Accidente de un jumbo de Avianca
A la 1 de la madrugada del 27 de noviembre de 1983, un Boeing 747 Jumbo de la compañía colombiana Avianca rozó dos lomas montañosas y cayó envuelto en llamas en una pequeña vaguada de Mejorada del Campo, a 10,5 kilómetros de distancia de la cabecera de pista de Barajas, hacia donde se dirigía para aterrizar. El avión llevaba a bordo 192 pasajeros y murieron 181. Es la segunda peor tragedia aérea de la historia de la aviación española. Hoy se cumplen 30 años.
Desgraciadamente, 10 días más tarde, colisionaron dos aviones -un DC-9 de Aviaco y un Boeing 727 de Iberia- sobre las pistas del aeropuerto de Barajas y murieron 93 personas. Si el accidente de Mejorada generó gran inseguridad, la conmoción y el miedo de los españoles después de asistir en tan pocos días a dos tragedias aéreas en Madrid son imaginables y convirtió en un imperativo político la creación de una comisión parlamentaria que investigara ambos accidentes. Los trabajos de la comisión culminaron con un informe aprobado 15 meses después de ocurrir las tragedias en el que se apeló a lo que hoy hubiera sido la marca España para descartar que se tuvieran que asumir responsabilidades políticas por los accidentes. Los intereses económicos españoles, especialmente al turismo, y la tranquilidad de los españoles (¡!) como bandera del patriotismo y argumento para acallar posiciones beligerantes. En concreto, Manuel Abejón, ponente del PSOE en la comisión dijo: "Los intereses de España no se defienden con alarmismo y exageraciones, todo lo contrario, se perjudican importantes sectores económicos predicando tal caos". Aludía a las críticas que desde Alianza Popular se formularon basadas en un supuesto documento oficial que reseñaba datos omitidos o suavizados en el informe oficial. Estos datos hacían referencia a fallos en el servicio de alerta, control y aproximación de Paracuellos y Barajas y la información parecía contar con apoyo profesional de los controladores aéreos, que señalaban deficiencias de la torre de control como causa del accidente.
De hecho, el entonces director del Centro de Control de Navegación Aérea de Madrid, Victoriano Martín, reconoció en su comparecencia ante la Comisión de investigación de aeropuertos del Senado que la tecnología del centro estaba obsoleta, que había "puntos débiles" en el espacio aéreo de Madrid y que entre enero y marzo de 1985 habían estado a punto de producirse hasta nueve colisiones de aviones en el espacio aéreo de Madrid, cinco de ellas imputables al propio centro de control de Paracuellos, y los restantes, a fallos de pilotos.
El ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Enrique Barón, emprendió acciones legales contra los controladores por sus declaraciones en aquellos meses.
La versión oficial culpó en exclusiva al piloto, Tulio Fernández Mora: "La causa del accidente fue que el comandante, sin tener conocimiento preciso de su posición, se dirigió a interceptar el ILS (Instrumental Landing System o haz de señales electrónicas que marcan el camino que deben seguir los aviones para aterrizar) con una trayectoria incorrecta, sin iniciar la maniobra de aproximación instrumental publicada, descendiendo por debajo de todos los márgenes de seguridad del área, hasta colisionar con el terreno". Esta versión no gustó a la compañía Avianca, que achacaba parte de responsabilidad al control de tráfico aéreo. Ciertamente, parece simplista considerar una única causa en un accidente aéreo y suele considerarse como habitual y lógica la confluencia de varias.
Lo cierto es que desde un punto de vista político la reacción fue deplorable. "La Prensa fue acusada de realizar una campaña injustificada contra el Gobierno y contra Iberia", decía el editorial de EL PAÍS, que señalaba el escándalo que supuso enterarse de que Barajas no tenía radar de superficie porque era demasiado caro y no era rentable: el accidente ocurrido en la pista de Barajas poco después del de Avianca se habría evitado.
Cero dimisiones.
En diciembre de 1988, Avianca solicitó el procesamiento de los 3 controladores que prestaban servicio en el centro de Paracuellos del Jarama (Madrid) cuando se estrelló en Mejorada del Campo el 27 de noviembre de 1983: José Antonio Carbonell Robles, Antonio Villuenda Andrés y Antonio Pérez Piqueras. Les acusaba de "imprevisión, imprudencia o impericia grave, o alternativamente de delito contra la seguridad de la aeronave con el resultado de siniestro". El escrito reconocía los errores cometidos por el piloto, que confundió la altura del aparato en la aproximación al aeropuerto e hizo caso omiso al aviso del instrumental del avión: dijo "¡Cállate, gringa!" segundos antes del impacto, asumiento que le avisaba sin motivo.
Sin embargo, en el escrito se decía también que los controladores acusados "se desentendieron del seguimiento del aparato durante los tres minutos críticos en que el avión se desvió de su ruta hacia el carril de aproximación hasta el fatal desenlace". Solicitaban el pago de una fianza de 7.066 millones de pesetas (42 millones de euros). En junio de 1992 el instructor dictó el sobreseimiento del sumario sin imputar a los controladores. El 13 de septiembre de 1993, EL PAÍS publicó la última noticia sobre este accidente, en la que José Antonio Hernández, periodista que firmaba la información, recogía la noticia de la reapertura de la investigación: la sección IV de la Audiencia de Madrid entendía al tomar esta decisión hace 20 años que podía haber responsabilidades de los controladores e instaba al instructor a continuar con las diligencias sumariales. Atendía la apelación de la acusación particular que ejercitaba Avianca. Y desde entonces, no hay más información. José Antonio Hernández recuerda aquella noticia y cree que la explicación a la falta de nuevas informaciones podría ser que el tribunal cerrase el sumario poco más tarde sin mayores novedades.
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