Estos actos están
castigados por generar un gran riesgo para la salud del Medio Ambiente
y de las personas, al liberar a la atmósfera gases nocivos, como el dióxido
de carbono (CO2). Los autores incumplen la normativa sobre los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, por ello prefieren hacerlo al aire libre.
También en este
vertedero hemos encontrado sillas y pupitres de colegios, que han sido
desguazados igualmente para extraer el metal.
Estos delitos están
penados con dos años y medio de prisión.
Más
allá de este caso que sólo parece ser la punta del iceberg, lo cierto es que
España tiene un grave problema con la basura electrónica. Se calcula que más
de 600.000 toneladas de frigoríficos, neveras y televisores se desguazan en
plantas no autorizadas. Sin tener en cuenta que contienen residuos
peligrosos y contaminantes estos electrodomésticos se abandonan constantemente
en cualquier vertedero.
Según
el informe CWIT , elaborado recientemente por diversas
instituciones internacionales, España figura en los últimos puestos del ranking
europeo del reciclaje. Entre otros datos destaca el hecho de que no se
tiene constancia del destino de, aproximadamente, el 80% de los residuos
electrónicos.
Aunque
no existen datos oficiales, se calcula que más de un tercio de los
Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAEES) españoles finalizan su vida útil en
plantas que no cuentan con las autorizaciones pertinentes, que no disponen
de la tecnología ni del personal con la formación necesaria para hacerse cargo
del reciclaje de este tipo de productos. Por otro lado, se calcula también
que otro tercio acaba en manos de las mafias, que hacen negocio con los
residuos de estos aparatos. Toda esta situación origina un tremendo
problema de salud y de Medio Ambiente.
La Comunidad de Madrid debe tomar cartas en el asunto y la Concesionaria de la M-45, que no paga IBI y en el último pleno el Ayuntamiento de San Fernando de Henares se ha aprobado una ampliación de crédito para pagar las costas de este procedimiento judicial, o bien la propia Comunidad de Madrid debe retirar urgentemente estos residuos peligrosos.
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