Inician una avalancha de reclamaciones judiciales a partir de una multa de la UE a las principales marcas por pactar los precios
Las dos principales agrupaciones de transportistas de Valladolid se encuentran inmersas en un proceso judicial que registra ya 395 reclamaciones que afectan a 1.085 camiones. 2016 fue el punto de partida. Entonces, la Comisión Europea impuso la multa más elevada de toda la historia. Los productores MAN, Volvo-Renault, Daimler, Iveco y DAF pagaron 2.930 millones de euros en base al informe que la Comisión Europea publicó el 19 de julio de 2016. En él se acusaba a los implicados de planear la fijación de los precios de venta de los camiones de más de seis toneladas y de pactar el calendario para retrasar la introducción de nuevas tecnologías anticontaminantes.
La demanda se ha extendido a lo largo del mundo y, también, tiene su eco en Valladolid. La comisaria de la competencia, Margrethe Vestager, sostuvo en 2016 que hubo buenas razones para efectuar la penalización: «se ha cometido una infracción grave durante muchos años que afectó a un mercado muy importante».
Las infracciones se realizaron entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011 y, posteriormente, fueron reconocidas por las marcas infractoras. El grupo Man se libró de una multa de 1.200 millones de euros por ser quien denunció la situación pro primera vez. Peor suerte corrieron Volvo-Renault, que tuvo que pagar 670.448 euros, Daimler (1.008.766.00), Iveco (494.606.000) y DAF (752.679.000). La sanción a los fabricantes tuvo una rebaja del 10% por haber reconocido los delitos de los que se les acusaban. Scania está siendo investigado por la Comisión Europea en la actualidad.
El cártel ha tenido su repercusión en Valladolid, que ya ha iniciado las actuaciones por la vía legal. En la provincia, tres colectivos de transportistas están implicadas. El que más denuncias ha mediado es la Asociación Empresarial de Transportes De Valladolid (Asetra), con 245 demandas y un total de 825 afectados. Por su parte, la Asociación de Transportistas Autónomos de Valladolid (Astava) ha intermediado 150 reclamaciones que afectan a 250 camiones. El último implicado es la Asociación Vallisoletana de Empresarios del Transporte (Avet), que no ha suministrado ningún dato sobre la situación en la que se encuentra.
Fuentes de Asetra indican «que no todas las empresas han demandado y que el prejuicio es mucho mayor». Su representante legal, CSS abogados, indica que las indemnizaciones a los afectados «podrían superar los 700 millones de euros en España». ¿Y en Valladolid? Han preferido no hacer ninguna estimación al respecto al considerar que se trataría de una previsión inexacta. Las asociaciones de transportistas tampoco han hecho ninguna valoración, aunque sí se han mostrado optimistas.
En España, podría haber un total de 30.000 a 40.000 autónomos afectados por el cártel. Así lo estima la Federación Española de Transporte, Servicios Integrales para Transportistas Autónomos y Pymes (Fetransa). Astava, en representación de los autónomos vallisoletanos, apunta que en Valladolid se han registrado 150 reclamaciones de autónomos.
Valladolid se fija en el resto
El sector transportista está pendiente, y mucho, de lo que ocurre en el ámbito nacional e internacional. Alemania abrió la veda. En 2018 se dictaron las primeras sentencias con un resultado convincente para los damnificados. Ocho de las nueve sentencias falladas por un juez fueron favorables para los demandantes.
Pero España no puede presumir de un ratio de victorias tan elevado como su vecino europeo. Hasta el momento se han realizado tres juicios. En el primero de ellos, celebrada en Murcia, se condenó a Volvo Group España a indemnizar a la parte demandante con 148.680 euros. El segundo, acontecido también en Murcia, se «desestimó totalmente por falta de legitimación pasiva» o falta de asistencia de la parte demandada . El tercero, llevado a cabo en Zaragoza, se desestimó porque el estudio pericial «fue insuficiente».
Astava intenta caminar con pies de plomo y evitar las imprecisiones que se cometieron en Murcia y Zaragoza y que les condujeron a perder en el pleito. «No vamos a caer en los mismos errores que se dieron en estos lugares y por eso estamos tratando de que el informe pericial sea completo y riguroso, eso hace que el proceso judicial sea lento».
El procedimiento legal comenzará en los juzgados de lo mercantil de Valladolid , acabará en las Audiencias provincial y, según apunta CSS abogados, «en algunos casos podrían llegar al tribunal Supremo».
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