Después de cuatro años de duras negociaciones, la Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo aprobaba la semana pasada nuevas recomendaciones para una reforma de las pensiones que garantice la sostenibilidad del sistema. Con el voto a favor de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, la abstención de EH-Bildu y el BNG y el voto en contra de Vox, el texto con una veintena de recomendaciones será elevado al Pleno del Congreso donde tendrá que someterse a una nueva votación, junto a los votos particulares que decidan presentar los grupos.
Entre las principales recomendaciones aprobadas están recuperar el IPC como referencia para la subida de las pensiones, sanear el déficit del sistema de a partir de un reordenamiento de sus gastos, fomentar el retraso de la jubilación, los planes de empresa complementarios y la elección de los mejores años de cotización para cubrir lagunas de cotización.
Si hay alguien que ha estado siguiendo con interés el proceso que ha llevado a gestar estas recomendaciones ha sido Santiago Menchero, portavoz de la Asociación de Jubilados con más de 40 años cotizados (Asjubi40), una plataforma creada para reivindicar que se despenalicen las jubilaciones anticipadas en largas carreras profesionales. Después de mucho tiempo abanderando este movimiento y habiendo sumado muchas adhesiones políticas a su causa, un punto de los acuerdos aprobados les tiene presentes, aunque no como ellos esperaban.
En el texto se sugiere analizar cuánto cuestan las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas y su impacto en la equidad de las pensiones, con especial atención a casos forzados y de largas carreras de cotización y se dan tres meses al Gobierno para proponer una respuesta ante "efectos inequitativos" de estas penalizaciones.
“El Pacto no dice claramente si nos reconoce. Recomienda realizar un estudio, que tiene que estar concluido antes de tres meses, para calcular a cuántas personas puede afectar y lo que puede suponer”, señala Menchero. “Pero el Pacto de Toledo no está para eso, para pedir un estudio, sino para decirle al Gobierno que han detectado una injusticia, una injusticia intrínseca, como llegó a admitir el ministro Escrivá, se nos está haciendo un daño para toda la vida”.
Una larga carrera laboral desde los 14 años
Santiago Menchero empezó a trabajar a los 14 años como botones en una oficina. Otros compañeros suyos con esa misma edad se estrenaron en fábricas y empresas como aprendices. Corría el año 1966 y “hacía falta llevar dinero a casa porque no llegaba para la vida cotidiana”. Desde entonces estuvo trabajando de manera ininterrumpida en distintas empresas, principalmente del sector de las telecomunicaciones, hasta que con 59 años se quedó en paro. “Estuve bastante meses desempleado hasta que encontré un trabajo donde me pagaban por debajo de lo que venía cobrando y no me mantenían el nivel de lo que estaba cotizando”. De modo que tuvo que hacer un convenio con la Seguridad Social para mantener su base de cotización y prescindir de una parte del sueldo en su día a día.
A los ocho meses, con la crisis, la empresa le rescindió el contrato y volvió al paro, donde tuvo que seguir costeando el convenio con la Seguridad Social para que no le bajara la base de cotización. A los seis meses, con 61 años, 47 cotizados, y la imposibilidad de encontrar un trabajo a esa edad, “me dieron la jubilación anticipada de manera forzosa y me aplicaron un 24 por ciento de penalización en la pensión. A otros miembros de Asjubi40 les penalizan con un 32 por ciento e incluso con un 40, y mantenemos esa penalización toda la vida”.
Asjubi40 lleva cuatro años denunciando lo que consideran una injusticia y han recogido 500.000 firmas a favor de eliminar los coeficientes reductores que se aplican de por vida a la pensión de los trabajadores que se han jubilado anticipadamente, a pesar de haber cotizado 40 años o más. “Pedimos que no se nos castigue con una cadena perpetua que no se aplica en ningún país de Europa. Incluso en Portugal se quitó hace año y medio la penalización a las largas carreras de cotización, como en Francia, Italia o Alemania. Aquí no sabemos por qué se tiene que hacer así”, se lamenta Santiago. “Y más cuando existen las clases pasivas que recogen la posibilidad de jubilarse a personas con 60 años y 30 años cotizados con el cien por cien de su pensión”.
Menchero rechaza distinguir entre jubilaciones anticipadas forzosas, como la suya, o voluntarias. “Lo que hay que tener en cuenta son los años trabajados. Hay gente que se jubiló por problemas o enfermedades. Se nota en nuestro cuerpo, en nuestra salud. El estrés en las empresas era horrible, ERE, despidos… La mayoría somos gentes que venimos del paro a través de expedientes”.
Se calcula que en todo el país hay unos 530.000 pensionistas en esta situación, cerca de 200.000 en Madrid. Asjubi40 han conseguido que se presenten proposiciones no de ley en las comunidades autónomas, “casi todas aprobadas”, así como en el Parlamento. Ahora centran la lucha en su última oportunidad, la votación en el Congreso. “Esperamos que se modifique en el Pleno lo que el texto plantea sobre nosotros, porque no recoge con claridad nuestra petición”.
Los plazos que se manejan son cortos. “Lo quieren entregar antes de que acabe el año e incluir en los Presupuestos Generales del Estado lo que puede suponer no lo nuestro, sino todas las recomendaciones. Creo que hay de plazo hasta el 4 de noviembre para presentar los votos particulares de los distintos partidos, algunos recogen nuestra reivindicación”. Luego pasará a la mesa con los sindicatos, “donde se desmenuza más”. Confían que sirva de algo contar “con el apoyo de sindicatos e instituciones que negocian este tipo de cosas” y aportan además unos estudios que demuestran que, aún cobrando antes la pensión, el esfuerzo realizado durante tantos años cotizados es superior al de cualquier trabajador que llega a los 65 años con 35 cotizados y le dan el cien por cien de lo que le corresponde.
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