Tras el fallecimiento de Julen Roselló, el niño que cayó a un pozo en la localidad malagueña de Totalán, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña de inspección de las instalaciones de este tipo que existen en la región. La estimación es que en las próximas semanas se localicen y revisen más de un centenar de perforaciones realizadas para buscar agua bajo tierra para determinar si son legales y evaluar su peligrosidad.
En la Consejería de Presidencia señalan que esta medida se ha activado por la «sensibilidad social» que generó el dramático rescate durante dos semanas del menor que cayó a más de 70 metros de profundidad. No obstante, precisan que los agentes forestales autonómicos, que se encargarán de la labor de vigilancia, ya realizan esta tarea «de oficio» porque entra dentro de la cartera de funciones asignada a los miembros de este cuerpo.
Según explica un portavoz del Gobierno regional, desde el punto de vista legal los pozos son competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), es decir, estatal. A este organismo le corresponde además la potestad de multar a los propietarios de terrenos donde haya excavaciones irregulares, que pueden llegar al millón de euros en caso de que la infracción sea muy grave.
Sin embargo, para poder horadar un terreno en la región es preciso realizar un sondeo previo que tiene que ser autorizado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas, que depende de la Comunidad de Madrid. Además, los agentes forestales deben realizar «funciones de policía, custodia y vigilancia» para «el cumplimiento de la normativa legal aplicable en materia de aguas continentales» y «garantizar la seguridad ambiental» de los ciudadanos.
En este contexto se ha puesto en marcha la mencionada campaña de revisión de pozos existentes en la región. Además, existe un protocolo de actuación para proceder a la verificación de este tipo de excavaciones si se reciben llamadas de denuncia a través del teléfono de emergencias 112.
«Por un lado, se busca averiguar si son legales o no: ver si están inscritos o autorizados en la Confederación Hidrográfica del Tajo o, en el caso de los sondeos, si están autorizados por la Dirección General de Industria, Energía y Minas», explican en la Consejería de Presidencia. «Por otro lado, se evalúa su peligrosidad:ver si está en una finca privada o pública, su accesibilidad y si están tapados o no», añade.
Una vez que finalice el trabajo de campo, se remitirá una copia de las conclusiones a los ayuntamientos en los que se localizan los pozos así como al organismo estatal encargado de la gestión del agua en Madrid. En el caso de las instalaciones que se consideren un «peligro para la seguridad pública», se contactará además con los propietarios del terreno «con el fin de que subsanen las deficiencias».
Inspecciones
La Confederación Hidrográfica del Tajo llevó a cabo en 2017 un total de 249 inspecciones en instalaciones construidas para la extracción de agua subterránea en el acuífero terciario detítrico que transcurre por Madrid, Toledo y Guadalajara. En 199 casos, se inició la tramitación de expedientes sancionadores.
De los puntos examinados durante dicho año -el último del que hay datos oficiales-, la mayoría se destinaba al riego y al abastecimiento y sólo el 4% estaban legalizados. No obstante, un porcentaje elevado de ellos se consideraban «captaciones de pequeño volumen», con menos de 7.000 m3 al año.
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