Podemos limita en San Fernando la actividad de sus comerciantes, así lo explica La Razón, aunque es un error conceptual porque Podemos no se presentó a las elecciones municipales.
La Comunidad de Madrid presentó ayer en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso contra la ordenanza de actividades sujetas a declaración responsable y comunicación previa que aprobó el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, gobernado por la formación de unidad popular San Fernando Sí Se Puede, el pasado mes de abril, porque incumple la Ley regional de Dinamización de la Actividad Comercial de 2012. Porque los comerciantes y empresarios de San Fernando no pueden, como en el resto de la región, abrir un negocio libremente sin estar sujetos a licencias previas, sino tan sólo a una declaración responsable de que cumplen con todos los requisitos y que luego el consistorio tiene que revisar.
La ley se concibió para agilizar el inicio de la actividad de los nuevos proyectos de emprendedores madrileños, eliminando las trabas burocráticas que los ralenticen. Es por ello que desde la Comunidad de Madrid se instó a los ayuntamientos a adaptar sus ordenanzas reguladoras de licencias de actividades y obras conforme a la nueva normativa, para lo que se dio un plazo de tres meses para efectuarlo desde su entrada en vigor el 1 de abril de 2013.
Sin embargo, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares no sólo no cumplió con este requerimiento, sino que el pasado abril aprobó una ordenanza en la que continúa sin adaptar la normativa municipal al ordenamiento regional. Entre otros posibles incumplimientos estudiados por la Comunidad de Madrid, el consistorio de San Fernando mantiene las licencias en algunas de las circunstancias en las que la ley autonómica marca que basta una declaración responsable o comunicación previa y, además, de impedir que las obras mayores se puedan tramitar también con la declaración responsable, de modo que los empresarios deben gestionar una licencia que no es necesaria en el resto de la región.
La Comunidad, que, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo había
mantenido numerosos contactos con el consistorio de San Fernando para adaptar
su normativa, comprobó en junio del pasado año que la ordenanza que aprobó
inicialmente la Junta de Gobierno contenía determinados artículos que
vulneraban lo establecido en la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial.
Por este motivo, se presentaron alegaciones en el plazo de información
pública que no fueron admitidas por el equipo de Gobierno de San Fernando
Sí Se Puede. Una vez aprobada definitivamente la ordenanza, el Gobierno
regional decidió recurrirla y ayer presentó la denuncia ante el TSJM.
Más empleo
La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda defiende en un estudio el éxito
de la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial pese a las críticas que
advertían de que generaría pérdida de empleo. Según un estudio de la Consejería,
dos de cada tres madrileños considera que la normativa ha mejorado sus
condiciones de vida como consumidores. Además, ha favorecido el turismo
y colocado a Madrid como segunda capital europea como destino de compras.
Igualmente, el Gobierno regional destaca, según datos de la Encuesta de
Población Activa del primer trimestre de 2016, que esta norma ha supuesto 13.512
puestos de trabajo en el sector comercial.
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