Interior elimina el plazo de 48 horas para desalojar a los okupas y dota a los agentes de un nuevo protocolo

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha un nuevo protocolo de actuación policial para tratar de agilizar el desalojo de okupas tras la instrucción dada recientemente por la Fiscalía General del Estado. La novedad principal es que se elimina el plazo de 48 horas para proceder a echar a los usurpadores de la vivienda por parte de los agentes. Si el delito es flagrante o reciente se podrá expulsar a los okupas aunque Interior no establece ningún plazo legal para que los policías o guardias civiles devuelvan la vivienda al legítimo propietario. Fuentes del ministerio reiteran que los agentes podrán actuar cuando el delito es reciente.

Además, se establece que hay delito de allanamiento de morada tanto en la okupación primera vivienda como en la segunda residencia y en ambos casos es posible desalojar de forma inmediata al intruso sin necesidad de solicitar medidas judiciales y proceder a la identificación de los okupas y llevar a cabo su detención.

A partir de ahora, los policías nacionales, policías autonómicos, policías locales y guardias civiles deberán rellenar un atestado que recoja todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para acreditar la comisión de un delito y la participación de sus presuntos autores. "Que los atestados se afinen mucho más para agilizar la resolución judicial y ver si procede judicialmente el desalojo cautelar", explican fuentes de Interior que citan, como ejemplos de esa información que puede contener los atestados, la declaración de vecinos al inmueble okupado, el título de propiedad por parte del denunciante, el resultado de la inspección ocular en los alrededores u otros elementos de prueba del delito.

El protocolo indica que si el inmueble ocupado no constituye morada se trata de una usurpación y que si el delito no es flagrante hay que solicitar el desalojo al juez. Hay que recordar que el Tribunal Supremo indica que para que se produzca un delito flagrante se deben dar al menos tres supuestos: inmediatez en la acción, inmediatez personal -que haya pruebas de la presencia del delincuente- y una necesidad urgente de intervención policial.

Fuentes del departamento de Grande-Marlaska dejan claro que el protocolo no es una norma, sino una instrucción para "clarificar" y "homogeneizar" los modos de actuación de las fuerzas de seguridad conforme a la legislación actual y de acuerdo con los criterios establecidos por la Fiscalía General del Estado en otra instrucción publicada la semana pasada.

Así, la instrucción firmada este jueves por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, remitida a las direcciones generales de ambos cuerpos para su traslado a los operativos, incluye medidas para mejorar los atestados de denuncia de okupación. Se trata, en definitiva, de que una vez las fuerzas de seguridad trasladen a la autoridad judicial esas denuncias, el juez y el fiscal cuenten con elementos suficientes para acordar en su caso el desalojo de ese inmueble okupado y no alargar el procedimiento judicial, según Efe.

Además de la mejora de los atestados, Interior habilitará este mes en la aplicación para móviles Alertcops una herramienta específica para que cualquier ciudadano, sea propietario de un inmueble usurpado o un vecino, pueda alertar con su teléfono a las fuerzas de seguridad de que un inmueble ha sido okupado e, incluso, pueda proporcionar a los agentes fotos del lugar.

La instrucción de Interior también incluye actuaciones de tratamiento, información y asesoramiento a las víctimas, para lo que aprovecharán los canales de contacto e información al ciudadano de sus páginas web oficiales, redes sociales y la propia aplicación Alertcops, que recogerá recomendaciones y mensajes preventivos e información general sobre el modo de actuar en caso de ser víctimas de este tipo de delitos.

No olvida el protocolo un refuerzo en la investigación de las mafias de la okupación o los delitos conexos que en ocasiones conllevan, como la defraudación del fluido eléctrico o las coacciones al resto de vecinos.


Pero la instrucción también indica que en algunos casos de ocupación ajena hay situaciones de verdadera vulnerabilidad, como la presencia de menores entre los ocupantes. En estos casos, y sin renunciar a la restitución a su dueño del inmueble allanado, las fuerzas de seguridad ejercerán su papel legal de agente desencadenante de una respuesta ágil por parte de las entidades e instituciones sociales y asistenciales.

Desde Interior admiten que si bien las okupaciones no se han incrementado notablemente, existe una percepción subjetiva de inseguridad ligada a este fenómeno y, por tanto, hay que darle respuesta. El nuevo protocolo policial se ha puesto en marcha dos días después de que la Fiscalía General del Estado emitiera una instrucción instando a los fiscales a pedir a los jueces el desalojo como medida cautelar.