Nueva información de la Asociación El
Molino. SAN FERNANDO DE HENARES NEWS TV no se responsabiliza de los contenidos
publicados por otros medios, limitándonos a difundir esa información.
En este
caso, pensamos que un acta, no solo está en papel en los archivos, también se
ha facilitado a los miembros participantes y también está en los ordenadores
aunque sin firma. De forma similar ocurre con los expedientes perdidos,
pensamos que en caso de extravío se pueden recuperar fácilmente.
Según ha podido saber EL MOLINO, hasta tres
expedientes completos relacionados con el proyecto de reparcelación de la UE-1
y presentados en su día por PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, y aprobados entre
2009 y 2011 por la Junta de Gobierno local, han desaparecido del Ayuntamiento.
También desconocen dónde está un escrito presentado por nuestra asociación en
marzo de 2012 relacionado con esos mismos expedientes.
Sede de WOODMAN SL en la calle Ventura de Argumosa,
22, donde, según los administradores de la sociedad que fue gerente de PESF SL
y por lo que cobró 4,3 millones de euros, los ladrones entraron en enero de
2014 para robar, además del dinero de la caja fuerte, las actas de la sociedad
que precisamente había pedido el Juzgado nº 1 que aportaran a la causa abierta
en el mismo.
Acta de la sesión de la junta de gobierno local de 3
de julio de 2009 cuya peripecia se invetiga en el juzgado a petición del fiscal
del caso, y cuyo expediente, junto con otros dos más, al parecer ha
desaparecido del Ayuntamiento.
LA JUSTICIA, ESE FRACASO DEMOCRÁTICO
CAJA MADRID EXIGIÓ QUE FUERA APROBADO PREVIAMENTE EL
PROYECTO DE REPARCELACIÓN
En medio de todo ello, los responsables de PESF SL que
obviamente también lo eran del Ayuntamiento, acordaron las condiciones de los
préstamos hipotecarios por importe de 54 millones de euros con Caja Madrid. Y
solo quedaba pues señalar las fincas que iban a ser la garantía de esos
préstamos y por lo tanto objeto de las correspondientes hipotecas. Para ello,
Caja Madrid exigió que fuera aprobado el correspondiente Proyecto de
Reparcelación y, además, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad
antes de la formalización de esos préstamos y desde luego de la disposición de
los fondos autorizados de los préstamos hipotecarios.
El consejo de administración de Caja Madrid presidido
por BLESA y en el que participó también el consejero de IU MORAL SANTÍN, se
celebró el día 6 de julio de 2009. Es decir, tres días después de que fuera
aprobado el Proyecto de Reparcelación por la Junta de Gobierno, si bien lo fue
solo inicialmente. Y allí fue aprobada la propuesta del comité financiero
celebrado unas horas antes. Entre otras condiciones, el acuerdo imponía a PESF
SL la obligación como se dice de tener debidamente aprobado y registrado el
Proyecto de Reparcelación. Era pues una condición necesaria para poder disponer
de la pasta.
A la vista de todo lo anterior pues, la entonces Junta
de Gobierno Local constituida por todos los tenientes de alcalde del equipo de
gobierno formado por IU y PSOE, se reunió con carácter de urgencia el día 3 de
julio de 2009 y procedieron a aprobar el repetido Proyecto de Reparcelación
que, como se ha dicho en otras entradas, tuvo una tramitación vertiginosa pues
solo duró tres días. Algo insólito, pues entró en el Ayuntamiento (aunque ahora
nadie sabe cómo pues no hay constancia de que entrara por el Registro General)
el día uno de julio y el día tres ya estaba aprobado. Dicho Proyecto además no
fue informado por ningún técnico de urbanismo ni tampoco se pasó por la
Comisión Informativa de urbanismo. Todo se lo guisaron y se lo comieron los
miembros de la Junta de Gobierno Local.
