La demandante es "una de las principales empresas proveedoras" de Amazon, "con quien hasta ahora no había tenido problema alguno", remarca la sentencia. El fallo del Juzgado de Primera Instancia 44 de Madrid incide además en que hasta la fecha, la proveedora había remitido sin problema alguno más de 5.000 facturas a Amazon cuya cuantía superarían los 9 millones de euros.
Sin embargo, la demanda se interpuso el 31 de octubre de 2019 en Madrid al entender la firma española que, aunque en su relación comercial "no se había sufrido discrepancia alguna a lo largo de los años", desde mediados de 2018 Amazon "no estaba abonando la totalidad de los pedidos efectuados que han sido debidamente entregados y facturados".
El proveedor, una empresa murciana mayorista de venta de material electrónico del grupo Electrotrader, trató de llegar a un acuerdo por vía amistosa antes de judicializar el caso. Por ello remitió varios burofaxes a la filial de Amazon en España durante el verano de 2019. Finalmente, la compañía demandó a la tecnológica reclamándole 461.587,07 euros.
La deuda se dividía entonces en 2: un total de 54 facturas aprobadas por Amazon entre agosto de 2018 y abril de 2019 —cuya cuantía no se había abonado al completo en algunos casos, ascendiendo el impago a 78.054,44 euros—, y a 9 facturas emitidas también en las mismas fechas en las que según Amazon existían "discrepancias" —y cuyo impago se eleva hasta los 383.532,63 euros—.
Amazon, que según fuentes cercanas al procedimiento ya ha recurrido la sentencia, se defendió con una reconvención: respondió con otra demanda a su proveedor, al que acusó de haber tejido un esquema "defraudatorio" con el que habría estado remitiendo facturas y reclamado pagos "que no le corresponden" mediante un modus operandi "susceptible de denuncia en vía penal".
Según alega Amazon, el proveedor o bien facturaba productos que correspondían a órdenes de compra distintas —y por lo tanto, las facturas tenían exceso de unidades— o bien enviaba a la multinacional menos unidades de los productos de las que se habían acordado. La firma de Jeff Bezos llega incluso a plantear que el proveedor presentaba justificantes de entrega de mercancías "alterados".
Eso sí: sobre los más de 78.000 euros de las facturas en las que no existía ninguna discrepancia, Amazon reconoce deber 52.000. Pero la multinacional exige en su reconvención que el proveedor les pague más de 90.000 euros en concepto de pagos indebidos en facturas erróneas.
Errores en la recepción de mercancías en Amazon
Para recibir mercancías, Amazon utiliza una herramienta tecnológica llamada SmartMatch. Cuando Amazon adquiere productos a sus mayoristas emite lo que se conoce como una orden de compra, y cuando el proveedor la acepta y prepara el pedido, este eleva una notificación de pedido.
Cuando el paquete llega a las instalaciones logísticas de Amazon, un operario firma la prueba de entrega del transportista y abren los bultos. Los trabajadores sacan los productos de los mismos y los 'pistolean' para leer sus códigos de barras. En ese momento entra en acción el SmartMatch: la tecnología concilia el orden del pedido, la factura del proveedor y el código de barras. Si todo coincide, Amazon abona la factura.
Aun con todo, la herramienta tecnológica puede fallar, y la sentencia recoge de un informe pericial del mayorista que "hay un deficiente sistema de registro" de sus recepciones por parte de Amazon. "No es posible" que el mayorista "pueda enviar productos ficticios". Además, la sentencia también recoge que "el perito de la parte demandada ha admitido en el juicio (...) que en la recepción de la mercancía existen errores humanos".
La magistrada que ha dirimido el caso además destaca cómo Amazon pretendía "no solo no abonar a la actora las facturas por mercancía cuya recepción consta acreditada" sino también "restituir el importe de facturas ya abonadas por defectos en la cantidad de mercancía entregada", cuyo pago "aceptó y verificó" en su debido plazo.
"Pretende ahora Amazon actuar contra sus propios actos no sólo al negarse a abonar las facturas reclamadas, sino además reclamar la devolución de otras ya abonadas por la misma sin pega", resuelve.
Mayoristas coordinados a través de un fichero de morosos
El mayorista que ha llevado a juicio a Amazon fue el primero en 2019 en judicializar su caso. Pero no el único. El segundo mayorista fue una empresa granadina llamada Megasur.
Según avanzaba El Confidencial el año pasado, ya son una veintena los proveedores de Amazon que estarían organizándose contra las presuntas prácticas abusivas de la tecnológica.
La mayorista que ha ganado el procedimiento judicial —contra el que cabe recurso, que Amazon ya ha presentado— detalla que ellos ya han conocido a otros proveedores en su situación, y lo han hecho gracias a través del primer fichero de morosos que incluye deuda privada en España. Se trata de Icired, un proyecto impulsado por un abogado granadino llamado Enrique Zarza.
En una entrevista con Business Insider España, Zarza, también CEO del despacho de abogados Agaz, destacaba que el fichero hunde sus principios en las bases de la economía colaborativa. "El concepto es que compartamos información para protegernos de los impagos", avanzaba.
No es la única polémica que salpica la relación de Amazon con proveedores o con los terceros vendedores que utilizan su plataforma de marketplace. El gigante del comercio electrónico anunció hace unas semanas que subiría a partir de abril la comisión que cobra a los usuarios que venden productos a través de su web para hacer frente a la nueva tasa Google española.
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