La Comunidad de Madrid acusa al Gobierno de invadir sus competencias con un acuerdo que carece de "validez jurídica"
La Comunidad de Madrid ha presentado este viernes el recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ministerio de Sanidad donde se les comunicaba la limitación obligada de movimientos de la población en los municipios más afectados por el coronavirus de la región, entre ellos en la capital.
En el recurso los servicios jurídicos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sostienen que la "adopción válida" del acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "requiere el consenso", es decir, "la unanimidad de todas las comunidades autónomas, lo que aquí no se ha producido", por lo que creen que el mismo carece de "evidente validez".
De ahí, que como medida cautelar pidan a la Audiencia Nacional que suspenda la Orden Comunicada del Ministro de Sanidad, de 30 de septiembre de 2020, "mediante la que se aprueba Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2" hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Además, la Comunidad de Madrid acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haber invadido sus competencias "mediante una utilización torticera del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud". "Es la Comunidad de Madrid la que ostenta la competencia para adoptar las medidas sanitarias", agregan.
LA ORDEN PROVOCA UN DAÑO "INJUSTIFICADO"
"Debe prevalecer la competencia autonómica, especialmente cuando con su mantenimiento no se genera riesgo alguno para la salud pública, a la vista, no solo de que se vienen adoptando medidas sanitarias constantes, sino de que esas medidas están teniendo un efecto positivo", subrayan.
En el recurso, el letrado de la Comunidad de Madrid expone que aunque son "conscientes que el impacto económico de las medidas acordadas debe quedar siempre supeditado a las necesidades de salud pública", la orden del ministro de Sanidad, Salvador Illa, provoca, "además de una invasión de las competencias de esta Administración", un daño que "resulta totalmente injustificado en el ámbito económico" y "que se convierte, en el contexto procesal en que nos encontramos, en una pérdida irreparable, que justifica la adopción de las presentes medidas cautelares".
En este sentido, la presidenta madrileña ha aportado a la Audiencia un informe elaborado por la Consejería de Hacienda y Función Pública, donde se afirma que "el impacto de estas nuevas medidas restrictivas para el 71% de la población de la Comunidad de Madrid, en media, hará que se pierdan 750 millones de euros por cada semana de retraso en la reactivación económica, que conlleva la destrucción media semanal de 18.000 empleos".
LAS CONSECUENCIAS DE LA ORDEN
Además, junto a las consecuencias económicas, el Ejecutivo regional defiende que también hay motivos sanitarios para suspender el plan de Salvador Illa para cerrar Madrid: "Situados en estrictos criterios sanitarios, las medidas ahora impuestas resultan menos idóneas, ya que pueden provocar, en los municipios de gran tamaño, un aumento de la transmisión".
Según la Comunidad de Madrid, "la actuación con medidas específicas sobre una población de un municipio de más de tres millones de habitantes como Madrid implica que la población cuya movilidad estaba restringida a una zona básica de salud aumentará por todo el territorio del municipio de Madrid, al aumentar la movilidad aumenta la probabilidad de interrrelaciones, y está demostrada la mayor probabilidad de transmisión de Covid-19 con la movilidad y la interrelación social".
EVITAR "EL CAOS"
El consejero de Justicia e Interior madrileño, Enrique López, ha señalado este viernes que el recurso presentado por el Gobierno regional ante la Audiencia Nacional busca "proteger la salud de los ciudadanos" y evitar "el caos" y "la zozobra" que provocarán las nuevas medidas aprobadas por el Ministerio de Sanidad pese a que "invaden las competencias autonómicas".
"No es un recurso contra el funcionamiento del Estado de Derecho, ni para cambiar la Constitución, ni para saltarse las leyes. Es un recurso para defender el Estado de Derecho, para defender nuestro autogobierno y nuestras competencias", ha incidido el titular del departamento autonómico que ha acusado al Gobierno central de actuar de forma "arbitraria" y "desleal" imponiendo "criterios políticos".
Aún así, López ha agregado que la Comunidad de Madrid es "leal al resto de instituciones", "respetuosa con la ley" y, por eso, va a "dar curso" a la orden dictada por el Ejecutivo central cumpliendo la normativa desde esta noche a las 22 horas. "Estamos ante una orden nula pero que por un principio básico estamos obligados a cumplirla", ha remarcado.
Precisamente por tratarse de "un orden nula" es por lo que López ha defendido la presentación del recurso ante la Audiencia Nacional solicitando medidas cautelares para que esta situación "no vuelva a ocurrir en el futuro". "Queremos que los jueces puedan tomar una decisión cuanto antes mejor", ha expuesto como argumento para pedir las cautelares en lugar de las cautelarísimas en el proceso.
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