Nunca había recurrido a la sanidad privada hasta ese momento, pero temía contagiar a su madre, persona de riesgo por sufrir hipertensión, o al más pequeño de sus hijos, que tiene los pulmones inmaduros. "Los médicos están dando altas y la gente está saliendo a trabajar sin hacer pruebas", lamenta la joven, que pasó una semana y media ingresada en el Hospital del Henares (Coslada) hasta que le remitió la fiebre y se curó de la neumonía. A partir de entonces, mantuvo dos semanas de cuarentena en casa bajo la supervisión telefónica de un médico de atención primaria que, tras 15 días sin síntomas, le recomendó volver a trabajar.
A la izquierda, el informe clínico de alta de Cristina; a la derecha, la prueba que se realizó en una clínica privada. "Esto está pasando muchísimo, nosotros estamos recibiendo muchísimas quejas en este sentido", denuncia la presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente (Adepa), Carmen Flores. "Hemos tenido muchos casos de personas a las que se les manda a trabajar sin ni siquiera saber si ya están limpios, si están curados. ¿Y qué pasa? Que recaen", asegura.
No es ninguna negligencia médica, es el procedimiento fijado por Sanidad. La Orden SND/344/2020 que ofrece, entre otros aspectos, las instrucciones para la realización de pruebas en el ámbito empresarial, estipula que únicamente se debe efectuar la detección de infección por SARS-CoV-2 en personas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se encuentren hospitalizadas o bien desempeñen una labor esencial, como es el caso de los profesionales sanitarios y sociosanitarios. "Se podrá considerar la realización de test en personas especialmente vulnerables o residentes en instituciones cerradas", añade Sanidad al pie de las anteriores indicaciones.
Alicia (seudónimo para preservar su anonimato) recibió este jueves una baja atrasada por haber sufrido coronavirus, pero para conseguirla tuvo que hacerse un test por su cuenta. Trabaja en un hospital privado y tuvo un pico de fiebre el pasado 20 de marzo. Acudió a urgencias después de que un compañero médico diera positivo, pero a ella no le hicieron la prueba porque no es sanitaria y su caso no revestía gravedad. "Me mandaron que me aislara de toda mi familia y me hicieron seguimiento considerando que era covid", detalla.
Se llevó otra sorpresa desagradable al ver su nómina. La Administración considera 'situación asimilada a accidente de trabajo' la baja de una persona en cuarentena, aislada o contagiada y se hace cargo del 75% de la base de su salario, pero a Alicia solo le abonaban el 60% inicial contemplado para las de 'contingencia común'. "Le comenté a la doctora que a mí me perjudicaba que no se considerara covid y ella me decía que en los partes que enviaba cada semana a la empresa lo estaba comunicando, pero en mi empresa me decían que no les había llegado que fuera por accidente laboral, les había llegado que era por enfermedad común".
La Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones justifica, a preguntas de este periódico, que las circunstancias de Alicia son muy excepcionales y que solo registró casos como el suyo en los albores de la emergencia sanitaria. Asimismo, aclara que puede inducir a confusión el hecho de que en el parte de baja no figuren 'contingencias profesionales', sino 'contingencias comunes'. Es la codificación de la enfermedad como covid-19 la que indica que son contingencias profesionales —expone el departamento—; de ahí que la mejor forma de comprobar si hay un error sea revisar la nómina.
En mi empresa, me decían que no les había llegado un parte de baja por coronavirus, les había llegado que era por enfermedad común
La vuelta al trabajo de Alicia estaba prevista para el lunes 13 de abril, un día antes de que el Gobierno fijara la obligación de receta para hacerse un test por la sanidad privada. "Como estoy en un sitio al que van muchos enfermos, quería asegurarme de que ya no tenía nada, así que me pagué un test serológico", relata. El resultado demostró que en algún momento había sido portadora del virus o seguía siéndolo, de forma que la médica que le atendía regularmente por teléfono le recomendó permanecer una semana más en casa por precaución. Gracias a ello, consiguió también un argumento de peso para que la facultativa anulara sus partes de baja —que hasta entonces no hacían referencia al covid-19— y elevara el error a la Inspección de Trabajo. "Me acaba de llegar una notificación avisando de que se me han reconocido dos tramos de la baja, con lo cual vamos a solicitar a la Seguridad Social que devuelvan la parte correspondiente y que complementen la nómina".
Hay muchos otros compañeros en el hospital de Alicia que sufrieron coronavirus. Con un balance que asciende a 48.046, los sanitarios ya representan más del 20% de todos los contagiados en España; y el porcentaje sigue aumentando desde que Sanidad dio prioridad a la realización de test entre médicos, enfermeras y celadores. Sin ir más lejos, el departamento que dirige Salvador Illa rectificó el pasado 13 de abril su criterio inicial y estableció que todo el personal sanitario contagiado debía someterse a una PCR antes de finalizar su aislamiento.
"No se han realizado los test de detección del covid-19 a ni siquiera la mitad de los profesionales en el conjunto del Estado", afirma el presidente del sindicato de enfermería Satse, Manuel Cascos. Antes de que cambiara el protocolo, a su organización llegaron numerosas reclamaciones por parte de sanitarios que se veían obligados a volver al trabajo sin la realización de la prueba. Y aún no les consta que la directriz de Sanidad se cumpla en todos los casos. "Esta actuación nos parece irresponsable, negligente y que atenta contra la seguridad y salud de los profesionales afectados, así como de todas las personas de su entorno", clama Cascos.
Buena cuenta de ello puede dar una técnica de cuidados auxiliares de enfermería que se incorpora a su puesto en una residencia de ancianos madrileña días antes de publicar este reportaje y que prefiere no desvelar su identidad. Lo hace con miedo porque sufre diabetes y convive con su madre, a la que se le diagnosticó covid-19 por los síntomas. "A mi madre ni siquiera le han hecho el test, todavía no sabe si se ha recuperado o no", comenta después de mantener una conversación con la doctora encargada de darle el alta:
—Yo soy personal de riesgo, ¿a mí me van a hacer el test antes de volver?
—No, aquí no hacemos eso. Tiene que ser a través de prevención de riesgos laborales de la empresa.
Así lo marca la guía de actuación que establece el Gobierno y se recoge en el protocolo para el diagnóstico de los profesionales sanitarios y sociosanitarios de la Comunidad de Madrid, según el cual la reincorporación al puesto de trabajo varía en función de la evaluación que el servicio de prevención de riesgos laborales hace en cada caso. Todos los trabajadores del centro de mayores donde ejerce la auxiliar han cumplimentado un documento para saber a cuántos de ellos se les ha realizado pruebas. "De esto hace 15 días, y hasta ahora ni siquiera nos han hecho los test. Si llegara el caso, al final voy a tener que hacerlo por la privada —se resigna—. Estoy descuadrada ahora mismo. No pensaba que me iba a pasar esto".
Situaciones como la suya son más fáciles de resolver en las empresas grandes, frente a las que los sindicatos tienen margen de maniobra para negociar las condiciones de seguridad en la vuelta de los trabajadores, explican desde CCOO; pero en las compañías pequeñas, donde no hay representación sindical, es más difícil de controlar. "En las empresas con más de 200 trabajadores, si no se toman las medidas oportunas el sindicato o el comité de empresa lo denuncia, pero en empresas con pocos empleados esa posibilidad no existe, a no ser que algún trabajador se ponga en contacto con nosotros de forma individual", sentencian.
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