La Policía Nacional ha abierto una investigación en la que trata de aclarar todo lo que ocurrió en la sede madrileña de CNH Industrial, una empresa de automoción, propiedad del grupo Iveco, antes de que, Verónica, de 32 años, se suicidase el sábado pasado.
Esta trabajadora decidió quitarse la vida dos semanas después de que sus compañeros de trabajo comenzasen a difundir masivamente un vídeo sexual suyo, que incluso llegó a manos de su marido. Ahora, los agentes deben determinar los delitos en los que habrían podido incurrir hasta 2.500 trabajadores, que son precisamente los que componen esta fábrica de camiones.
Según explica Borja Adsuara, experto en Derecho Digital, no queda duda de que todos los trabajadores que difundieron el vídeo de su compañera, sin su consentimiento, habrían cometido un delito de revelación de secretos, cuya pena oscila entre los 3 meses y el año de prisión, además de la responsabilidad civil, cuya sanción económica quedaría en manos del juez, en base al perjuicio moral que los hechos pudiesen haber causado a la familia de la víctima.
No hay excepciones, el delito se podría extender tanto para el primero que decidió compartir el vídeo, como para los que después lo hicieron con los compañeros de la empresa. Así se desgrana en el Artículo 197.7 del Código Penal, en referencia a la comisión del delito de revelación de secretos. "Todo el que, sin autorización de la persona afectada, difunda revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella, que hubiere sido obtenido con su anuencia —con su permiso— , cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal...".
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