Este 1 de mayo, jornada en la que se celebra el Día Internacional del Trabajo, será la primera vez -a excepción de los años de la dictadura de Franco- que las calles de Madrid no acojan la tradicional y multitudinaria manifestación en la que se reivindica el cumplimiento de los derechos laborales, la seguridad en el trabajo, el fin de la precariedad en determinados sectores o, entre otras muchas cosas, la creación de nuevos puestos.
Después de 125 años desde que se celebrara la primera concentración de este tipo, Madrid se enfrenta a este primer día de mayo en medio de una crisis sanitaria y, por desgracia, a las puertas de una nueva crisis económica y, por ende, laboral. Las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno Central para evitar la expansión del coronavirus en España, y que ya superan el medio centenar de días, han provocado en la región madrileña una subida del paro del 5'85 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa relativos al primer trimestre de 2020.
Este martes se dio a conocer que, con relación al año anterior, este trimestre la Comunidad de Madrid registra unas 20.600 personas más sin trabajo y una cifra global de 373.000 desempleados. La estadística refleja que la ocupación descendió en el primer trimestre del año un 0,9 por ciento respecto al cierre de 2019 con 27.500 puestos de trabajo menos. Por el contrario, la región madrileña cuenta con un total de 3.147.000 personas con ocupación laboral y en términos interanuales gana 115.000 puestos de trabajo, una subida porcentual del 3,8 con relación al primer trimestre de 2019.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estos datos no recogen a los trabajadores afectados por ERTEs ni a los autónomos que han tenido que cesar temporalmente su actividad. Así lo señalan analistas de Adecco Group Institute, que indican que “los datos de la EPA, dentro de lo negativos que son, no recogen la realidad actual del empleo en España porque recoge en sus 5/6 partes (5 primeras quincenas de las 6 que analiza) un escenario sin los efectos del confinamiento y el parón en la producción y el consumo”, e indica que “de hecho, suele ser un trimestre de malos datos por la finalización de los periodos navideño y de rebajas”, indica Javier Blasco, director de Adecco Group Institute.
“Las cifras reales hablan de una economía en clara recesión, que está tratando de evitar la depresión, y de una enorme pérdida de empleo, que desgraciadamente y dependiendo de los sectores, se va a prolongar varios años. Tenemos que pensar que, si sumamos a los actuales 3,7 millones de parados oficiales a finales de abril que trabajan por cuenta ajena (datos del SEPE), los 1,2 millones de autónomos que han solicitado la prestación por cese de actividad, y los 4 millones de trabajadores de empresas privadas que están cobrando prestaciones por desempleo por están incursos en ERTES, hablamos del entorno de 9 millones de parados. Esto supone una tasa de desempleo del 35-40 por ciento”, aventura.
Ante este poco esperanzador escenario, y poniendo de relevancia que “esta crisis no finalizará con el estado de alarma”, los sindicatos exigen medidas de protección social para todas aquellas personas que han perdido su empleo, que no puedan acceder al mismo o que no puedan encontrarlo. Para el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), estos tiempos requieren de “una renta mínima vital y sostener a las empresas, en especial a las Pymes con el fin de evitar la destrucción del tejido productivo y del empleo”.
Tanto UGT como Comisiones Obreras (CCOO) se han unido de cara a la celebración de este Día Internacional del Trabajo, un “1º de mayo dedicado a las personas que, a pesar del riesgo de contagio y de los deficientes medios de protección, están salvando vidas, ayudando a las personas mayores, dependientes y con discapacidad, y garantizando el funcionamiento de los servicios esenciales”. En su manifiesto, ambos sindicatos señalan que “la sociedad madrileña se encuentra en una situación de emergencia que requiere de medidas extraordinarias para, en primer lugar, ayudar a las personas vulnerables y a quienes ha visto reducidos sus ingresos de forma drástica, y, en segundo lugar, reconstruir la estructura económica y productiva de la Región, garantizando que nadie se queda atrás”.
Reivindicaciones
Entre las exigencias planteadas por CCOO y UGT este 1 de mayo se encuentra la puesta en marcha de forma urgente con financiación suficiente de un Plan de Rescate para las personas más vulnerables, las cuales se han visto “incrementadas y en situaciones límite por el confinamiento”, con el objetivo de asegurar para ellos una vida digna. De nuevo, ambos sindicatos reiteran en la idea que para poder llegar a esto, “la actual Renta Mínima de Inserción (RMI) debe ser un elemento fundamental”.
Por otra parte, se reivindica dotar de mayor potencia “los servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, justicia, seguridad, etc.”, los cuales se han demostrado “indispensables” durante estos meses de crisis sanitaria y pandemia. Así, los sindicatos piden que se reviertan “los recortes producidos durante la crisis de 2008”. Asimismo, CCOO y UTG solicitan un cambio en “el modelo de cuidados a las personas dependientes y que se blinden los sistemas y redes sociosanitarios públicos de la Comunidad de Madrid”, al tiempo que instan a “poner en valor el trabajo realizado en el sector de cuidados y de servicios esenciales a la comunidad”.