Como se ha dicho también en otras entradas, el
Proyecto de Reparcelación famoso nunca fue sometido a información pública, lo
cual no fue óbice para que fuera elevado a escritura pública y sus fincas
resultantes (tres; las tres actuales), aportadas por PESF SL como garantía de
los préstamos. Naturalmente, entre las fincas resultantes del Proyecto de
Reparcelación, estaba agrupada la plaza de España que, como ya todo el mundo
sabe, por su condición de bien demanial estaba (y está) fuera del comercio de
las cosas y por lo tanto es inembargable. Es pues ese acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de tres de julio de 2009 (votado por unanimidad de los
asistentes entre los que se encuentra el actual portavoz del PSOE), la clave en
el delirante devenir de la plaza de España y su inconcebible introducción
ilegal en el tráfico jurídico mercantil. Como ya se ha dicho en anteriores
entradas, ya en 2010 fuimos objeto de una denuncia por parte del entonces
Equipo de gobierno por publicar dos documentos en este blog, que probaban la
evidencia de la ilícita agrupación de la plaza de España en dicho Proyecto de
Reparcelación aprobado solo inicialmente por la Junta de Gobierno Local en
julio de 2009. Este proyecto tenía pues que ser sometido a información pública
y a su aprobación definitiva, antes de ser inscrito en el Registro de la
Propiedad. Sin embargo, nada de eso se hizo.
NUESTRA ASOCIACIÓN PIDIÓ QUE SE SOMETIERA A
INFORMACIÓN PÚBLICA EL PROYECTO DE REPARCELACIÓN
El día 21 de marzo de 2012 nuestra Asociación advirtió
mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno Local, que ese Proyecto de
Reparcelación aprobado por la propia Junta el día tres de julio de 2009 y luego
modificado en otros tantos acuerdos de de 29 de julio del mismo año y 22 de
diciembre de 2011, no habían sido sometidos a información pública, razón por la
cual se había podido infringir tanto la Ley de suelo del Estado como la de la
Comunidad de Madrid. Pero ese escrito nunca fue contestado y, al parecer, ahora
habría desaparecido o al menos nadie del Ayuntamiento sabe decir al Juzgado qué
se hizo con él.
Naturalmente, al no haber sido sometido a información
pública dicho Proyecto de Reparcelación, además de poder ser declarado nulo, se
nos ha escamoteado a los ciudadanos la oportunidad de alegar entre otras cosas,
que la plaza de España no podía formar parte de las fincas resultantes y mucho
menos ser hipotecada. Hay que decir también, que cuando desde este y otros
medios se denunciaba todo esto, desde el Equipo de gobierno de entonces no solo
procedieron a denunciarnos, sino que negaban una y otra vez que la plaza de
España estuviera siquiera hipotecada. Increíble, sobre todo porque nadie del
resto del entonces Equipo de gobierno salía a desmentir o corregir lo que
evidentemente era una lamentable y descarada mentira.
Dado pues que la Junta de gobierno no solo no daba
curso a nuestra petición de 21 de marzo y sin embargo continuaban adoptando
decisiones y acuerdos, que ignoraban olímpicamente la palmaria irregularidad de
no someter a información pública el Proyecto de Reparcelación, decidimos poner
todo en conocimiento de la Fiscalía mediante sendos escritos de 6 de febrero de
2014 y 13 de marzo de 2015. Estos escritos, presentados pues a la Fiscalía del
Área Territorial de Alcalá de Henares, fueron estimados por la Fiscal del caso
e incorporados pues a la causa. La Fiscal pidió pues al señor instructor del
Juzgado 5 que el Ayuntamiento fuera requerido para que aportara una serie de
documentos, así como que la entonces Secretaria General Municipal informara al
respecto y más concretamente sobre la suerte de ese Proyecto de Reparcelación y
la razón por la que no había sometida a información pública.
El Juez del caso que se sigue en el Juzgado 5 dictó en
diciembre del año pasado, exactamente ahora hace un año, un Auto en virtud del
cual cerraba la instrucción y por lo tanto las partes podían a partir de
entonces presentar sus escritos de acusación. Es decir, era el momento
inmediatamente anterior a la apertura de juicio oral o del sobreseimiento. La
Fiscal del caso ha pedido no obstante nuevas diligencias complementarias,
consistentes en tomar declaración a JULIO SETIÉN y JOAQUÍN MARTÍNEZ, así como
al arquitecto autor del proyecto de reparcelación y de edificación HERMOSO
LERA. Estas declaraciones ya se produjeron en julio y septiembre pasados.
