El PSOE de San Fernando de Henares presenta una moción al pleno del mes de enero sobre Violencia de género
DOÑA GUADALUPE PINAS GARCÍA, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 97.3 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN DE MOCIÓN "APOYO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO"
EXPOSIClÓN DE MOTIVOS
La aprobación por el pleno del
Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la violencia de género supuso un
revulsivo, en todos sus aspectos, de las políticas de la violencia contra y
sobre las mujeres, por el hecho de serlo, consolidándose, a su entrada en vigor, como modelo internacional.
De hecho, España recibió en
Ginebra una de las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres, World Future Council y la Unión lnterparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del
mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y
las niñas, una violencia que califican
como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.
La mencionada ley integral y
la Ley andaluza en materia de violencia de género son los dos instrumentos
legales con los que nos hemos dotado para luchar contra la violencia machista
que atenaza la libertad y la seguridad de las mujeres.
El 15 de noviembre de 2016, el
Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una Proposición no
de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de
Violencia de Género, por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y
Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y
Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia
sobre las mujeres como una verdadera política de Estado. El Congreso, en su
sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó, sin ningún voto en contra, el lnforme de la Subcomisión para un Pacto de Estado en
materia de violencia de género.
Por su parte, la Comisión de lgualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de 2016,
la creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia
de Género, los aspectos de prevención, protección y reparación de las victimas, analizase la estrategia para alcanzar e implementar
un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y examinase la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. El 13 de septiembre
de 2017, el Pleno del Senado aprobó, por unanimidad, el lnforme de la Ponencia de Estudio para la elaboración de
estrategias contra la violencia de género.
Los informes de Congreso y
Senado, contienen un conjunto de propuestas para prevenir y combatir la
violencia contra las mujeres y la violencia domestica, y para mejorar en la
respuesta que, desde las instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los menores
bajo su guarda, tutela o acogimiento.
Contamos, por tanto, con un
gran acuerdo político y social, que recoge el
compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha
dejado de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de estado. Un
pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la violencia que soportan
las mujeres por el hecho de serlo y de la que también se ven afectados sus hijos e hijas.
Una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género
plantea la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración local pueda llevar a
cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, ya que se
trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las victimas. En este sentido, se plantea que estas cuestiones
deben formar parte del catalogo de materias recogido como de competencia propia
de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por tanto, era imprescindible
la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, para permitir el desarrollo
de políticas contra la violencia de género.
Esta reforma fue llevada a cabo por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto,
de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Según la ultima macroencuesta sobre la violencia de género realizada por el
Ministerio de Sanidad e lgualdad:
- El 12,5% de las mujeres
mayores de 16 a nos han sufrido violencia de género alguna vez en su vida, lo
que en términos absolutos suponen 2,5
millones de mujeres en España.
- El 2,7% de las mujeres
mayores de 16 años han sufrido violencia en
el último año.
- El 64% de los hijos e hijas
de las victimas presenciaron los
episodios de violencia.
- Pero, solamente el 28,6%
presentó denuncia.
A pesar de estos datos
demoledores que explican por sí solos la necesidad de políticas específicas, también hay otros que van indicando los cambios que
se están produciendo, entre
ellos:
- El 77 ,6% han conseguido
salir de la violencia de genero
- El 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal.
Sin embargo, a pesar de la
utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la ley integral, del importante proceso de toma de
conciencia social que se ha producido en nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las
mujeres y el gran obstáculo que esto supone para la
convivencia democrática, a pesar de todo ello, hoy,
algunas fuerzas políticas plantean una demolición
de toda la estructura de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y para ello cuentan con
la complicidad de partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia; como si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos, y una media
de 150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones suficientes para
rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen del machismo su bandera política.
El compromiso de las
fuerzas políticas con la democracia y el
estado de derecho exige un compromiso con la vida y con la libertad de las
mujeres, un compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia de género.
No podemos, no debemos poner en peligro el presente y futuro de las mujeres y
de sus hijos e hijas.
Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que saben que en esta materia solo se
consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de violencia
contra las mujeres.
Por todas estas razones, se
hace necesario redoblar las esfuerzos contra la violencia de genera, mantenerla
como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes les dan
cobertura política, y exigir que se refuerce el
Sistema de protección para las mujeres victimas y se desarrollen todos los recursos y medidas
que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Acuerdos:
1. Reforzar y seguir poniendo
en valor las medidas contenidas en Pacto de Estado en materia de violencia de género
de Congreso, Senado, con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el
problema más grave que sufre actualmente la sociedad española que tiene su caldo de cultivo en una cultura y
educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del
hombre sobre la mujer.
2. Manifestar su repulsa a
todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las victimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores.
3. Expresar su rechazo a
cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de
protección de las mujeres frente a la violencia machista, así coma el drama social y las consecuencias que
tiene para las victimas.
4. En este sentido, rechazar
la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explicito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o
reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema.
5. En el marco del refuerzo de
las iniciativas para combatir esta lacra, se compromete a impulsar la
aplicación de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género en coordinación con todos
los poderes públicos.
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