La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha sumado a la cruzada iniciada por Podemos contra la Cruz Roja tras retirar a esta entidad la gestión de las playas de la capital catalana, que ahora pasarán a estar vigiladas por una empresa y una ONG asociada que rescata refugiados en Lesbos.
Esta decisión ha provocado que cincuenta socorristas de la entidad se hayan concentrado en las puertas del Ayuntamiento para protestar por la decisión del Gobierno de la ciudad condal.
En San Fernando de Henares, Cati Rodriguez (la Ana Colau madrileña, ambas venían de la lucha por la hipoteca) prohibió que se comercializase con la sangre de los vecinos en su municipio y sin estar en contra con la labor que desarrolla en general Cruz Roja, no está a favor del cobro por algo que es gratis.
El Ayuntamiento de Barcelona, sin embargo, no es el primero que se suma a este veto hacia la Cruz Roja. Desde el pasado mes de diciembre diversos Consistorios madrileños gobernados por Podemos, como el de Mejorada del Campo o San Fernando de Henares, han puesto todos los impedimentos posibles para que no accediesen los autobuses que gestionan la extracción de sangre a donantes en vía pública.
El motivo es que desde 2013 Cruz Roja tiene cedida en exclusiva la recogida de sangre en virtud a un convenio firmado con la Comunidad de Madrid, y por el que recibe 67 euros por bolsa recogida, que Sanidad otorga a esta entidad.
El convenio ha sido muy criticado por las ‘mareas blancas’, que consideran que con él se “privatiza” la recogida de sangre y se “mercantiliza” el proceso. Sin embargo esos 67 euros por bolsa recogida Cruz Roja los destina al pago de personal y material que posteriormente es utilizado para prestar el servicio.


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