Hasta lo había dicho Cristobal Montoro, el artífice de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo lógico en la situación actual es eliminar la regla de gasto. El gobierno ha reaccionado rápido y esta medida ayudará a muchos Ayuntamientos a salir de la crisis sin necesidad de tener que ceder sus remanentes.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares podrá seguir pagando deuda con sus remanentes sin necesidad de tener que ceder sus remanentes municipales, y los vecinos verán incrementados y mejorados sus servicios con este montante.
El Gobierno ha decidido suspender en 2020 la regla de gasto para los Ayuntamientos, el mecanismo que limita el aumento de los gastos en los Presupuestos, y que marca la cifra a partir de la cual se construyen las cuentas públicas, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del Ministerio de Hacienda. La decisión llega tres días después de que el Ejecutivo sufriera una severa derrota en el Congreso, que rechazó de forma generalizada la convalidación del real decreto sobre los remanentes de los Ayuntamientos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había advertido antes de la votación del pasado jueves que no habría otra oportunidad, pero los alcaldes han acabado ganando el pulso al Ejecutivo y el Gobierno se ha visto obligado a rectificar.
El Ejecutivo volverá a aprobar el mismo texto legal, pero eliminando el capítulo de los remanentes municipales, informan fuentes del Ministerio de Hacienda. La suspensión de la regla de gasto permitirá a los Consistorios aumentar sus compromisos e inversiones en los próximos meses. El decreto incluirá medidas por valor de 3.000 millones para los ayuntamientos, que les permitirá cumplir sus metas de déficit.
El Gobierno sufrió la semana pasada un revolcón en el Congreso porque los alcaldes rebeldes rechazaron su propuesta para que pudieran utilizar 5.000 millones de sus ahorros a cambio de prestar al Estado el resto de sus superávits acumulados durante años. Para tratar de calmar a los alcaldes, Hacienda ahora pretende prorrogar para 2020 el posible destino del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones. La medida supondrá un buen respiro para los regidores que han visto cómo sus cuentas se estresaban por la crisis de la pandemia.
Además, el Ejecutivo permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciado en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros. También se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.
El decreto que ultima el Gobierno permitirá que las entidades locales con problemas financieros puedan pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación. Se permitirá también que las entidades locales cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito. Esta medida permitirá que muchos Ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste. Para las entidades que tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería.
La norma establecerá las instrucciones esenciales para el cálculo de la liquidación definitiva de la participación de los tributos del Estado de 2018, lo que supone para los Ayuntamientos 634 millones. Además, se instrumentan los suplementos de crédito necesarios para atender las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en tributos del Estado para fin de ejercicio. Hay que recordar que estos importes se han calculado sin tener en cuenta el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas. Las entregas a cuenta han aumentado en 821,9 millones de euros en 2020.
El texto legal, según Hacienda, permitiría que las Diputaciones Provinciales y entidades equivalentes puedan salir en ayuda de los municipios con problemas. Así, podrán formalizar préstamos con estas entidades locales y, además, destinar el superávit de 2019 a transferencias corrientes en favor de los consistorios más apurados. Establecerá un procedimiento de tramitación urgente de modificaciones de créditos para entidades locales para atender gastos extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria.
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