La ocupación ilegal de viviendas sociales y privadas continúa creciendo en Madrid, ni puertas de hierro antivandálicas ni control policial son suficientes para aquellos que deciden saltarse las listas que hay en la región para acceder a una de ellas, en el caso de las públicas. Un total de 4.717 viviendas, según datos de la Policía Nacional y Guardia Civil, se encuentran con inquilinos que no deberían estar en ellas, mientras 3.400 familias en situación de vulnerabilidad elevada se encuentran a la espera de tener un lugar digno para vivir. De estas casas, 1.977 pertenecen a la Agencia de la Vivienda Social.
El parque inmobiliario de la Comunidad de Madrid es de 23.265 pisos sociales, según Isabel Pinilla, directora gerente de la Agencia de Vivienda Social, y de estas 1.977 se encuentra ocupadas ilegalmente. Y un total de 518 en proceso de contratación o adjudicación. Son precisamente las últimas las que tanto Podemos como el PSM en la Asamblea de Madrid entienden que están vacías y que la Administración no agiliza los procesos para poder ofrecer viviendas dignas a las personas que lo necesitan.
Una vez que un inquilino abandona un piso de protección social, por fallecimiento o por cualquier otra circunstancia, la Agencia de Vivienda Social coloca en él una puerta de hierro para recomponer la vivienda y dejarla en perfectas condiciones de habitabilidad. En esta situación se encuentran actualmente un total de 299 viviendas, que están siendo rehabilitadas por las empresas constructoras Ortiz y Ferrovial, dependiendo de la zona de Madrid en las que se encuentran ubicadas. Las obras que realizan son integrales desde paredes a techos, nuevas instalaciones de gas y electricidad, cocina y baño con todos elementos necesarios para poder vivir. "En cada vivienda que queda vacía se coloca una puerta contra vándalos y, a pesar de ello, en muchas ocasiones, la puerta no resulta disuasoria para aquellos individuos que utilizando máquinas radiales realizan un agujero y se meten en ella. Una vez que los inquilinos están dentro empieza un proceso judicial que se extiende en el tiempo y es muy complicado que esos ciudadanos salgan de la misma hasta que no finalizan los trámites jurídicos”, indica Isabel Pinilla. En muchas ocasiones, indica la responsable de la Agencia de Vivienda Social, lo que se ha hecho es “regularizar la situación de los ocupantes imponiéndoles rentas muy bajas. Aplicando este método se han podido recuperar 523 viviendas para la Administración desde 2016”, indica Pinilla.
La Agencia de la Vivienda Social ha rehabilitado entre julio y septiembre de 2018 un centenar de viviendas y en los próximos meses, asegura, se irán entregando el resto. “Vamos rehabilitando poco a poco todas las viviendas. Aproximadamente algo más de un centenar son las que se quedan sin inquilinos cada año y las condiciones en las que se encuentran las casas son nefastas”, puntualiza Pinilla. Una cuadrilla de media docena de operarios de la construcción trabajan en la rehabilitación de una vivienda social en un edificio de viviendas privadas de Vallecas. “Tenemos que controlar mucho porque, a veces, una vez que se han realizado todas las reparaciones y todo está nuevo es cuando las ocupan irregularmente”, añade Pinilla.
Dentro del parque inmobiliario social hay otras 65 casas que se encuentran en proceso de derribo por las condiciones de inhabitabilidad en las que están.
El mayor número de las viviendas ocupadas ilegalmente están en la capital, siendo los distritos de Usera, Puente Vallecas, Carabanchel y Latina, los que registran un mayor número de ocupaciones.
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