Un 80% de los participantes en la consulta pública abierta por la Comisión Europea es partidario de eliminarlo.
Los europeos envían un mensaje a las instituciones comunitarias: deben poner fin a la política de cambio de hora que dos veces al año hace bailar las agujas del reloj. La Comisión Europea abrió el pasado 5 de julio una consulta pública para conocer la opinión de ciudadanos, empresas y asociaciones al respecto. Durante 43 días, 4,6 millones de personas completaron un formulario a través de Internet en el que además de votar si son partidarias de abolirlo, podían exponer sus argumentos por escrito. La participación ha superado ampliamente los registros de todas las consultas previas, una muestra del interés que despierta el asunto a pie de calle. Bruselas no ha hecho público aún el resultado del cuestionario, pero según ha desvelado el diario alemán Westfalen Post, un 80% opta por suprimir el sistema de cambios horarios y prefiere que siga invariable todo el año. A la espera de que la Comisión desglose las estadísticas por países, el mismo periódico informa de que dos de cada tres participantes ha sido alemán, lo que resta cierta representatividad continental a la muestra.
Una vez conocida la voluntad popular, la discusión se traslada ahora a las altas esferas. La Comisión Europea debatirá hoy y mañana el asunto. Y para que haya acuerdo final es necesario un consenso también con el Parlamento y los Estados miembros, los que tienen la última palabra. El Ejecutivo comunitario dejó claro desde el comienzo que se trataba de un sondeo y no de un referéndum, por lo que la abrumadora victoria de los ciudadanos favorables a acabar con el cambio horario no tendrá como consecuencia su abolición automática. La Eurocámara ha sido la gran promotora de las conversaciones: en febrero instó a la Comisión a que evaluara la posibilidad de eliminar el cambio horario. Una solución que reclaman países como Finlandia y Lituania.
El debate sobre los beneficios y perjuicios de esta práctica lleva años instalado en la sociedad europea. Las leyes comunitarias obligan a los Veintiocho a adelantar una hora los relojes el último domingo de marzo y retrasarla el último domingo de octubre para tener en cuenta la evolución de la luz diurna y aprovechar su disponibilidad. Entre los argumentos para hacerlo se esgrime el ahorro de energía, una mayor seguridad vial, contar con más tiempo para el ocio antes de que se haga de noche o simplemente la equiparación con los países vecinos y principales socios comerciales.
Bruselas cree que algunos de esos razonamientos se basan en conclusiones poco contrastadas o con un efecto mínimo sobre la economía. Los estudios consultados por la Comisión Europea indican que el ahorro de energía derivada del cambio de hora de verano es marginal, entre el 0,5 y el 2,5%. Tampoco está claro que disminuya el riesgo de accidentes de tráfico. Y advierten de que su impacto en los biorritmos humanos —en forma de cansancio o falta de concentración— podría ser más importante de lo que se suponía en un primer momento.
Entre tantos datos contradictorios, la única certeza es que permitir cambios horarios descoordinados entre los Estados miembros iría en detrimento del mercado interior. Si se pone fin a la obligatoriedad del cambio horario, cada país sería libre de elegir su zona horaria, pero Bruselas espera que sea cual sea la decisión final, los socios europeos no vayan por la vía unilateral y exista un marco común.
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