La presidenta regional Cristina Cifuentes cierra el año con dos grandes avances en materia educativa: la primera ley madrileña de Educación Superior (Lemes), que ya está en la Asamblea para su tramitación, y el Acuerdo por la Educación Madrileña, que ha sido aprobado por el Consejo Escolar.
"Es una ley necesaria para mejorar la competitividad de las universidades madrileñas", defiende Cifuentes, ya que Madrid es la única región que no dispone de una ley de educación superior, mientras que PSOE y Podemos han anunciado sendas enmiendas a la totalidad.
Para la presidenta, el proyecto es fruto de "más de 60 reuniones con los rectores de universidades públicas y privadas", con los sindicatos y representantes estudiantiles para buscar "el mayor consenso" posible.
La ley, que se espera aprobar antes del próximo verano, reforzará el sistema público y modernizará la educación superior mediante una financiación estable renovable cada cinco años, con una parte fija y otra variable, basada en parámetros cuantificables.
Aunque se desconoce el porcentaje de la parte variable, Cifuentes ha garantizado que el importe fijo "cubrirá los gastos básicos, lo que necesitarán las universidades para funcionar", en función de su tamaño, número de estudiantes y profesores, titulaciones impartidas.
La subvención variable, que ya aplican Cataluña, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana y Murcia, primará mejoras en la docencia, investigación y transferencia del conocimiento, según Cifuentes para quien "una financiación mayor es un estímulo para la búsqueda de la excelencia".
La parte variable se medirá por el número de publicaciones y su impacto; la tasa de éxito de las titulaciones; el uso de nuevas metodologías docentes, planes de estudios bilingües, y la capacidad para captar fondos para investigación y para atraer a estudiantes e investigadores extranjeros, a través de la nueva figura de 'profesor visitante distinguido'.
Respecto a las universidades privadas, la Lemes eleva los requisitos mínimos para la apertura de nuevos centros, que "no se pueden concebir como negocio".
La ley marca "un antes y un después en la enseñanza superior, al aportar mejor financiación, mayor participación de estudiantes y mayor protagonismo de los profesores", según Cifuentes que ha llamado a los grupos en la Asamblea a hacer aportaciones para "mejorar el texto".
El proyecto "se ha modificado sustancialmente hasta la propuesta actual, que cuenta con el respaldo de los rectores, algo esencial para iniciar la tramitación", afirmó.
Para el PSOE, esta ley "intervencionista" y "poco ambiciosa" no responde al modelo de universidad que Madrid necesita, ni tampoco asegura su excelencia y equidad, ya que "falta un diagnóstico real de la situación del sistema universitario, sus logros y su capacidad de mejora".
Además, choca con "el principio de autonomía universitaria" recogido en la Constitución Española, y parte de "la errónea idea de que de que se trata de un ámbito en decadencia", que requiere "intervenir políticamente para aumentar su control y fomentar la calidad".
Su portavoz Ángel Gabilondo apuesta por "devolver el texto" mediante una "enmienda a la totalidad" y ponerse a "trabajar seriamente" porque la ley "no tiene el consenso suficiente".
Podemos propondrá en su enmienda un sistema de tasas progresivo según los recursos del estudiante; becassalario para que estos no tengan que trabajar mientras estudian, y que las mujeres ocupen 40% de los órganos de gobierno de las universidades.
Además de "favorecer la multiplicación de las universidades privadas para que hagan competencia desleal a las públicas", la ley busca "un modelo de universidad de mínimos, intervenida y dirigida por el control de su financiación, la creación de nuevas figuras de profesorado de acreditación exprés, seleccionados sin concurrencia competitiva", según Podemos.
Asimismo, acusa al gobierno de "consagrar un régimen especial para las universidades católicas, a las que exime de cualquier obligación para con la Comunidad".
El otro logro del año, el Acuerdo por la Educación Madrileña, ha sido aprobado por el 75 % del Consejo Escolar, con 17 % de votos contrarios y 8 % de abstenciones. CCOO, FAPA Giner de los Ríos y la Federación de municipios Madrileños registraron votos particulares.
El documento consta de ochenta actuaciones divididas en diez ejes -cada uno recibió al menos 60 % de votos favorables- y una inversión de 855 millones hasta 2020.
El acuerdo busca mejorar los indicadores de educación Infantil, Primaria, ESO, así como las competencias clave o la reducción del abandono escolar.
"Lo más novedoso es el objetivo de elaborar un Plan Integral de Evaluación de la Educación Madrileña, que abarque desde el consejero hasta el último niño, algo fundamental para abordar una reforma", según el sindicato ANPE.
Ello requiere "un diagnóstico del sistema educativo actual. Hay voluntad de saber qué fallos y qué fortalezas tiene. Es uno de los puntos más interesantes y más complicados del acuerdo, el que más trabajo va a llevar", añade el sindicato para quien el acuerdo madrileño "servirá de acicate" para otras regiones.
Para la FAPA, el acuerdo es "un brindis al sol", mientras que CCOO y UGT ven "esencial" que antes de iniciar la negociación del acuerdo educativo se firme el convenio sectorial, ratificado en la Mesa y pendiente de la aprobación de Cifuentes.
En cuanto a los deberes escolares, la Comunidad ha decidido no legislar al respecto y que cada centro defina internamente, de forma conjunta con profesores, alumnos y padres, su propia política de deberes que formará parte del proyecto educativo del centro y será uno de los criterios a la hora de elegir colegio.
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