“Terminar con la precariedad, establecer condiciones laborales de trabajo dignas y salarios suficientes, de forma prioritaria en los sectores más feminizados, en los que la brecha salarial es clamorosa. Inversión suficiente desde el Gobierno Regional para eliminar la brecha digital en la región”, declaran las dos formaciones en su manifiesto. En este punto, además, solicitan que se trabaje en especial en el terreno educativo, de manera que se garantice que “todas y todos los estudiantes tengan acceso a Internet en su domicilio y dispongan de dispositivos para seguir con las clases on-line, evitando que nadie se quede atrás”.
Es necesario “garantizar la protección de las personas, especialmente de quienes cada día exponen su salud en la lucha contra el Covid-19, dotándoles de todas la medidas de prevención y protección necesarias, respetando los derechos laborales y sindicales”, al tiempo que se reconoce “salarialmente su extraordinaria labor en esta crisis”, dicen desde CCOO y UGT. Estos mismos inciden en que, dada la situación por la que se atraviesa, se ha quedado patente que debe llevarse a cabo una “estrategia económica basada en un cambio de modelo productivo, en un nuevo marco de crisis e incertidumbres porvocadas por la pandemia” y que debemos “dotarnos de una industria capaz de abastecer al sector socio sanitario, especialmente en momentos críticos como el actual”.
Todo ello, enmarcado en “un modelo respetuoso con el medio ambiente, asentado en la creación de empleo estable y con derechos, en la que el que el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2019-2025, consensuado con los agentes sociales, debe jugar un papel fundamental”.
Recuperación de la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación, “tan castigada por los recortes de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid”, y reforzar los recursos destinados a combatir la violencia machista hacia las mujeres, en todas sus expresiones, “en una situación como la actual en la que las víctimas están todavía más desprotegidas”, son dos de las exigencias principales de los sindicatos. A esto añaden el apoyo económico desde los Gobiernos Central y Regional “a los ayuntamientos de madrileños para que pueden acometer la reconstrucción de sus economías con garantías para la creación de empleo y la protección social en el ámbito de sus competencias”.
Por último, los sindicatos reivindican la creación “en el ámbito del Consejo para el Diálogo Social de la Comunidad de Madrid, una comisión que impulse un acuerdo político y social para recuperar la economía fortaleciendo el sistema de protección social para que nadie se quede atrás”.
Medidas de la Comunidad de Madrid
Ante la situación, la Comunidad de Madrid ha indicado que está tomando todas las medidas necesarias para proteger y reactivar la actividad económica y el empleo de la región ante la situación planteada por la crisis sanitaria del coronavirus “con un objetivo prioritario: que ningún, trabajador, autónomo, pyme o empresa se quede atrás”, tal y como indicó este jueves el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, durante su comparecencia en comisión en la Asamblea de Madrid.
Como señalaba Giménez, con la entrada en vigor de la paralización de la actividad económica, la prioridad de su Consejería se centró en gestionar la entrada masiva de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y habilitar ayudas para que los autónomos y pymes de la región pudieran mantener su actividad. En el primer capítulo, y hasta la fecha, se han tramitado ya más de 73.000 de los 74.968 ERTEs recibidos (el 98 por ciento), que afectan a un total de 458.442 trabajadores. Según ha indicado, para facilitar su gestión, el Gobierno regional habilitó formularios que permiten presentarlo o solicitar su prórroga de manera telemática, al tiempo que puso a disposición un formulario para agilizar su inscripción como demandantes de empleo, que ya han utilizado más de 165.000 personas.
En lo referido a las ayudas, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó un primer paquete de medidas que ha movilizado más de 220 millones de euros con el objetivo de ofrecer apoyo y financiación inmediata a los autónomos y pequeñas y medianas empresas, lo que la Consejería ha indicado ser “el verdadero motor de la economía madrileña”, con la idea de que estas puedan paliar en parte las consecuencias económicas causadas por el coronavirus y mantener su actividad. Entre estas ayudas destaca el Plan Impulsa (que ha conllevado una inversión de 17 millones de euros), que ya ha empezado a abonar a los autónomos sin empleados a su cargo una ayuda directa en un pago único de hasta 3.200 euros, correspondiente al pago de 12 mensualidades de la base mínima de cotización a la Seguridad Social.
Se han destinado otros 38,2 millones de euros a poner en marcha el Plan Continúa, que permitirá abonar a más de 70.000 autónomos de la región afectados por el COVID-19 algo más de 534 euros, una cantidad equivalente al importe de las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a los meses de marzo y abril. Esta ayuda se puede solicitar a través de un formulario alojado en la página web de la Comunidad de Madrid. A estas cantidades se unen los 6 millones que permiten al Gobierno regional mantener la Tarifa Plana de 50 euros para los autónomos de la región, así como el fondo específico dotado con 12 millones de euros y destinado a promover el acceso a financiación para pymes y autónomos a través de Avalmadrid.
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