La Fiscalía acusa al alcalde de Coslada, el socialista Ángel Viveros Gutiérrez, y tres personas más vinculadas a este Ayuntamiento en 2010 -José Luis Alonso Dávila, arquitecto municipal, Ángel Martínez Arribas, secretario municipal, y Antonio Murillo Díaz, concejal de Urbanismo- de los delitos de prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico. El Ministerio público reclama la apertura de juicio oral para sentar a todos ellos en el banquillo de los acusados.
Las cuatro personas contra las que pide el procesamiento aprobaron la licencia de construcción de un centro comercial sobre el yacimiento neolítico El Calvario. Y pide cerca de 4 años de prisión para cada uno de ellos por haber aprobado una licencia de construcción de un centro comercial. Los acusados deberán entregar 2.246.121, 79 de euros a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid por el coste de la intervención arqueológica necesaria para recuperar y valorar los bienes destruidos por las obras.
La construcción de un centro comercial en Coslada se ha llevado por delante gran parte del yacimiento arqueológico de El Calvario (30.000 metros cuadrados), con restos del paleolítico y neolítico. La Comunidad abrió un expediente sancionador al municipio por infracción muy grave. El Ayuntamiento solicitó en 1991 la declaración de Bien de Interés Cultural de la zona, pero años más tarde cambió de opinión, modificó el uso de la parcela y otorgó autorización para realizar un movimiento de tierras.
Del yacimiento arqueológico El Calvario, en Coslada, solo queda un gran agujero. La mayor parte de los vestigios del neolítico y del paleolítico que atesoraba la zona ha sucumbido ante la decisión municipal de levantar en esos terrenos un centro comercial, que todavía no se ha edificado.
La pérdida se ha producido a pesar de que el municipio tenía muy claro en 1991 que era necesario proteger al máximo los terrenos. Para ello solicitaron la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del entorno. Un convencimiento que cayó en el olvido años más tarde, aunque el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya había incluido al yacimiento en esa categoría de forma preventiva, hasta que se diera el visto bueno definitivo.
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