El pasado 11 de enero un conocido grupo de grafiteros detuvo un tren de Cercanías en la línea C-2 la que usan muchos sanfernandinos para ir al centro, con destino Atocha entre las estaciones de Vallecas y El Pozo. Accionaron el freno de emergencia para detener la marcha del convoy y poder pintar los vagones, causando incluso pánico en los viajeros al irrumpir al grito de "atentado".
La Policía Nacional detuvo a cuatro de ellos hace unos días por causar daños en trenes por valor de 170.000 euros. Por desgracia, actos vandálicos de este tipo son frecuentes en los servicios de Metro y Cercanías de Madrid. Se trata de un fenómeno que lleva años en auge y que aún no se ha atajado con contundencia. Una de las problemáticas que arrastra es el desembolso que supone para las arcas públicas corregir las pintadas que dejan los grafiteros.
En 2017, el gasto en la limpieza de los más de 1.600 grafitis registrados en Metro y Cercanías rondó los 4,6 millones de euros, según datos hechos públicos Renfe y la empresa pública de la Comunidad de Madrid. En concreto, el año pasado en Cercanías Madrid se produjeron 770 pinturas vandálicas que generaron un gasto de unos tres millones de euros. Renfe no ha facilitado las cifras de 2016 para ver su evolución.
Por su parte, para Metro de Madrid el coste total de las tareas de limpieza y daños ocasionados en las instalaciones ascendió en 2017 a casi 1,6 millones de euros, 300.000 euros más que el año anterior. Se consumaron 852 grafitis y 212 pintadas frente a los 714 grafitis y 286 pintadas de 2016.
La compañía pública avanzó el pasado mes de diciembre que iba a poner en marcha un servicio de limpieza específico para la limpieza inmediata de grafitis en sus estaciones por medio de un contrato adicional con un importe de 1,2 millones de euros. "Dependiendo del tamaño del grafiti, un tren puede tardar en salir del taller entre 8 horas, si la acción es mínima, o hasta una semana si afecta a la pintura y a la chapa del convoy", aseguran desde Renfe, que explican que las pinturas que utilizan los grafiteros suelen ser de secado rápido y contienen ácido, lo que provoca que al limpiar se destruya la película de protección antigrafitis que llevan los vagones.
Modus operandi
Estos grupos organizados tienen dos modus operandi para vandalizar estos medios de transporte público. Uno de ellos consiste en accionar el freno de emergencia mientras circula el tren. Esta acción obliga al convoy a detenerse.
En ese momento, los grafiteros aprovechan para bajar del tren y realizar la pintada ante la mirada de los viajeros. Se trata de una maniobra arriesgada en la que deben actuar de forma rápida y coordinada para evitar ser sorprendidos por las fuerzas de seguridad. La otra manera de actuar consiste en entrar en las cocheras donde se guardan los trenes y realizar los grafitis.
Pese a que hay cámaras y presencia de vigilantes, tiene menor riesgo: el espacio es más amplio, lo que les permite tener un mayor margen de reacción ante cualquier imprevisto. Siempre van encapuchados para evitar ser reconocidos.
Poca incidencia en los autobuses Desde la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid señalan a este diario que en los últimos años «no hemos tenido muchas incidencias con los grafitis» en los autobuses. «Al ser la mayor parte de la superficie acristalada es más complicado. Sí suelen escribir en las lunas con ácido», explican.
La compañía, no obstante, no ha proporcionado cifras sobre los grafitis que se registaron el año pasado en su flota de más de 2.000 autobuses. En la actualidad, la justicia considera, por regla general, este tipo de actos de vandálicos como una falta que no supone la destrucción sino el deslucimiento de un bien.
El artículo 626 del Código Penal castiga a "los que deslucieren bienes muebles o inmuebles de dominio público o privado, sin la debida autorización de la Administración o de sus propietarios" con la pena de 2 a 6 días de localización permanente o 3 a 9 días de trabajos en beneficio de la comunidad.
Por su parte, la Ley de Seguridad Ciudadana, en su artículo 37, considera estos comportamientos como infracciones leves, con multas de entre 100 y 600 euros.
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