En 2021, Madrid ya no tendrá suelo para construir vivienda pública. La mayor zona de terreno disponible para levantar edificios y casas se encuentra en el sureste de la capital. Son los conocidos como desarrollos del sureste, que abarcan los barrios de Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones y Los Cerros, paralizados por el Gobierno de Manuela Carmena después de que revisara el planeamiento original al aterrizar en el Palacio de Cibeles y lo sometiera a un reajuste en términos de edificabilidad y clasificación. La voluntad del Área de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), dirigido por José Manuel Calvo, es la de desbloquearlo cuanto antes. Como la Justicia ha paralizado el Plan Director que presentó el Ayuntamiento en enero, ahora va a recurrir a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 para actuar tramo a tramo. Se trata de una fórmula legal que le permite esquivar la decisión judicial. Van a comenzar por cuatro ámbitos: Valdecarros-Cantiles del Manzanares y Los Cerros-Ensanche de San Fernando.
El próximo jueves, la Junta de Gobierno aprobará someter a información pública las modificaciones de estos barrios. «El desarrollo urbanístico se programa en sectores de menor tamaño para garantizar la producción de suelo para viviendas, actividades económicas y dotaciones en plazos adecuados a las necesidades de la ciudad», manifiestan desde DUS. Estas propuestas, si se aprueban de forma definitiva, supondrán la disolución de las actuales Juntas de Compensación de los Cerros y Valdecarros, que engloban los suelos de todo el ámbito que abarca esta modificación.
Inicio en 2022
La primera fase de urbanización comenzaría, según este plan, en Valdecarros y Los Cerros en 2022 para erigir 54.216 viviendas. El primer desarrollo, situado al norte de Los Cerros, cuenta con 131 hectáreas, donde está prevista la construcción de 3.700 viviendas; otro área de 150.000 metros cuadrados de edificabilidad se reservará para actividades económicas. Por el contrario, el desarrollo de Los Cerros-Sur se destinará a cubrir necesidades de la ciudad a largo plazo. En él, habría espacio para otras 7.000 viviendas y 290.000 metros cuadrados para la actividades empresariales. En total, la capacidad potencial del conjunto de Los Cerros y Ensanche de San Fernando se reduce en un 28,45% en cuanto al número de viviendas (de las 14.900 contempladas en el plan inicial a 10.700 en el actual) y en un 23,7% en cuanto a la superficie edificable para actividades económicas (pasa de 570.000 a 440.000 metros cuadrados).
Una rebaja similar se produce en el área de Valdecarros-Cantiles, donde la capacidad se reduce un 16% sobre el número de viviendas inicial (al pasar de 51.560 a 43.513) y en un 48% sobre la superficie destinada a actividades económicas (los 2,9 millones de metros cuadrados propuestos se reducen a 1,5). Sus terrenos quedan divididos en dos sectores. El primero, con 410 hectáreas situadas en el interior de la M-45, a continuación del Ensanche de Vallecas y La Atalayuela, será urbanizado en dos fases: 2022-2030 y 2031-2039. Este nuevo barrio acogerá cerca de 13.200 viviendas, de las que la mitad serán protegidas, y tendrá 300.000 metros cuadrados para actividades económicas. El resto, se desarrollará cuando el Ayuntamiento crea que hay necesidad de suelo.
Alternativa
A principios de año, el Ayuntamiento lanzó un renovado y polémico plan para estos terrenos que las Juntas de Compensación llevaron a los tribunales. Dicho documento, denominado Plan Director de Estrategias de Desarrollos del Sureste de Madrid, reducía la edificabilidad original, los metros cuadrados destinados a actividades económicas, rebajaba el número de viviendas de 105.000 viviendas a 54.000, demoraba los plazos de ejecución y suponía un ahorro de 50 millones anuales para las arcas municipales. Urbanismo daba la vuelta a la operación como ya había hecho con Mahou-Calderón, con Bernabéu y Chamartín.
Los promotores pidieron en mayo 1.580 millones de compensación si el Consistorio seguía adelante con el plan, que fue suspendido cautelarmente por el TSJM en julio. DUS recurre a la opción B por si la Justicia cierra definitivamente la vía original, aunque el trámite será largo, ya que para que la modificación sea firme tendrán que contar con el apoyo del gobierno regional, que, por ahora, se vuelca con los constructores, a quienes el Supremo dio la razón en 2016.
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