado martes.



El anuncio ha sido realizado por el vicepresidente y portavoz regional, Ignacio Aguado, a los medios de comunicación de manera telemática tras la celebración del Consejo de Gobierno, que en esta ocasión ha tenido lugar en martes debido al Pleno extraordinario organizado mañana en la Asamblea de Madrid. Según ha explicado el de Ciudadanos, esta medida se enfoca a “garantizar la mayor protección de los ciudadanos de la región contra el coronavirus durante el proceso de desescalada”.

Las estimaciones del Gobierno señalan el próximo día 9 de mayo como día de la reapertura parcial de la actividad económica en la región, fecha que Ayuso también señaló como objetivo para el reparto de estas mascarillas entre la población madrileña. Sin embargo, hasta el momento estas solo han sido facilitadas al personal sanitario en cifras inferiores a las de 7 millones, al tiempo que Aguado ha señalado que esta nueva partida será destinada “fundamentalmente” a este mismo colectivo.
“Estamos intentando hacer el mayor acopio de mascarillas posibles para poder desplegar dos estrategias: la primera, que ya se está realizando, es el reparto de mascarillas en hospitales y a personal asistencial y sanitario, y por otro lado la estrategia de reparto a la población” ha explicado Aguado al respecto. Según ha explicado, “el objetivo del Gobierno es que al menos cada madrileño tenga una o dos mascarillas en su casa en la medida en que vaya avanzando el desconfinamiento”, asegurando que el reparto será “gratuito” y que el método de envío está todavía en estudio.

“Lo que sí sabemos es que se hará de forma escalonada y que se harán los envíos en función de qué segmentos de población puedan ir incorporándose a la actividad cotidiana”, ha indicado. Así, el vicepresidente ha señalado que está previsto que los primeros en recibir dichas mascarillas sean los sanitarios y personal asistencial, para posteriormente ser extendidas a población “crítica” o con mayores riesgos de contagio y, por último, el resto de la población.

Asimismo, desde el Gobierno regional se ha hecho hincapié en que la declaración del estado de alarma justifica, en la presente situación de emergencia nacional, la adopción de medidas destinadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos. Por ello, la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad ha realizado una Declaración de Emergencia para garantizar la protección de los ciudadanos mediante la adquisición de este material.

Obligación en el transporte público y teatros


El vicepresidente de la Comunidad ha avanzado que el Ejecutivo regional obligará al uso de mascarilla en todos los teatros de su competencia para proteger a los usuarios del coronavirus, así como ha indicado que han solicitado “al Gobierno de España que sean ellos los que por ley obliguen a utilizar las mascarillas en el transporte público. De hecho ha habido varias comunidades autónomas que a través de sus consorcios y empresas de servicios públicos también lo han solicitado, y espero que en los próximos días se establezca esta obligación”.

Tal y como ha indicado, “hemos detectado que una de las principales vías de propagación del virus es, tal y como indican algunos expertos, a través del transporte público, por eso es importante extremar las medidas de prevención y autoprotección” para garantizar que no haya contagios entre viajeros, al ser la medida más efectiva de prevención en caso de que se rompa el distanciamiento social.

Respecto a los teatros y centros culturales, Aguado ha señalado que con esta orden de obligatoriedad pretenden “que el resto de teatros y empresas de ocio de la región tomen buena nota de la medida y de la actitud del gobierno para que se acojan a esta recomendación que estimo que debería convertirse en una obligación”.
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