Más de siete años después de que saliera a la luz con detenciones de políticos, funcionarios y constructores, el caso Pretoria de presunta corrupción urbanística que afecta a ex dirigentes de la vieja CDC y el PSC comenzará a juzgarse en la Audiencia Nacional el 13 de marzo y se alargará hasta el 25 de septiembre de 2017. El juicio se dividirá en 26 jornadas que, de no haber nuevos cambios, se repartirán a lo largo de seis meses. El inicio de la vista se ha aplazado para que no coincida con el arranque del otro gran escándalo que se dirimirá en las mismas fechas, el caso Palau, en el que participarán abogados que también representan a algunos de los 11 acusados en Pretoria.
A la espera del calendario definitivo, 16 fechas se han modificado tras una petición del letrado Cristóbal Martell, quien defiende al supuesto conseguidor del entramado y ex diputado socialista, Luis García, Luigi. Al penalista le coincidían varios días con otras citaciones en diferentes juzgados.
Aun con baile de fechas, los dos episodios que golpearon la alta política catalana en 2009 empezarán a resolverse en el mismo mes y las declaraciones de los implicados en ambas tramas se sucederán con escaso margen de diferencia.
La Sala ha rechazado la solicitud de Martell de posponer el comienzo de las sesiones más allá del 13, 14 y 15 de marzo. En el auto, la Sala alude a «las dificultades en que se ha visto» la Audiencia Nacional «para el señalamiento» de fechas, con tal de no darle más vueltas al calendario de una causa que se acabó de investigar hace dos años y para la que se declaró vía libre para elevarse a juicio en marzo de 2015. En la vista se debe esclarecer si los procesados encubrieron el cobro de presuntas comisiones a cambio de operaciones urbanísticas o se lucraron supuestamente con las ventas de solares públicos.
De los 11 incriminados, los principales protagonistas son el ex conseller d'Economia Macià Alavedra y el ex secretario de Presidència de la Generalitat Lluís Prenafeta.
El fiscal señala a Prenafeta y Alavedra por cometer los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Ambos ex dirigentes pasaron algo más de un mes entre rejas en 2009, justo cuando se lanzó la redada. Se libraron tras abonar cada uno una fianza de un millón de euros.
La Fiscalía recuerda la «estrecha relación personal» que mantenían con Pujol y alude la «influencia que ejercían sobre determinados cargos públicos», lo que les habría servido para lucrarse con la recalificación y la compraventa de un terreno en el puerto de Badalona y otro en Sant Andreu de Llavaneres. En ésas y otras aparentes intermediaciones, Alavedra ingresó presuntamente unos seis millones de euros y Prenafeta, 14,9 millones entre finales del siglo XX y 2008. Con la colaboración de sus respectivas esposas, habrían empleado una red de sociedades opacas y cuentas corrientes radicadas en paraísos fiscales para ocultar los cobros a Hacienda.
También se enfrentan a juicio el ex alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, señalado como supuesto receptor de sobornos que sumarían 1,7 millones de euros, y Luigi, quien muñía las recalificaciones bajo sospecha y que presuntamente se embolsó 5,8 millones por sus intermediaciones.
La Audiencia Nacional habilitará para las vistas las dependencias que dispone en San Fernando de Henares. Allí también ha trasladado los juicios de otros escándalos con un alto número de acusados y testigos, como los de Gürtel y el de las black de Caja Madrid. En Pretoria, comparecerán más de 100 testigos.
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