El regidor de Alcalá de Henares y presidente de la Manocomunidad del Este, Javier Rodríguez, advierte al Gobierno regional que su postura va a ser de "oposición frontal, política, administrativa, legal (no descartan ir a los tribunales) y social, a aumentar la capacidad del vertedero". Responde así a la misiva que ha recibido de la Consejería de Medio Ambiente en contestación a otra en la que Rodríguez mostraba su preocupación por la próxima colmatación del vertedero en el primer trimestre de 2019. En él se entierran, sin recibir ningún tratamiento, los residuos que generan 700.000 habitantes de 31 municipios del este de la región. De momento, no se ha iniciado la construcción de la instalación que debería sustituir a esta en Loeches y la pregunta es ¿dónde se puede llevar la basura hasta que se edifique?
El Gobierno regional informa en la carta a Alcalá de Henares de que, desde su punto de vista, existen tres posibilidades. La primera de ellas supone aumentar la capacidad del vertedero de Alcalá hasta que esté lista la planta de Loeches. Una opción que rechaza completamente el presidente de la Mancomunidad del Este. "Es sorprendente e inaceptable, porque tira por la borda tres años y medio de trabajo técnico y político con el Gobierno regional y nunca antes se había planteado como viable", asegura Rodríguez.
En primer lugar, afirma, que este planteamiento supone un completo "desconocimiento del vertedero", porque incrementar la altura significa aumentar su huella en la ciudad con más olores en las zonas donde ya existen y la posibilidad de que la pestilencia se expanda. Como segundo punto a tener en cuenta, Rodríguez explica que solo con elevar la altura no sería suficiente para recoger los residuos que se esperan, sería necesario contar con más base. Para ello, es necesario invadir terrenos que no son de propiedad de la mancomunidad, por lo que habría que expropiar.
Y, por último, el regidor añade, que el quinto vaso del vertedero, en uso en la actualidad, carece de licencia de actividad y de obra, por lo que habría que realizar una regularización a efectos fiscales y administrativos. "Se puso en marcha cuando era alcalde de la localidad Bartolomé González (PP) y no solicitó el permiso".
La consejería propone otras dos soluciones, pero ambas con problemas. Una de ellas, implica la utilización de otra instalación en la Comunidad de Madrid, realizando la transferencia en el actual vertedero. Pero teniendo en cuenta que los vertederos de Pinto y Colmenar Viejo se encuentran también al límite de su capacidad, matiza Medio Ambiente. Como tercera alternativa, se podrían trasladar los residuos a otra instalación de la Comunidad, lo que implicaría, añade el Gobierno regional, un incremento en los costes y en la huella de carbono.
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