También pidió informe y certificaciones al secretario municipal acerca de dicho
Proyecto de Reparcelación. El juzgado notificó que se cumpliera lo requerido
por parte del secretario lo antes posible en el mes de marzo. Sin embargo no ha
sido sino hasta diciembre y tras una nueva reiteración del instructor, cuando
el señor secretario municipal se ha dignado contestar al Juzgado. Es decir,
nada menos que nueve meses después. Y ello para decir que los
expedientes (tres nada menos) relacionados con el Proyecto de Reparcelación
famoso han desparecido de los archivos municipales. Y que igual o parecida
suerte ha corrido el escrito nuestro presentado en marzo de 2012. Así están
pues las cosas.
EL FRACASO DE LA JUSTICIA COMO SÍNTOMA
Cuando se atropellan los derechos de los ciudadanos y
mucho más por parte de una administración pública, se recurre como es lógico en
una sociedad civilizada, a la justicia que para algo es el otro poder del
Estado que la ampara e imparte. Y que además tiene la prerrogativa de
fiscalizar también los actos del poder político.
Nuestra Asociación tuvo conocimiento de una serie de
hechos de los que, además, entendía que era víctima y perjudicada, y los puso
en conocimiento del Juzgado mediante la oportuna querella presentada en febrero
de 2011. Es decir, va ya para casi cinco años. Y a partir de ahí comenzó todo
un rosario de vicisitudes cuya peripecia no vamos a repetir por ser más o menos
conocidos.
Hay varias causas más abiertas en los Juzgados de
Coslada sobre el caso, si bien con diferentes presuntos ilícitos penales. No
obstante lo cual sí ha sido posible constatar hasta el momento, que los
juzgados están desbordados y atascados, que los retrasos amenazan con incumplir
los plazos legales ordenados por la última reforma de la ley de enjuiciamiento
criminal, y que se acumulan sobre una misma causa un sinnúmero de denuncias, o
se dilatan en interminables recursos que son verdaderas maniobras dilatorias
que vislumbran un esclarecimiento de los hechos ad calendas
graecas.
Pero si el formidable retraso hace inevitablemente ya
la entrada de alguna causa en claras dilaciones indebidas y eso es indignante,
no lo es menos comprobar cómo desaparecen documentos y expedientes de nada
menos que una institución pública y nadie, absolutamente nadie, hace nada. O
cómo "desparecen" también actas de WOODMAN SL que pide un juzgado, y
sus administradores afirman que las mismas se las llevaron unos ladrones que
entraron en enero de 2014. ¿Qué contenían esas actas para que unos ladrones que
van a robar dinero de la caja fuerte, se las lleven también. Y que sean
precisamente las actas que le pedía el juzgado?
La cuestión es clara y no necesita graves
interpretaciones: se destruyen u ocultan pruebas a los juzgados de instrucción
del caso PESF SL, haciendo desaparecer documentos y expedientes claves para el
esclarecimiento de los hechos. Y, para mayor escarnio, algunos de esos
expedientes administrativos completos (tres al menos), han desaparecido nada
menos que de una administración pública como es el Ayuntamiento. ¿Qué está
pasando pues con las investigaciones judiciales y qué se piensa hacer para
evitar pues más destrucción de pruebas y evitar otras que puedan realizarse en
el futuro? ¿Por qué la indiferencia de la Fiscalía y de los propios jueces ante
estos gravísimos hechos?
Así pues, no solo hay que sufrir interminables
instrucciones (también lógicamente para los investigados), sino que desaparecen
impunemente documentos y expedientes completos del Ayuntamiento, sin que por lo
demás tampoco nadie se inmute. Este es pues el estado de cosas; el fracaso de
una justicia en la que creemos los ciudadanos porque no tenemos otra, y porque
tampoco tenemos otros medios lícitos alternativos para que sea reparado nuestro
perjuicio. No tenemos salida pues.
En este caso, pensamos que un acta, no solo está en papel en los archivos, también se ha facilitado a los miembros participantes y también está en los ordenadores aunque sin firma. De forma similar ocurre con los expedientes perdidos, pensamos que en caso de extravío se pueden recuperar fácilmente.
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