El grupo Cordish,
que pretendía construir un macrocomplejo hotelero y de ocio en Torres de la
Alameda (Madrid), ha dicho que está sorprendido y "en shock" por
el nuevo
rechazo de la Comunidad de Madrid a su proyecto y ha anunciado
que ejercitará acciones legales para
defender sus intereses.
La compañía estadounidense,
especializada en la promoción de grandes centros de entretenimiento en todo el
mundo, critican que se enteraron del rechazo por los medios de comunicación y
no por el Gobierno regional. El grupo de ocio ha indicado que ya su primera
petición, que también fue rechazada, "cumplía
con todos los requisitos para la concesión de una licencia de CID
(Centro Integrado de Desarrollo)", aunque, "como deferencia al
Gobierno regional", volvió a presentar los 500 folios de solicitud "dejando
cristalino cada matiz del resort integrado".
El consejero delegado de Cordish
Global Entertainment, Joseph
Weinberg, ha indicado que si su proyecto no cumple los requisitos
para una licencia CID, ningún proyecto puede cumplirlos y ha recordado que su
propuesta crearía 56.000 puestos de trabajo y
miles de millones de euros para la comunidad autónoma. Según Cordish, las
razones alegadas por el Gobierno regional "no
tienen sentido" y están "seguros de que los tribunales
así lo verán".
Cordish ha
asegurado que en la pasada reunión nadie les dijo que hubiera ningún problema
que pudiera motivar de nuevo el rechazo
Ha recordado también que en una
reunión celebrada el pasado 19 de julio con representantes de la Comunidad de
Madrid la empresa se comprometió a hacer el proyecto completo y a sufragar
todos los gastos necesarios de las infraestructuras requeridas para el
proyecto, así como a no solicitar ni
ayudas ni subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Cordish ha asegurado en el
comunicado que en la reunión nadie
les dijo que hubiera ningún problemaque pudiera motivar de nuevo el
rechazo y ha afirmado que su segunda solicitud se presentó con toda la
información y mejoras técnicas requeridas por la Comunidad de Madrid, así como
con el respaldo de los bancos M&T y Credit Suisse, que se comprometieron a
financiar los 2.200 millones del proyecto. En esa reunión, aseguran, "como ha
sido una práctica habitual durante el proceso", no participaron
ni Cifuentes ni su consejera
Engracia Hidalgo.
La empresa ha explicado que aquella
reunión incluyó un compromiso específico de que construiría el proyecto en su
totalidad, incluida una playa de acceso público gratuito de 6,7 hectáreas, y,
además, las áreas destinadas a zona de juego supondrían menos del 15 % del
proyecto. Cordish ha recordado que por la
falta de transparencia de la Comunidad de Madrid durante todo el
proceso, tuvo que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM),
que admitió su demanda a trámite el 26 de mayo y dio un plazo de 20 días a la
Consejería para que entregase el expediente completo con originales.
La compañía
ha afirmado que, "a la vista de las
gravísimas irregularidades observadas en la tramitación de la primera y
segunda solicitud", ejercitará "cuantas acciones legales puedan corresponderle
en defensa de sus legítimos intereses contra
el Gobierno regional y las personas responsables".
El Gobierno de Madrid anunció este
viernes que rechazaba por
segunda vez el proyecto al no
tener relevancia desde el punto de vista económico, de ocio y cultural,
y el suficiente impacto para ser tramitado bajo la figura de CID, que permite
construir en cualquier tipo de suelo salvo en los de especial protección y
ofrece ventajas fiscales. Cuando Cordish anunció su proyecto, en noviembre de 2016,
dijo que preveía invertir 2.200 millones de dólares (más de 2.000 millones de
euros) para construir un "megacomplejo" de ocio de 134 hectáreas que
generaría 56.433 empleos.
Madrid se
defiende
Horas después del comunicado de la
empresa, la Comunidad de Madrid remitía a los medios una nota en la que explica
que "entiende la decepción pero lamenta la mala aceptación que ha mostrado
el inversor". El Gobierno regional se defiende asegurando que su decisión
se basada en "ocho informes técnicos" que consideran que el proyecto no tiene la entidad suficiente
para iniciar el procedimiento. Informes, aclara, de distintas
direcciones generales y diversas opiniones técnicas que "han realizado un
análisis serio y riguroso de la documentación presentada por el grupo inversor".
"La Comunidad de Madrid es una
región abierta a toda inversión
extranjeraque cumpla los requisitos legales", dice el comunicado en
el que el ejecutivo regional añade que su negativa "no se basa en voluntades ni
declaraciones sino en la documentación presentada" en el
Registro por la empresa promotora. Según el comunicado de la Comunidad, el
recurso judicial anunciado por Cordish "carece de sentido" porque
"se ha seguido de forma escrupulosa el procedimiento marcado por la ley".
En opinión del
Gobierno, el proyecto "carece de la multisectorialidad necesaria, puesto
que el 90% de los ingresos giran sobre una propuesta de Casino"
Por otra parte, añade la Comunidad
de Madrid, la activación de un CID y la decisión de aplicar las ventajas que
prevé la Ley "es una potestad de la Administración que debe quedar
perfectamente justificada en la singularidad y excepcionalidad del
proyecto". Esto es así, según el comunicado, "para no crear inseguridad jurídica y
favorecer la competencia desleal con otros inversores".
En opinión del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, el proyecto "carece
de la multisectorialidad necesaria, puesto que el 90% de los ingresos
previstos giran sobre una propuesta de
Casino y los servicios hoteleros y de restauración que lo
complementan, y carece del impacto
relevante, efectivo y duradero en el desarrollo económico, social y
cultural que requiere la Ley". La segunda versión del proyecto, explica la
Comunidad, "no modifica sustancialmente"
el primero y, según los informes técnicos, "el promotor
justifica de forma insuficiente las cifras de visitantes y de empleo que el
proyecto podría generar".
"Además, el promotor ha
aportado de nuevo cifras de ingresos y de demanda del proyecto contradictorias y,
en algunos casos, no soportadas suficientemente, lo que conllevaría un elevado
riesgo de sobrevaloración de las cifras", explica la Comunidad.
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