D. Miguel Ángel García Capa, concejal del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, al amparo en lo establecido µ.» en el artículo 97 del ROF, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente
Proposición PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A PROPORCIONAR INFORMACIÓN DETALLADA A LAS ENTIDADES LOCALES Y A LAS CC.AA. SOBRE EL INGRESO MÍNIMO VITAL Y A GARANTIZAR QUE LAS ADMINISTRACIONES QUE LO TENGAN QUE GESTIONAR CUENTEN CON RESCURSOS SUFICIENTES.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pandemia provocada por el COVID-19 ha generado una crisis sanitaria, social y económica de terribles consecuencias: . más de 27.000 españoles fallecidos, 3,1 millones de ·españoles. afectados por los ERTES, 4 millones de parados y millones de personas que necesitan ayuda para poder comer.
Tristemente, la pérdida de vidas humanas es ya irreparable pero las administraciones públicas, cada una en nuestro ámbito competencial, debemos trabajar para evitar que los millones de afectados por ERTES no pierdan su trabajo, los parados tengan oportunidades de encontrar un empleo y para apoyar a aquellos españoles que están en riesgo de exclusión y cubrir sus necesidades básicas.
La legislación laboral es una competencia estatal y desde las entidades locales y autonómicas solamente podemos defender la vigencia de aquellos instrumentos que se han demostrado eficaces para crear empleo, incluso durante las crisis más duras, como es el caso de la reforma laboral aprobada en 2012 que creó 2,5 millones de empleos.
En cuanto a evitar la exclusión y cubrir las necesidades básicas de aquellos españoles que, en estos momentos, no tienen ingresos o los que tienen son insuficientes, tanto las entidades locales como las autonómicas tienen vigentes, desde hace muchos años, diferentes instrumentos para ello.
En el ámbito local, son muchas las ayudas sociales que proporcionan alimentos, ayudas para el pago del alquiler, escuela infantil, gastos médicos o pago de impuestos, por mencionar solamente algunos ejemplos de las diferentes necesidades que cubren estas ay1:Jdas, a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación vulnerable y no disponen de suficientes ingresos para subsistir.
Unas necesidades que, desde el principio de la pandemia, se han incrementado. Desde que se decretó el estado de alarma y el cierre de la economía española, las . EE.LL. han experimentando una mayor afluencia de sus vecinos a los servicios sociales, un aumento en el número de ayudas de emergencia social solicitadas y concedidas así como un mayor número de vecinos y familias que acuden a los bancos _de alimentos · locales a proveerse de comida que no pueden adquirir por haber visto reducidos drásticamente sus ingresos a consecuencia de un ERTE o de perder su empleo.
Las EE.LL, que ya venían asistiendo y ayudando a los vecinos y familias más vulnerables de sus municipios, diputaciones, cabildos o consell insulares, han reforzado durante la pandemia las áreas de servicios sociales y aumentado las partidas presupuestarias destinadas a estos servicios y a las ayudas gestionadas por los mismos para atender al creciente número de españoles que han pasado a estar en riesgo de exclusión· social como consecuencia de la pandemia.
Por otro lado, las CC.AA y las dos Ciudades Autónomas .españolas también cuentan con algún programa de renta mínima (las denominaciones varían: "rentas mínima de
inserción", "rentas básicas", "rentas garantizadas de ciudadanía" o "salarios básicos") cuyo objetivo es proporcionar una última red de protección a las personas en situación de pobreza o exclusión social.
Ante esta situación el gobierno de España ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, una nueva prestación de la Seguridad Soéial que tendrá carácter permanente y que, según el propio gobierno, tiene como principales objetivos la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado laboral de l.as personas en situación de vulnerabilidad.
Un ingreso, por tanto, que tiene ·los mismos objetivos que los que ya están gestionando las CC.AA y las entidades locales, y por tanto, aunque compartimos la filosofía de ayudar a los más vulnerables, quizás hubiese sido más eficaz y eficiente .transferir fondos a las CC.AA y entidades locales para que pudiesen continuar reforzando y ampliando las ayudas ya existentes rediseñándolas, si fuese necesario, para que pudiesen cumplir mejor los objetivos que persiguen.
Pero el gobierno de España no ha consensuado esta medida con las CC.AA ni con las entidades locales ni ha contado con la opinión de estas administraciones durante el proceso de elaboración de la norma que regula el Ingreso Mínimo Vital. Estó puede dar lugar a duplicidades e ineficiencias en la gestión además de generar incertidumbre e inseguridad jurídica.
Lo que si sabemos las entidades locales es que, "aunque la competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social", "las CC.AA y las EE.LL. podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social ( ... ) el oportuno convenio que les habilite para ello" y que "en I marco del correspondiente convenio podrá acordarse la posterior tramitación y gestión previas" (Art. 22.2 de Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital).
Y que si suscriben eso convenios, los gastos extra derivados de esta gestión deberán afrontarlos las EE.LL "exclusivamente con cargo a los ingresos corrientes que prevean obtener en el mismo ejercicio en que se inicie el procedimiento" (Disposición Final Sexta)
También sabemos que determinadas CC.AA., País Vasco, Navarra y Cataluña, podrán gestionar esta nueva prestación. Un agravio comparativo entre ciudadanos de unas y otras CC.AA. que contradice la igualdad entre españolas consagrada por la Constitución Española.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente
ACUERDO
Instar al gobierno de España y en concreto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a:
Crear un nuevo fondo que permita a aquellas EE.LL. que asuman la gestión de esta nueva prestación, a través de convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, atender dicha gestión de manera adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes en las mismas.
Sin esos fondos adicionales, será inviable para las EE.LL. gestionar esta nueva prestación estatal y por tanto, será inviable la firma de estos convenios de colaboración.
2. Enviar, de forma urgente y antes de que esta prestación entre en vigor, a todas las EE.LL. el borrador del texto de convenio que tendrían que firmar para gestionar el Ingreso Mínimo Vital para que puedan analizar con sus servicios técnicos las implicaciones económicas, jurídicas y de gestión que se derivan de dicho convenio y valorar adecuadamente si la entidad local puede asumir esa gestión o la misma permanece en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
3. Garantizar que todas las CCAA pueden participar de la misma manera en la tramitación y/o gestión de esta ayuda si consideran que es lo más adecuado para sus ciudadanos.
4. Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al Vicepresidente Segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a los Portavoces de Grupos Políticos del Congreso, Senado y de la Asamblea de Madrid.
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