Esta plaza de España es una ruina. Y, sobre todo, un lío judicial. La solución continúa estando en los juzgados y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares poco a poco va pagando las demandas judiciales que los propietarios van ganando en los Tribunales.
La sociedad mixta quebró y está en concurso de acreedores desde hace más de ocho años y no tiene visos de encontrar solución. Recientemente se ha hablado de que un conocido empresario iba a ofertar unos 50 millones por la plaza (donde un fondo buitre ofreció 27,5 millones), pero de esto aún no se sabe nada, son muchas las negociaciones que hay que realizar y muchos cabos que atar.
La deuda que arrastra es de 94,5 millones de euros. Y la liquidación de los bienes para saldar las deudas de los acreedores está paralizada, porque encima dos juzgados de Madrid han empezado una especie de guerra de competencias que está dilatando el proceso. Se trata del juzgado de lo mercantil número 6 de la capital, el que ejecutó el concurso de acreedores, y el juzgado de instrucción número 5 de Coslada, que tiene sus propias diligencias abiertas para dilucidar si hubo algún tipo de responsabilidad penal en todo este quebranto. Para más inri el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una reciente sentencia quitaba la razón al Ayuntamiento en algunas de sus pretensiones.
Para rizar más el rizo, un tercer juzgado, el 4 de instrucción de Coslada, tuvo que dedicar tiempo a la investigación a la alcaldesa del municipio, Catalina Rodríguez , que dirigía el Gobierno local que heredó todo este desaguisado. El PSOE e IU la acusaron de revelación de secretos y de entregar documentación sensible sobre este caso a un militante de su partido que no trabaja para el Consistorio, pero quedó absuelta. El lío es mayúsculo. Tanto, que el administrador concursal elegido por el juzgado de lo mercantil para gestionar el concurso de acreedores no cree que pueda cobrar sus emolumentos, que ya ascendían a 556.020,74 euros a finales de noviembre de 2016 y que a mayo de 2020 alcanzan el millón doscientos mil euros.
El liquidador es Pedro Bautista Martín Molina, ‘rey Midas’ de las suspensiones de pagos en nuestro país (por ejemplo, lleva también el concurso de Banco Madrid), empresario bodeguero y socio de la Asociación del Humorismo Español (Ashumes). Se publicó que Martín Molina dejó de pasar sus emolumentos (14.605 euros al mes) en noviembre de 2016 ante la dificultad de poder cobrarlos, ya que la deuda supera con creces los activos de la empresa mixta en quiebra.
El caso arrancó en julio de 2008. El ayuntamiento estaba gobernado entonces por Izquierda Unida, aunque todo el pleno aprobó por unanimidad, con los votos de IU, PP y PSOE, constituir una sociedad mixta para rehabilitar la plaza, un conjunto barroco del siglo XVIII declarado Bien de Interés Cultural, y las viviendas que la rodeaban, después se incluyeron dos bloques porque no cumplían el PGOU y había que demolerlos o integrarlos en el plan. Los vecinos tenían la mayoría, con el 51% de las acciones. Para poder hacer el proyecto, el Consistorio solicitó siete préstamos a Caja Madrid (hoy acreedor preferente) por 52 millones de euros y contrató a Construcciones Ortiz. Como asesora del proyecto, vecinos y Gobierno local 'ficharon' a la empresa Woodman, uno de los acreedores que exige ahora 284.000 euros.
Lo que está claro es que el proyecto no cuajó. Todas las partes se acusan entre sí. Falta de voluntad política (se tumbaron ampliaciones de capital) y mala gestión, destinando parte del dinero de la empresa mixta a otras iniciativas de la ciudad que nada tenían que ver con la plaza de España (estudios de barrios, ampliación de dos edificios - calle Coslada y calle Gonzalo de Córdoba- compra de locales de la EMS, contratos anejos con algunos vecinos, un macroaparcamiento que no responde a las necesidades del casco urbano, museo de la ciudad y otros pagos municipales). Han pasado casi 11 años y la deuda es de 94,4 millones de euros. El embargo pesa sobre 200 viviendas, 606 plazas de aparcamiento que se construyeron debajo y varios locales comerciales. Las obras están semiacabadas y el deterioro día a día es evidente, pero los inmuebles están precintados hasta que se resuelva el caso.
Un caso que se ha enrevesado. El juzgado de lo mercantil autorizó al administrador concursal a enajenar bienes de la empresa mixta para empezar a saldar deudas. Uno de los interesados era el fondo de inversión Pacífica Capital Gestión, que ofrecía 27 millones de euros. Pero el juzgado de instrucción número 5 de Coslada paralizó la posible venta. A instancias de la Fiscalía, el 5 pidió al mercantil que aplicara medidas cautelares y quitase del concurso todos los bienes públicos y patrimoniales, a los que calificó como dice la ley de "inembargables, inalienables e imprescriptibles".
El administrador concursal hizo caso al juzgado 5 y está paralizado, aunque fuentes próximas al liquidador señalan "que el único juzgado que tiene competencias sobre este caso es el mercantil. El juzgado de instrucción debe inhibirse de las cuestiones civiles y mercantiles porque son jurisdicción exclusiva del juez de lo mercantil, por otro lado, hay quien afirma que la jurisdicción penal está por encima de la mercantil. Los perjudicados que han acudido por la vía penal no pueden tener mejor trato que los que han decidido reclamar su crédito por la vía concursal". El 4 de mayo de 2017, el juez de lo mercantil pidió al de instrucción que dejara las medidas cautelares sin efecto y autorizara la venta. "El juzgado de instrucción no ha contestado. Si no levanta las medidas cautelares, deberá decidir una instancia jurídica superior", como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero nadie ha planteado resolver este cruce de competencias.
En un nuevo auto de 18 de julio de 2017, el juzgado de lo mercantil deja claro que la plaza no está en venta, el espacio público en sí, sino el aprovechamiento urbanístico del subsuelo, las plazas de aparcamiento y las viviendas. Pero no la plaza. Y más recientemente, el Tribunal de Justicia Provincial ratifica el argumento. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares no piensa igual y su incidente al concurso está recurrido, ya que entiende que el subsuelo y varias viviendas son patrimonio público y no se pueden enajenar.
Ante esta situación, llegaron las elecciones municipales y el equipo de gobierno PSOE-Cs ha continuado pagando las sentencias judiciales, sin saber el dinero exacto pagado, ni lo pendiente. El Ayuntamiento tiene que seguir pagando las demandas a los propietarios o negociar y toca esperar que instancias superiores a los Juzgados que actualmente intervienen puedan desbloquear la situación, pero es muy probable que en esta legislatura no veamos las viviendas de la plaza de España ocupadas.
Mientras tanto, la plaza se sigue deteriorando (se caen las planchas de granito, se han secado la mayoría de árboles, han accedido a alguna vivienda, etc.)
0 comentarios:
Publicar un comentario