El jefe de Área de Concesiones de la Dirección de Carreteras de la región Carlos Millán Urra ha reconocido hoy en la Asamblea de Madrid que la M-45 costará a los madrileños 2.000 millones de euros, a 55,5 millones cada uno de sus 36 kilómetros. La carretera se inauguró en 2002 y se construyó en época de Alberto Ruiz-Gallardón con el sistema de peaje a la sombra, de tal forma que las concesionarias pagan la infraestructura y la Comunidad un canon de 84 millones anuales durante 25 años. A esta cifra se han sumado 200 millones que debe abonar el Gobierno regional a las constructoras por expropiaciones mal hechas.
Millán ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea de Madrid a petición de Podemos para explicar el coste de la carretera M-45, que vertebra el este con el oeste de la región, debido a que les parece desmesurado. La carretera más cara de ese mismo tipo sale por 13 millones de euros el kilómetro, ha calculado Podemos. A la cita ha faltado Javier de Águeda, exdirector general de Carreteras cuando Alberto Ruiz-Gallardón gobernaba en la Comunidad de Madrid. Además de aparecer en la lista Falciani, asesoró, a través de su empresa Tairona Consultores y después de dejar el Gobierno en 2004, a sociedades que querían quedarse con los peajes en la sombra. La Asamblea no ha conseguido localizarle.
El funcionario ha contestado a los diputados que él no podía explicarles la razón por la que la Comunidad de Madrid escogió semejante sistema para construir la autovía, porque no toma parte de esas decisiones. Finalmente, presionado por los parlamentarios de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) y en un último turno de preguntas extra que ha concedido el presidente de la comisión, ha indicado que en el tiempo transcurrido desde que se inició la concesión se han abonado "1.000 millones de euros y queda otro tanto", lo que suma 2.000 millones.
Por la carretera circulan entre 78.000 y 90.000 vehículos diarios, según los datos de mayo pasado ofrecidos por Millán. La construcción se ofertó por 330 millones de euros y acabó costando a las constructoras 510 millones y la anualidad máxima que se comprometió a pagar la Comunidad de Madrid es de 84 millones, ha añadido. Dentro de esta cifra se encuentran entre 5 y 6 millones para el mantenimiento y otros 4 de media para la reparación de firmes.
Alberto Oliver, diputado de Podemos, no se explica la razón por la que el Gobierno regional declaró desierto el concurso en 1998 al que se presentaron seis empresas. Sobre todo, porque en "menos de un mes se inició un procedimiento negociado, sin publicidad (la Administración invita a varias constructoras) por 330 millones".
Oliver también ha preguntado por el motivo que ha provocado el incremento del pago a las constructoras. En 2016, el canon (84 millones) se incrementó en 59,5 millones y en 2017 subió 95 millones más hasta los 179. "Una subida del 100%", ha puntualizado. El diputado supone que se debe a las sentencias judiciales que obligan a la Comunidad de Madrid a abonar unos 200 millones a las constructoras debido a que los justiprecios de las expropiaciones de los terrenos para construir la autopista no eran correctos.
Desde las filas del PSOE, Daniel Viondi, ha criticado que esta forma de gestionar "nos lastra en más de un 50%, porque es dinero que se va en pagar este tipo de concesiones y no se emplea en otras infraestructuras". También ha arremetido contra Ruiz-Gallardón, "que no se puede ir de rositas". La diputada de Ciudadanos, María Victoria Alonso, ha insistido en conocer el motivo por el que eligió dicho sistema y por el que se dividió la construcción en tres tramos independientes.
El portavoz del PP en la comisión, Juan Antonio Gómez-Angulo, ha defendido que la carretera es necesaria como demuestra el volumen de tráfico que soporta. En cuanto al sistema de financiación, ha anunciado que la Comunidad de Madrid está estudiando equilibrar económicamente estas concesiones y "adecuar las cantidades pendientes de pago a la realidad".
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